¡CON LA SOGA AL CUELLO! Administración Maduro sin salidas en el túnel de la deuda

@DolarToday / Oct 3, 2019 @ 5:00 pm

¡CON LA SOGA AL CUELLO! Administración Maduro sin salidas en el túnel de la deuda

Hace dos años que Miraflores no habla con los tenedores de deuda. Han pasado once meses desde que les pagó por última vez y el default ya acumula la bicoca de 13 mil millones de dólares, solo en papeles vencidos e intereses. La suerte de Citgo, el activo más importante de Venezuela en el exterior (más o menos 10 mil millones de dólares), está comprometido por ese cese de pagos. Pero de pronto, el presidente Nicolás Maduro sacó de la galera una propuesta de renegociación de la deuda en un contexto que, según expertos, vuelve una quimera su aspiración.

Heilet Morales / Panorama

“Venezuela ha declarado una reestructuración de la deuda y de todos los bonos. Venezuela está bloqueada económica y financieramente en el mundo. Hay fórmulas para pagar y lo estamos aplicando. Nuestro sistema de pago funciona en China y Rusia”, decía Maduro en la tarde del lunes 30 de septiembre en rueda de prensa.

Ya en noviembre del 2017, el propio presidente nombró una comisión especial dirigida por el entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, para iniciar este proceso y solicitó que se convocara a “todos los bancos, a todos los tenedores de bonos de la República, de bonos de Pdvsa, a todos los que están involucrados en la deuda externa”.

Ese mismo mes, el Palacio de Miraflores fue escenario de la reunión, o monólogo de El Aissami hacia los tenedores de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania. Pero no hubo más información sobre el proceso y en 2018 el país cayó en default.

Por noviembre del 2017 ya sobre el país pesaba la prohibición de la Casa Blanca al sistema financiero estadounidense a participar en negociaciones que provean nuevos fondos al Gobierno venezolano o a Pdvsa. Aquellos días la producción de petróleo venezolana rozaba los 1,8 millones de barriles día, de acuerdo con la Opep.

Casi dos años después, no pocas cosas han cambiado. De forma y fondo, aunque el negociador, es el mismo, Tareck El Aissami, quien ya no ocupa la vicepresidencia, pero sí figura en una lista de los 10 prófugos más buscados por Washington, luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicara su nombre tras ser acusado por presunto “narcotráfico internacional”. Menuda señal en una ciencia, la económica, en la que estos detalles no pasan inadvertidos.

“No existe una voluntad real, es solamente un distracción adicional al contexto actual. Si fuese auténtica su voluntad de refinanciamiento, lo hubiese hecho hace dos años atrás cuando gozaba de mejores condiciones”, interviene el economista zuliano Oscar Morales.

La administración Maduro aspira a refinanciar una deuda que el economista Leonardo Vera tasa en cerca de los 95.000 millones de dólares hacia 2023, pero en un contexto que, además, tiene a la producción petrolera, de acuerdo con la agencia especializada Bloomberg, en 495 mil barriles de petróleo, menos de una tercera parte de lo que producía a finales del 2017, en el primer intento fallido.

El también economista Luis Oliveros lo pone en perspectiva a través de su cuenta en twitter: “Posiblemente, en enero-febrero de 2020 la producción petrolera de Colombia sea el doble de la de Venezuela. Ya la noticia no es que produzcan más, es que nos pueden duplicar. Y bueno, Argentina y Ecuador producirían más que nosotros. México 4 veces y Brasil 8”. “Un “desastre”, agrega.

Otro tanto tienen que decir las sanciones. La medida de embargo de agosto pasado contempla que “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni manejados” los activos de la República por parte del Gobierno de Maduro; además prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados. Por ello, expone a sanciones a cualquier individuo o firma que haga transacciones, “cooperen o asistan” con allegados a Miraflores.

“Una renegociación inicia con la presentación de una oferta de plan de pago a los acreedores. Venezuela no tiene plan, no tiene ingresos para pagar (petróleo) y adicionalmente están las sanciones (que no permiten negociar). Ese tema hay que solucionarlo, aunque algunos no quieran”, agrega el economista Oliveros.

