El anuncio del Fiscal del chavismo del arresto de Tareck El Aissami reabre las interrogantes sobre el estado de la investigación de los más de 60 detenidos por la trama “Pdvsa-Cripto”. Entre ellos destaca el caso de los hermanos Perdomo que edificaron torres de lujo en Las Mercedes
Con la intención de cumplir la promesa del eslogan “caiga quien caiga” que acompañó a la purga del chavismo denominada “la trama Pdvsa-Cripto”, el pasado martes el cuestionado Fiscal General, Tarek William Saab, convocó a los medios de comunicación para dar a conocer que el, hasta hace un año, todopoderoso exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, fue arrestado por el escándalo de corrupción que estalló en la estatal petrolera. “Ahora todos ustedes tienen que meterse esa lengua por dónde mejor les quepa”, espetó Saab en tono desafiante mientras sostenía una foto con la imagen de El Aissami esposado. La desaparición del antiguo jerarca rojo de la esfera pública desde marzo de 2023 desató una ola de rumores sobre su paradero, entre ellos el de que estaba fuera de Venezuela.
Junto con El Aissami también fueron detenidos Samark López Bello y Simón Zerpa. El primero es considerado como el operador financiero de El Aissami por la justicia estadounidense y ahora la venezolana y el segundo es otro alto funcionario chavista, exministro de Economía y Finanzas. De acuerdo con la versión del cuestionado Ministerio Público (MP) los tres comandaron una estrategia a través de la cual hacían asignaciones a dedo de cargamentos de petróleo, coque y fuel oil, vendían los productos a precios por debajo del mercado, desviaban los ingresos de la estatal para el provecho personal y cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización de estas materias primas.
Para no dejar rastro de esta trama, aseguró Saab, utilizaban esquemas digitales, como el blanqueo de capitales a través de las criptomonedas. De acuerdo con el MP el desfalco ascendió hasta unos 5.500 millones de dólares pero organizaciones como Transparencia Venezuela estiman que este superó los 16.000 millones de dólares. ¿El objetivo? De acuerdo con el fiscal chavista todo era una conspiración para “destruir” la economía del país y provocar un “caos” en el año electoral de 2024. “Se valían de empresas de maletín y pagos de criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que le permitía especular con el mercado cambiario”.
Sin embargo, las nuevas actuaciones –justo ante de las elecciones presidenciales de julio de 2024- también abren el camino a nuevas interrogantes sobre el estado en que se encuentran las causas judiciales de los más de 60 detenidos por este caso. Entre estas destacan las de los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdomo Rodríguez dueños de la Constructora HP –las siglas HP hacen referencia a “Hermanos Perdomo”-, empresa que en menos de 10 años acaparó la construcción de torres de lujo en la urbanización Las Mercedes.
El espejismo económico
Las siete torres de lujo que edificó HP en Las Mercedes, un distrito financiero y comercial al sureste de Caracas, con su imperio de paredes reflectantes y luces led – en medio de la severa crisis humanitaria venezolana- fueron frecuentemente usadas como ejemplo de una “recuperación económica” en Venezuela por funcionarios del chavismo y algunos analistas. Sin embargo, ahora es el mismo Ministerio Público del madurismo el encargado de echar esa tesis por el suelo al señalar que las edificaciones, valoradas en cientos de millones de dólares, están inmersas en el desvío de fondos provenientes del esquema de corrupción de Pdvsa.
El panorama que ahora evocan las obras de los Perdomo es distinto: enormes esqueletos de cemento en Las Mercedes con destino incierto tras ser incautadas por la Policía Nacional Anticorrupción, obras inconclusas en carreteras y muelles de la estatal Pdvsa y deudas con unos 2.000 trabajadores, conforman el legado de la Constructora HP.
A diferencia de lo dicho sobre El Aissami y los otros dos detenidos, Saab no informó nada sobre el estatus de la causa de los Perdomo. Lejos de la atención de la maquinaria de medios del Gobierno también están los reclamos que hacen los extrabajadores del conglomerado de empresas de los hermanos sobre despidos injustificados y deudas por pasivos laborales.
