La antesala a este nuevo encuentro estuvo precedida por el cruce con la diplomacia europea por la misión de observación electoral.
Luis Cortes / Reuters / RT
Los representantes del Gobierno y la oposición venezolana se verán las caras en México este fin de semana en un momento clave: a poco más de un mes de los comicios regionales en lo que se ha confirmado la participación de todos los sectores del espectro político.
En la cuarta ronda de diálogo, mediada por Noruega, los ojos están puestos en el proceso comicial del 21 de noviembre porque su celebración constituye un hito para la oposición, que vuelve al carril electoral, y para el Gobierno, que ha insistido en que la política es la única vía para dirimir los conflictos en el país, sin injerencia externa.
Sin embargo, la experiencia en Venezuela ha demostrado que todo puede cambiar en el último minuto. El retiro intempestivo de la oposición de los diálogos anteriores, las presiones externas de actores hostiles –como EE.UU.– o las propias fracturas dentro de la derecha local han sido elementos que, en otras oportunidades, han echado abajo los esfuerzos. Por eso, en esta ocasión, el hermetismo es regla.
Los escollos
Como toda negociación, los acuerdos tempranos han sido los menos polémicos para las partes: el primero, sobre la garantía de la protección social de la población (cuyos derechos han sido vulnerados especialmente por la política de sanciones promovida por la oposición); el segundo, sobre los derechos inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba; y el tercero, sobre las garantías electorales y la observación internacional en los comicios.
Sobre ese último punto, esta semana saltaron alarmas. Las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en las que aseguró que la misión de observación electoral de la UE legitimaría o no los comicios en el país suramericano, causaron el rechazo del árbitro venezolano y la reacción del jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez: «Si es así, mejor no venga», dijo.
El bloque europeo, cuya participación en los comicios regionales en Venezuela se negocia desde principios de este año, tuvo que salir a aclarar que su misión electoral iba a respetar «íntegramente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia».
Pero los cuellos de botella de la agenda siguen siendo los referentes al levantamiento de las sanciones y la restauración de los activos del país, confiscados en el exterior, especialmente por la disputa que hay sobre ellos en la oposición. Mientras el ala del partido del exdiputado Juan Guaidó se niega a ceder el control que tiene de esos bienes, otros sectores de la derecha han criticado su opaca gestión y le han exigido una rendición de cuentas, en vista de los escándalos y las irregularidades que rodean a sus administradores actuales.
En esa pugna entran también actores externos, como EE.UU. y Colombia. Washington porque tiene mayor poder sobre los activos, los recursos y bienes de Venezuela, debido a las sanciones unilaterales que ha aplicado contra Caracas, mientras que Bogotá hace pulso para tratar de apropiarse ilegítimamente de Monómeros, una empresa venezolana clave para su propia seguridad alimentaria.
En el medio, actores como el llamado «canciller» de Guaidó, Julio Borges (actualmente prófugo de la justicia), le reclamó al exdiputado por su cuestionable gestión en Monómeros y aseveró que los partidos de la oposición no tenían por qué controlar los activos confiscados. Para él, que apoyó y promovió la política de sanciones de EE.UU. contra Caracas, la «discusión de empresas no es el foco», sino «la salida de Maduro» del poder.
La postura de Borges sobre el mandatario venezolano no es la misma de uno de los negociadores opositores en México. Esta semana, el exdiputado Stalin González (que forma parte del grupo de cuatro partidos con más poder dentro de la derecha) afirmó que la mesa de diálogo «no es para que nadie se vaya, sino para que los venezolanos vivan tranquilos».
Los puntos pendientes
La reforma al sistema de justicia, el acuerdo sobre el respeto al Estado Constitucional y de Derecho y el referente a la convivencia política y social están aún por entrar en la agenda de decisiones.
No obstante, el desarrollo del cronograma electoral podría ser clave para que se avance en ese sentido, ya que el reconocimiento o no de esos resultados por parte de todos los actores significaría un avance al estado de «empate catastrófico» que vivieron tanto el Gobierno y la oposición en los últimos años.
«Si hay elecciones es porque en México hay acuerdo. Esto no va a resolver todo el problema, pero sí es un paso importante para rescatar al voto como mecanismo de lucha y prepararnos para el futuro», ha dicho González esta semana. Desde el Gobierno, la sola vuelta de la oposición al escenario electoral se ve como un triunfo.
Pero nadie canta victoria todavía. Si bien el avance es alentador, la fragilidad de los acuerdos es notable por la cantidad de intereses en conflicto. Por eso los voceros hablan poco y son cautos, en todo caso, saben que en México podría definirse si se destraba o no una jugada que afecta, en lo inmediato, a 30 millones de venezolanos que observan a los actores fuera de la mesa negociadora.