En medio de la persistente crisis económica que asola a Cuba, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha puesto en marcha un controvertido «corralito financiero» a través del Banco Central (BCC). Esta medida, que entró en vigor el pasado 3 de agosto y se implementará gradualmente durante seis meses, tiene como objetivo controlar la creciente inflación y la escasez de bienes.
Con información de Infobae
Según la nueva normativa, ciudadanos y empresas públicas y privadas deben realizar la mayoría de sus transacciones por canales electrónicos en lugar de efectivo, siempre que las sumas superen los 5.000 pesos cubanos (CUP), equivalentes a poco más de 28 dólares en el mercado informal, o unos 208 dólares a la tasa oficial.
La medida busca reducir la circulación de efectivo y fomentar la «bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía y con la población», según explicó el Banco Central. Esta iniciativa afecta a comercios estatales y privados, que deben contar con medios de pagos electrónicos, y a pequeñas empresas privadas, que deben depositar sus ingresos en cuentas bancarias o contratar servicios de transporte de dinero gubernamentales para operar.
Sin embargo, críticos han señalado que esta medida podría perjudicar al sector privado, limitando su acceso a divisas extranjeras necesarias para importar bienes esenciales. También han cuestionado la precaria infraestructura bancaria y digital del país, que no parece estar preparada para un cambio tan drástico.
La crisis económica en Cuba se ha agravado en los últimos años, con escasez de alimentos, medicinas y dificultades en el abastecimiento de combustible. La implementación del «corralito financiero» ha generado preocupaciones sobre su impacto en la economía y en la población más vulnerable, en un contexto de profunda desconfianza en el régimen y su capacidad para resolver la crisis.