Los obreros de las empresas de los hermanos Perdomo laboraron durante años en condiciones inhumanas: jornadas de 80 horas semanales, sin días libres, ni seguro médico, a pesar de trabajar en lugares peligrosos como plataformas marítimas. No tenían vacaciones, ni siquiera figuraban en una nómina, pues se les pagaba a través de cuentas bancarias personales, con el objetivo de evadir las obligaciones salariales legales.
Bajo estas prácticas corporativas, los hermanos Perdomo edificaron su fulgurante y súbito ascenso en el sector de la ingeniería civil. Sin formar parte de la Cámara Venezolana de la Construcción y teniendo como único antecedente conocido el de ser los dueños de un modesto autolavado en la urbanización Las Acacias de Caracas -como lo develó el portal Armando.info– lograron acaparar las obras de lujo en Las Mercedes y ser considerados como “los dueños” de esa urbanización, vitrina de la burbuja económica que se desinfló tras el arresto de los implicados en la trama de corrupción de la petrolera.
La obra sin fin
El contrato para los trabajos de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que comunica a Caracas con la zona nororiental del país y en la que el chavismo ha estado haciendo obras desde hace 16 años, fue uno de los tantos acuerdos beneficiosos a los que accedió HP.
Jesús Ledezma, representante de los trabajadores, relató a LaGran Aldea que la empresa inició sus labores en esta zona en enero de 2022 y que se detuvieron abruptamente en enero de 2023, pocas semanas antes de las detenciones de los Perdomo. “Pudo haber una fuga de parte de alguien del gobierno. Ellos se enteraron y paralizaron una obra como esa”.
A partir de entonces empezó el despido masivo de unos 800 empleados. “A los trabajadores los botaron y ni siquiera fueron indemnizados, ahí había hasta personas con discapacidad”. Ledezma relata que desde marzo del año pasado hablaron con Maryury Perdomo Rodríguez, hermana de los detenidos, quien les indicó que las cuentas de las empresas estaban congeladas y que en 45 días les darían respuesta. Cuando esto no ocurrió acudieron a instituciones como la cuestionada Asamblea Nacional del chavismo, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia, en donde entregaron comunicados y documentos pidiendo al Estado, como nuevo dueño de los activos de los Perdomo, que se encargara de las deudas.
La cara menos visible de los Perdomo era la Constructora 2PTO, empresa con la que obtuvieron contratos en los muelles de las refinerías de Pdvsa en Amuay, en el estado Falcón, y el Complejo Petroquímico de José Antonio Anzoátegui (CJAA).
Un representante sindical de unos 300 trabajadores de los muelles del oriente del país, que pidió la reserva de su nombre, señaló que hasta ahora las peticiones que hicieron ante instituciones oficiales han resultado infructuosas. “Nadie quiere agarrar las riendas de nuestras deudas” se lamenta.
Añade que los trabajadores de 2PTO, que laboraron en condiciones de alta peligrosidad en los muelles y plataformas marítimas, tampoco contaban con implementos de seguridad o un seguro que cubriera sus gastos médicos. “No tenían permiso para trabajar en la noche ahí, pero tenían a todos agarrados por la manga y lo hacían. Tú decías algo y te podía hasta poner preso”, indica sobre el poder que tenían los hermanos en Pdvsa.
La Constructora 2PTO y HP se convirtieron en las predilectas del coronel Antonio José Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, arrestado en marzo de 2023 y tildado como uno de los “jefe de la trama” de corrupción de Pdvsa-Cripto por la Fiscalía.
Los trabajadores relatan que los gerentes de las empresas mandaban más que los funcionarios que debían supervisarlos y que el trato a los empleados era humillante e inhumano. “Cuando llegaba el jefe del proyecto a una obra tenías que estar firme, al estilo militar. Al que veía sentado lo botaba de una vez”, expresó el vocero gremial.
