El expresidente de Colombia Álvaro Uribe suma otro proceso legal en su contra, luego de que su defensa reveló que está en curso en la Corte Suprema una actuación relacionada con asesinatos ocurridos en 1997 y 1998, cuando el exmandatario era gobernador de Antioquia.
Por Fernando Ramos / CNN
El abogado Jaime Granados, que encabeza el equipo de defensa jurídica de Uribe, manifestó su “sorpresa” tras enterarse sobre esta decisión por parte del alto tribunal.
«Vemos con sorpresa, que el pasado 19 de agosto, fecha en la cual ya era de público conocimiento la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como congresista, la Sala de Instrucción nos comunicó un auto, del 14 de agosto, en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación», dijo este sábado en un comunicado de prensa.
Granados se refiere a investigaciones preliminares que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el ahora exsenador por las masacres ocurridas en las localidades de El Aro y La Granja, en 1997, y también por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en hechos ocurridos en 1998, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, según pudo constatar CNN con fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte.
Por estos casos, Uribe deberá presentar su versión ante el alto tribunal en los próximos días.
Inicialmente, el proceso estaba en conocimiento de la Fiscalía y, cuando Uribe fue elegido como senador, pasó a la Corte por su fuero como congresista. Por ello, Granados pidió que el expediente regrese a la Fiscalía.
«Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la investigación relacionada con la masacre del Aro, debe pasar al conocimiento de la Fiscalía», sostuvo el defensor en su comunicado de este sábado.
Uno de los argumentos del abogado Granados en el que rechaza la nueva diligencia de la Corte Suprema contra su cliente es que el caso no cuenta con conexión con el cargo legislativo de Uribe, al que renunció el pasado martes en medio de otra investigación sobre supuesto fraude procesal.
«Ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones como senador de la República, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después», detalló.
El exmandatario está bajo detención domiciliaria desde el pasado 3 de agosto, tras ser señalado de los delitos de soborno y fraude procesal en un caso relacionado con presunta manipulación de testigos contra el senador del partido Polo Democrático Iván Cepeda, cargos que Uribe rechaza.
Uribe renunció a su curul en el Senado el 18 de agosto argumentando «falta de garantías» por parte del alto tribunal de justicia, y su defensa pidió que su proceso sea enviado a la Fiscalía para su conocimiento.