Poco menos de una centena de candidatos asesinados y de 270 denuncias de amenazas hacen válido el temor de los analistas en seguridad sobre que los comicios electorales 2021 —próximos a celebrarse este 6 de junio— sean considerados los segundos más peligrosos de la historia.
Por Ilse Becerril | Infobae
A 10 días de las votaciones federales en México, han sido asesinados 80 políticos, según un registro realizado por Infobae México. El indicador de violencia de este medio —elaborado de septiembre de 2020 a mayo de este año— reporta las ejecuciones de aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas (30); además de funcionarios fuera del cartel electoral.
Desde que comenzó el proceso en septiembre del año pasado se ha documentado un goteo de asesinatos de políticos en activo y aspirantes a cargos locales por todo el país.
Alejandro Toledo Morales, de 43 años, aspirante a la diputación local por el Distrito 7 en Guerrero, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado el 9 de septiembre de 2020 de un balazo en la cabeza, en la entrada del Club de Golf de Barra Vieja, en Acapulco.
Unos sicarios lo interceptaron cuando viajaba de regreso a su casa y le dispararon a quemarropa antes de huir. Su caso encabeza la macabra lista que recoge las ejecuciones políticas en tiempos de elecciones.
Casi todas las entidades se han visto salpicadas por la violencia contra los aspirantes, pero geográficamente los asesinatos se concentran sobre todo en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guerrero, donde operan sanguinarios cárteles de la droga enfrentados por el control del territorio.
Por partidos políticos, tanto los principales como los independientes han sufrido bajas en sus filas. Téngase de ejemplo los tres candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) asesinados en mayo; Abel Murrieta, Arturo Flores y Alma Barragán .
Las balas de la impunidad
El asesinato de la aspirante a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, es la última expresión a la que son sometidos los políticos en México.
Barragán fue asesinada cuando participaba en actos de campaña. A las 17:50 horas del martes 25 de mayo —poco antes del crimen— la candidata había invitado a los vecinos de la colonia La Manguita a escuchar sus propuestas. Fue hasta ahí llegaron los asesinos con sus pistolas.
La mujer aspiraba la presidencia municipal de Moroleón, una localidad fronteriza entre Guanajuato y Michoacán fuertemente golpeada por la violencia ejercida por los grupos criminales.
La bala que asesinó a Alma Barragán, fue la misma que 11 días antes había matado a Abel Murrieta, aspirante a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora; y a Arturo Flores Bautista, candidato a síndico por Landa de Matamoros, Querétaro. Fue la misma que el 16 de mayo ejecutó al ex precandidato de Morena a la alcaldía de Misantla, Veracruz, José Alfredo Gaspar Gutiérrez, 72 horas después de haber sido levantado y es la misma bala que ha matado a 80 políticos.
A lo largo de esta sucesión de crímenes hay quienes advierten la mano de grupos criminales, que defienden con armas sus intereses. Posiblemente, aseveran algunos expertos en seguridad, fue lo que le costó la vida a Abel Murrieta, quien una y otra vez dijo tener el valor de enfrentar al crimen organizado.
La zona en que fue asesinado el candidato de MC —Sonora— es el epicentro del grupo criminal más poderoso y antiguo de México: el Cártel de Sinaloa que opera en la frontera con Estados Unidos.
Sucede en el norte, pero también en Colima, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, estados que ahora mismo son tierra en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y bandas criminales locales como Cárteles Unidos y Santa Rosa de Lima.
En Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas son reductos de los Zetas y Cártel del Golfo los grupos dominantes.
Especialistas como Edgardo Buscaglia aseguran que —en el mejor de los casos— se ha logrado bajar los niveles de violencia a través de una pax narca. Es decir, los aspirantes pactan un orden con los cárteles de la droga, dejándolos operar a sus anchas y derrotando a las otras organizaciones criminales presentes en la región.
Morena es ahora el ejemplo perfecto para la situación, pues tiene un largo antecedente de aspirantes vinculados al narco. Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, aparece en el lista de personas buscadas de la Agencia Antidrogas (DEA). Según este órgano, se le indaga por su supuesto nexo con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los voceros de campaña han negado la información del perfil.
Pero el narco no es el principio y el fin que explica la violencia en la vida política.Las balas que están silenciando voces también provienen de otros candidatos. Arturo Flores Bautista, candidato a síndico por Landa Matamoros, Querétaro, fue hallado muerto el pasado domingo. El hermano del candidato a la presidencia municipal de la demarcación por el PRI, Jonathan Trejo Ramírez, fue señalado como presunto homicida.
El gobierno federal ha limitado su respuesta a la violencia electoral a destinar protección a 41 candidatos campaña. A principios de marzo el gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un plan para proteger a los aspirantes. La estrategia incluía a la Guardia Nacional; aunque la acción de instrumentó, resultó ser un fracaso.
“Vamos a proteger a todos los candidatos. Ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores, porque tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos, si es necesario, y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, en el apoyo, a los candidatos”, aseveró el mandatario.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que las agresiones contra políticos se concentran sólo en seis entidad: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. El registro de las amenazas se realiza a través de un centro de monitoreo, ha aclarado.