«Las víctimas arbitrariamente ejecutadas en el año 2020(por las FAES) fueron en su totalidad hombres jóvenes, generalmente no mayores de 50 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos y habitantes de zonas populares con altas tasas de delincuencia»
El comisionado residencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, hizo entrega oficial al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, del Informe Anual 2020: “Venezuela, Situación de Derechos Humanos en un Estado Fallido”, que documenta casos relevantes de las diversas transgresiones de los derechos humanos ocurridos en el país.
En el informe se detalla que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, cuya disolución ha pedido Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cometió 400 ejecuciones extrajudiciales identificadas.
El informe también indica que otras 125 víctimas que fueron asesinadas por las FAES no fueron identificadas.
«Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la señora Michelle Bachelet desde la oficina de la alta comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos). Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana», subrayó Humberto Prado.
El reporte añade que han observado «que las víctimas arbitrariamente ejecutadas en el año 2020 fueron en su totalidad hombres jóvenes, generalmente no mayores de 50 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos y habitantes de zonas populares con altas tasas de delincuencia».
Además, aseguran que «todas las ejecuciones extrajudiciales fueron justificadas en las versiones oficiales asegurando que las muertes se produjeron en el contexto de presuntos ‘enfrentamientos con antisociales’ o de ‘resistencia a la autoridad’».
La oposición venezolana también documentó 232 «detenciones arbitrarias identificadas» en el 2020, además de tener «noticias» de otros 106 casos de personas que, presuntamente, también fueron arrestadas.
«No obstante, estas últimas se han excluido del conteo total debido a que no pudieron ser plenamente identificadas», añade el reporte.
De ellos, 134 eran miembros de la sociedad civil, 42 trabajadores de la prensa, 23 profesionales de la salud, 14 defensores de derechos humanos, 11 miembros del equipo de Juan Guaidó «y personas cercanas», cuatro diputados y dirigentes políticos y cuatro agentes estatales.
En esta práctica participaron, de acuerdo al informe presentado por Humberto Prado «diversos cuerpos de seguridad del Estado, frecuentemente adscritos» a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las FAES.
«Es importante resaltar que un alto número de detenciones arbitrarias fueron cometidas en contextos de manifestaciones pacíficas», añadió.