En la Cota 905, luego de tres días de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y bandas armadas, fue incautado un arsenal que deja en evidencia la falta de control sobre las armas que posee el Estado venezolano, advierten investigadores y expertos en seguridad ciudadana
Sofía Nederr | Luisa Quintero – TalCual
El tiroteo en la Cota 905 y barrios aledaños, por parte de la mega banda controlada por Carlos Luis Revete, alias “el Koki”, terminó coincidencialmente el 9 de julio, día internacional de la destrucción de armas de fuego. Para los vecinos del oeste de Caracas, su vida esos tres días se resumen en la estrofa de una canción de Desorden Público: “Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava”.
En Venezuela, donde se contabilizan al menos 19 mega bandas distribuidas en todo el territorio, el poder de fuego de estas organizaciones delictivas queda demostrado con las más de 22.000 municiones incautadas en el operativo desplegado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en la Cota 905 y alrededores durante tres días para dar con “el Koki” y sus aliados.
La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, en una rueda de prensa el 10 de julio al informar sobre la “Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro” enumeró: dos mil cartuchos calibre .50, cuatro mil cartuchos calibre 7.62×39, 150 cartuchos calibre 5.56; 18.000 cartuchos calibre 7.62×39; 19 recipientes cilíndricos de balas calibres 7.62×59; 380 cartuchos calibre 7.62×51; 11 cargadores de FAL y tres tipos de lanzacohetes.
No se tiene claro si a este arsenal se debe sumar la gran cantidad de municiones disparadas por los delincuentes durante tres días desde diferentes puntos de la zona.
Un perfil de Insight Crime sobre “el Coqui/Koki” detalla que a partir de 2017, con la retirada de los cuerpos de seguridad de ese sector luego de un operativo, el líder de la mega banda ha podido acumular “un arsenal de armas de grueso calibre, que se estima en alrededor de 200 granadas, 15 fusiles AR-15 y 150 armas de fuego más pequeñas. De esta manera, su banda tiene casi el mismo poder de fuego de las fuerzas de seguridad”.
Todo esto, mientras en Venezuela sigue vigente la medida de suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas, establecida en la resolución N°161, publicada en Gaceta Oficial 41.468, el 27 de agosto del año 2018.
Para especialistas en temas de seguridad ciudadana y analistas castrenses, la cantidad de municiones y armas reseñadas luego del operativo en la Cota 905 puede tener varias vías de procedencia. El abogado y profesor de Criminología Luis Izquiel lo resume: Podrían salir de los cuarteles militares o policiales por corrupción o negligencia en el cuidado del parque de armas. Otra vía sería por contrabando usando las fronteras terrestres, puertos o aeropuertos.
“Eso también sería negligencia por parte del Estado pues les corresponde la custodia de vías terrestres, puertos y aeropuertos”, refiere Izquiel, al tiempo que recuerda que en Venezuela no hay armerías privadas. Es decir, “no puedes ir a una tienda y comprar una pistola o un revólver, mucho menos un fusil o una granada”.
En Venezuela existe la Ley para el desarme, control de armas y municiones que establece penas para quien venda un arma, la utilice sin porte u otras situaciones establecidas dentro del instrumento legal y que se pagan con cárcel.
“El asunto es que continuamente vemos como megabandas criminales usan fusiles, usan municiones que probablemente salgan de los cuarteles policiales y militares y no se hacen investigaciones profundas que desmantelen las posibles redes de corrupción que haya en estas instituciones o que se sancione a quienes por negligencia no cumplieron con el resguardo de parques de armas”, afirma el abogado Izquiel.
Sin certeza
La abogada Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, destaca que, en las redes sociales, se difunden imágenes de armas que muchos atribuyen a la situación en la Cota 905. Pero advierte que no se tiene certeza alguna y es fundamental evitar las especulaciones.
“En algunas imágenes sí se ven municiones, creo que, inclusive, se ve lo que puede ser una Barrett (fusil) cuyo modelo no sé precisar. Hay muchas armas que aparentemente fueron decomisadas a estos sujetos, pero afirmar que provienen de la Fuerza Armada Nacional (FAN) es un tremendismo”, señala.
San Miguel advierte las razones de la cautela necesaria sobre las armas tras el conflicto criminal.
