La defensa de los derechos humanos en Venezuela es un tema de vital importancia, especialmente en la Corte Penal Internacional, donde funcionarios policiales, incluyendo la cadena de mando, están siendo acusados de delitos de lesa humanidad. Los representantes del país acusado están presentando sus defensas ante la corte.
Para comprender mejor esta etapa del proceso, consultamos al doctor en Derecho Omar Estacio, quien ha participado en importantes casos penales contra opositores venezolanos en su defensa. Según Estacio, en las últimas jornadas de la CPI se han evidenciado miles de violaciones de derechos humanos contra opositores desde 2014 hasta la actualidad, lo que indica un ataque generalizado y sistemático contra un grupo específico de personas como política de Estado. Sin embargo, los abogados que supuestamente representan a Venezuela no han presentado ninguna iniciativa para investigar y establecer las posibles responsabilidades de los altos cargos involucrados en estos delitos, lo que demuestra la falta de voluntad real por parte del Estado venezolano para abordar esta situación. Esta omisión refuerza la jurisdicción de la CPI para conocer el caso de Venezuela.
Los gobernantes Hugo Chávez y Nicolás Maduro han utilizado la disputa territorial del Esequibo como una estrategia política para obtener beneficios de la organización subregional del Caricom. Durante años, los gobiernos democráticos de Venezuela han insistido en su reclamación sobre esta área, argumentando que al momento de su independencia en 1810, el territorio designado por la corona española para la Capitanía General de Venezuela incluía el Esequibo. Sin embargo, el Laudo de París de 1899 intentó despojar a Venezuela de sus derechos sobre esta zona, lo cual fue rechazado y considerado nulo.
A lo largo de los años, la diplomacia venezolana ha llevado a cabo diversas acciones y observaciones para reivindicar el Esequibo, incluso firmando un tratado con el Reino Unido en 1966 en el que se reconoce que esta zona está en reclamación por parte de Venezuela. En la década de 2010, las autoridades de Guyana llevaron el caso a la Corte Internacional de Justicia, donde se están llevando a cabo las audiencias correspondientes.
La violación sistemática de los derechos humanos y el manejo indebido de los bienes nacionales es de interés para las naciones amigas e instituciones internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado a una solución negociada entre Guyana y Venezuela y ha afirmado que la Corte Internacional de Justicia es el tribunal adecuado para resolver la disputa.
Es fundamental que ningún perpetrador de delitos de lesa humanidad quede impune, de acuerdo con la Convención de Palermo de Naciones Unidas sobre derechos humanos firmada en el 2000.