La Academia Nicaragüense de la Lengua se suma hora a la larga lista de entidades que han sido cerradas en Nicaragua. ¿Qué hay tras la arremetida contra las oenegés? Conversamos con Gioconda Belli y un experto en DD.HH.
La lista se lee no sin cierta extrañeza. En ella se encuentran organizaciones tan disímiles como la Asociación de Otorrinolaringología de Nicaragua o la Asociación de la Amistad, junto a otras de renombre internacional, como Terre des Hommes Italia Onlus, o Medico International, de origen alemán. Lo que tienen en común es que se les ha cancelado la personalidad jurídica en Nicaragua. Más de 300 asociaciones y agencias de cooperación han corrido esa suerte. Y el ritmo de cierre se ha acelerado vertiginosamente. Si en 2018 fueron nueve, en 2021 se registraron 60, y en lo que va de 2022 ya suman más de 200, según el recuento que lleva el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, desde Costa Rica.
El último anuncio afectó a 83 organizaciones, incluyendo a la Academia Nicaragüense de la Lengua. Una medida que provocó estupor. «Es inexplicable. Una explicación razonable no se la puedo dar. Nosotros mismos estamos absolutamente perplejos ante esto”, dijo a DW la escritora Gioconda Belli, una de sus integrantes. «Este cierre de la academia obedece a una sinrazón del gobierno, que ha declarado la guerra contra la inteligencia, contra el pensamiento; quieren cerrar todo ese espacio donde puede existir la libre expresión”, lamenta.
Algunas hipótesis
La escritora baraja algunas hipótesis. Cree que la medida puede tener relación con la hostilidad hacia España, porque «ha sido uno de los países europeos que ha estado intercediendo por la libertad de los presos políticos, por que regrese la democracia a Nicaragua”. O con el hecho de que varios académicos tengan una postura de oposición al gobierno de Daniel Ortega. «Pero, obviamente, nosotros en la Academia no representamos nuestras posiciones políticas personales. Estamos ahí porque somos escritores, porque amamos la literatura, porque nos han invitado a ser parte de la Academia”, aclara. Y recuerda que, desde que se fundó la Academia de la Lengua en Nicaragua, en 1928, siempre hubo en ella opositores, por ejemplo, al gobierno de Somoza, sin que ello fuera motivo de cierre.
Observando el perfil de las organizaciones afectadas, resaltan agrupaciones de derechos humanos, de periodistas y de mujeres. Juan Carlos Arce, abogado y uno de los coordinadores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, lo atribuye a que son los sectores que con más vigor han denunciado la situación que se vive en Nicaragua. «En primer lugar, hay una represalia a las organizaciones de la sociedad civil por su trabajo”, afirma en conversación con DW.
La salud en la mira
A primera vista, la conexión política no resulta siempre evidente. «Si hasta cancelaron la personería de Operación Sonrisa”, cuenta Gioconda Belli, explicando que se trata de una iniciativa para operar a niños con labio leporino. Pero también en este caso hubo una intención de represalia, según Arce. Explica que la Asociación Operación Sonrisa estaba vinculada al empresario Piero Coen, quien en 2018 participó en las marchas. «Es una persona crítica del gobierno. En los últimos años ha salido de la esfera pública y ha intentado no hablar, pero eso no se lo perdonaron”, dice el abogado, desde su exilio en Costa Rica.
En el caso de otras organizaciones afectadas del área de la salud, explica que «las asociaciones médicas empezaron a estar en el ojo del huracán a partir de la pandemia, cuando muchos médicos cuestionaron el manejo” de esa crisis.
Arce destaca que en estos momentos hay una estrategia de control total. «Luego de las votaciones de noviembre del año pasado, el gobierno de Ortega decidió controlar absolutamente todas las variables posibles”, subraya.
Gioconda Belli coincide en subrayar el afán de control del gobierno. «Creo que tienen una situación de mucha paranoia, están muy inseguros en el poder, y sienten que no pueden manejar el poder más que cerrando todo el espacio de posibilidad de expresión del descontento ciudadano”.
Una «cárcel mental”
Los argumentos esgrimidos para la cancelación de la personería jurídica de las ONG, como el no haberse registrado como «agentes extranjeros” o no haber presentado los informes financieros exigidos, son calificados por Arce como meras excusas. «Tenemos denuncias de organizaciones, -desde el año pasado, sobre todo-, que han intentado presentar sus informes, y en gobernación no se los reciben”, relata. Y hace notar, además, que «en Nicaragua, en estos momentos, no existe ninguna posibilidad de apelar esa decisión”.
Para Gioconda Belli, «Nicaragua ahora está capturada y estos señores están creando una cárcel mental, impidiendo que las personas tengan horizonte, que vean hacia otras partes del mundo. Eso es lo que veo, un país encarcelado y sometido. Hay mucho miedo, la represión ha sido feroz”. En opinión de Arce, el gobierno quiere demostrar que tiene la capacidad de aplastar cualquier acción de resistencia desde el inicio. «Es un mensaje de control total: en Nicaragua no se mueve nada si no es con la venia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.