La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, el único organismo autorizado para investigar a un presidente, decidió el miércoles iniciar una «investigación preliminar» contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por presunta financiación irregular de su campaña electoral.
Después de analizar las copias enviadas por la Fiscalía, la comisión «ordenó la apertura de una investigación preliminar» y también «se decretaron pruebas con el fin de esclarecer los hechos».
Todo este caso comenzó en junio, cuando varias publicaciones periodísticas revelaron audios de Armando Benedetti, en ese momento embajador en Venezuela y una de las personas más cercanas a Petro durante la campaña, en los que hablaba de dinero supuestamente ilegal recibido durante su candidatura presidencial.
En los audios enviados a Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro (actual directora del Departamento de Prosperidad Social), el exembajador afirma que recaudó «15.000 millones de pesos» (unos 3,7 millones de dólares al tipo de cambio actual) para la campaña de Petro y le advierte que si habla y revela quiénes financiaron su campaña en la costa atlántica, todos terminarán «presos».
Todo esto fue objeto de investigación, que posteriormente condujo a la detención del hijo del presidente Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un caso en el que también se cuestionó la financiación de la campaña que llevó a Petro a la presidencia.
La Fiscalía arrestó a Nicolás Petro y a su exesposa, Daysuris Vásquez, pero se vio obligada a abstenerse de investigar a Petro, ya que está fuera de su jurisdicción, por lo que remitió la notificación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
La Comisión reanudó el lunes, después de desestimar varias solicitudes de recusación de miembros de la Cámara, el proceso de investigación por presunta financiación ilegal y por exceder el límite de gastos de campaña.
Para esta fase, que aún es preliminar y confidencial, la comisión solicitó a varios organismos las pruebas y procesos que tengan en su poder para continuar con la investigación.
Hasta ahora, la Comisión no tiene previsto citar ni al presidente ni a ninguno de los demás implicados en el caso, ya que está solicitando pruebas para estudiarlas y determinar si hay un caso.