Mínimamente, el 70% de los bonos venezolanos están en manos de tenedores estadounidenses. El banco de inversión Goldman Sachs encabeza la lista, y le sigue el fondo de inversiones BlackRock, también con sede en EE UU, y luego aparece Fidelity Management and Research, de acuerdo con la firma Boungy. Así las cosas, Maduro, El Aissami y compañía aspiran a que estos gigantes desafíen las órdenes ejecutivas de Mr. President.

El economista Morales cree que para el Gobierno “sería más conveniente que tome decisiones internas que estén dirigidas a recuperar las libertades económicas, y luego salir a convencer a los mercados que le den más tiempo para pagar. En caso contrario, le seguirán cortando el teléfono”.

El economista y profesor de la Universidad del Zulia, Rodrigo Cabezas, da poquísimo crédito a la posibilidad de una renegociación sin mediar un ejercicio de economía política. “Ellos (Gobierno) saben que no serán atendidos hasta que se suspendan las sanciones financieras del departamento del tesoro estadounidense, esto es prelante. El problema está colocado en la esfera política y no en la económica”.

“Para sentarte a pedir refinanciamiento tienes que presentar un programa económico creíble, tienes que entregar señales que muestren un cambio de actitud. Los acreedores no son tontos”. estima.

Cabezas coincide con Morales y agrega: “Dudo que el Gobierno haya construido un Plan de Reestructuración y Refinanciamiento de Deuda Externa a negociar con nuestros acreedores externos: ¿ Dónde está el programa de estabilización macroeconomica?.¿Dónde el plan petrolero para detener la caída de la producción?. ¿Hay acuerdo con los organismos multilaterales FMI, BM, BID para apalancar reservas internacionales y el programa de inversión a corto y mediano plazo? ¿El plazo, años de gracia, tasas de interés, canjes de títulos del refinanciamiento dónde están?. Nada de eso existe”.

Pero el asunto de una renegociación o refinanciamiento va más allá de las sanciones. El economista Francisco Rodríguez advierte de un detalle legal no menor. “Los bonos de la deuda pública venezolana fueron emitidos bajo ley de Nueva York. Por tanto, cualquier renegociación de deuda sólo la puede hacer el gobierno de Juan Guaidó, reconocido como legítimo por Estados Unidos. Una renegociación con Nicolás Maduro no tiene validez legal”.

De hecho, Guaidó movió ficha en mayo pasado sobre los bonos de la deuda, en particular el Pdvsa 2020 que compromete a Citgo. El presidente del Parlamento, reconocido mandatario interino por medio centenar de países, aprobó el pago de 71 millones de dólares en intereses de ese papel, una decisión cuestionada por no pocos economistas que aseguraban más urgente una renegociación de esa deuda.

El Bono 2020 fue emitido por un valor de 1.600 millones de dólares, cuando en octubre de 2016, Pdvsa propuso un canje de la deuda que se vencía en 2017 por un nuevo bono con vencimiento en 2020, ofreciendo un interés de 8,5% anual. Para estimular el canje, se ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo.

En ese contexto, en agosto pasado, la Asamblea Nacional nombró una comisión integrada por los economistas Ricardo Villasmil, Alejandro Grisanti, Ricardo Hausmann así como por los diputados Omar Barboza, Andrés Camejo y Carlos Paparoni, además del abogado José Ignacio Hernández, para iniciar una renegociación de la cual todavía no se conocen mayores avances.

La instancia realizará “las actuaciones necesarias para diseñar y preparar la renegociación de la deuda pública, incluyendo la propuesta para el refinanciamiento o reestructuración de las obligaciones”, señala la propuesta de acuerdo elaborado por el Parlamento.

En octubre, la estatal Pdvsa debe pagar unos 900 millones de dólares a los tenedores de bonos y, si hay un incumplimiento, los bonistas podrían embargar parte de Citgo.

 

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