Los trabajadores también denunciaron otras irregularidades. Por ejemplo, en el caso de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, los equipos y maquinarias y hasta las camisas de algunos de los encargados de la obra tenían el logo del Ministerio de Obras Públicas. Jesús Ledezma explicó que cuando el titular de ese ministerio, el general Raúl Paredes, se acercó a la obra tras los arrestos el funcionario aseguró que su despacho desconocía esos trabajos. “El gobernador (Luis José Marcano-PSUV) estuvo varias veces en la obra. Esa es una situación que uno no se explica”, señaló.
Daños ambientales
Los trabajos de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho también ocasionaron daños ambientales en la zona y las pérdidas de la cosecha de uno 60 productores de los sectores Conacal y Madre Vieja del estado Anzoátegui. Un informe del Ministerio para el Ecosocialismo concluyó que los cultivos en la zona se perdieron debido a una “inundación producto de los trabajos de construcción de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho debido a la falta de drenajes a nivel de la carretera”.
Un avalúo de las pérdidas causadas por las inundaciones, fechado en noviembre de 2022 y firmado por el perito agropecuario Rafael Reyes, precisa que en estos sectores se perdieron los cultivos de 8.000 plantas de lechosa, 25.000 de maíz, 600 de yuca y 3.500 de maní valorados en 6.513.567 de bolívares, que al cambio oficial de la época equivalen a unos 600.000 dólares.
El productor de la zona Jairo Bohórquez añade que también se dañaron 400 toneladas de cebollas. “Me ahogaron la finca con las lluvias porque no tenían las salidas de agua, hubo productores que perdieron las cosechas”. Relata que durante más de un año ha pedido a distintas instancias del gobierno que indemnicen a los productores sin obtener respuesta. “Mencionar a los Perdomo ante las autoridades es como un tabú. Los funcionarios no reciben la denuncia y te pelotean”.
Tanto Bohórquez como los representantes de los trabajadores de HP indicaron que en el sector Conacal quedaron decenas de maquinarias que pertenecían a los hermanos Perdomo y que fueron incautadas por el Gobierno nacional. “Lo que ha hecho el gobierno es llevarse las máquinas. No han sacado más porque los productores nos pusimos bravos y les trancamos el paso. No sacarán nada hasta que nos indemnicen”.
Jesús Lezama indica que todavía en el sector Conacal quedan decenas de máquinas y vehículos destinados a la construcción. A esto se suma una planta de cemento con materiales para su funcionamiento. También están los materiales dejados en las refinerías de Pdvsa, las torres terminadas o todavía en obras en Las Mercedes, un galpón de materiales en Guarenas, estado Miranda, entre otros.
Los trabajadores propusieron que se use parte de estos activos incautados para pagar la deuda de las empresas con ellos. “Estamos en conocimiento de todo lo que se incautó en Guarenas y en otros estados de los hermanos Perdomo, pero vemos que todo el mundo está pendiente de lo que ellos dejaron, pero no de las deudas” expresó Ledezma.
Hasta antes de las declaraciones de Saab, la información extraoficial sobre las audiencias de los otros involucrados apuntaba a que los procesos judiciales estaban totalmente paralizados. Zair Mundaray, abogado y exfiscal del MP, explica que ha habido muchas irregularidades en estas actuaciones,como la imposibilidad de los imputados de designar defensa privada.
“Hay defensa pública, pero hay abogados actuando detrás de la defensa pública, hay mucha corrupción. El otro gran tema es la corrupción de los funcionarios del Sebin que colocaron en su custodia. Ellos tienen todos los privilegios, es insólito, pero esos privilegios son a cambio de mucho dinero. Lo que se generó en el Sebin es un súper negocio donde se hacen ricos unos pocos. Es ladrón que roba a ladrón”.
Es una incógnita qué pasara con todo lo confiscado a los Perdomo. Por lo pronto la llamada Ley de Extinción de Dominio parece apuntar a que serán los tribunales, bajo control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los que decidirán el destino de los bienes incautados a lo largo del país, confiscaciones que hizo la reforzada Policía Nacional Contra la Corrupción, ente directamente adscrito a la presidencia de la República.