“Primero, porque no tenemos cómo demostrarlo. Segundo, creo que difícilmente se podrá saber porque esto lo manejará herméticamente el Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim) y la Fuerza Armada en general, entonces difícilmente se va a saber”, advierte.
TalCual solicitó una entrevista al director del Cicpc, comisario Douglas Rico, para conversar sobre este tema pero no se obtuvo respuesta.
La analista militar esboza que lo que sí representa una hipótesis real y demostrable es que Venezuela es un país en el que se ha comprado y fabricado un arsenal importante de armas. Control Ciudadano ha advertido insistentemente sobre la opacidad y la ausencia de control parlamentario en las adquisiciones de sistemas de armas en Venezuela, la ausencia de control previo o posterior por parte de la Contraloría General de la República o de la Contraloría General de la FAN, así como la falta de licitaciones para la escogencia o selección de los sistemas más idóneos en atención al concepto estratégico de la nación.
San Miguel puntualiza que muchas de las armas que se aprecian, y podrían haber sido decomisadas a los sujetos en la Cota 905, se corresponden o tienen su equivalencia en el tipo de armamento que emplea la Fuerza Armada Nacional.
“Por ejemplo, estamos hablando de lanzacohetes, hay municiones aparentemente de los AK 103 y 104, de los FAL, hay aparentemente cargadores de FAL, municiones de varios calibres que también se corresponden con el tipo de municiones que utiliza la FAN en armas ligeras. Hay armas de francotiradores, es decir, el compendio de fotografías que han sido señaladas del decomiso de estas bandas, tienen su equivalente en el arsenal de la Fuerza Armada Nacional”, resalta Rocío San Miguel.
Sin embargo, enfatiza que sería una irresponsabilidad, sin conocimiento de seriales y de sellos, afirmar que las armas de los grupos criminales provienen de la FAN.
Para la directora de Control Ciudadano, las dudas que se erigen sobre el uso del armamento en la Cota 905 conducen a un aspecto neurálgico.
“El problema es que, en Venezuela no hay control democrático posible sobre la producción y la importación de armas y municiones. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ningún mecanismo de transparencia y de seguridad democrática que nos permita señalar que estas armas no provienen de la Fuerza Armada Nacional por vía de entrega o por vía de hurto o robo. Es decir, por cualquiera de las vías. Ese es el problema que tenemos”, puntualiza.
Recuento del arsenal en Cota 905
El artículo 324 de la Constitución establece que: “Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”.
En el artículo 56 de la Ley para el desarme, control de armas y municiones se agrega que: “El Estado venezolano es el único competente para la fabricación, importación, exportación y comercialización de municiones. A tal efecto designará las personas jurídicas destinadas para tal fin. La Fuerza Armada Nacional tendrá la responsabilidad de regular tales actividades, de acuerdo con los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y las providencias que regulen en razón de la materia que a tal efecto se dicten por la autoridad competente”.
En base a lo publicado en Twitter por la ministra Carmen Meléndez, a quien se le solicitó una entrevista a través de su equipo de prensa y el requerimiento no fue respondido, TalCual puede hacer la siguiente relación entre las municiones y las armas utilizadas por la mega banda de la Cota 905.
- 2.000 cartuchos calibre .50, que según Wikipedia se fabrican en Venezuela.
- 4.000 cartuchos calibre 7.62×39, se fabrican para armas de origen soviético. También se producen en Venezuela. En 2005, Venezuela firmó el contrato con Rusia para la compra de 100 mil fusiles AK-103/AK104. En la Cota 905 se incautaron cuatro fusiles marca AK.
- 150 cartuchos calibre 5.56, correspondería a un fusil marca SMG. Este tipo de balas se fabrican en Brasil y Colombia, países que comparten frontera con Venezuela. Se corresponderían al uso de seis fusiles R14.
- 18.000 cartuchos calibre 7.62×39, se fabrican para armas de origen soviético. También se producen en Venezuela. En la Cota se incautaron cuatro fusiles marca AK, que son de origen soviético y corresponden al uso de este tipo de balas.
- 19 recipientes cilíndricos de balas calibres 7.62×59. No se pudo conseguir información sobre este tipo de munición.
- 380 cartuchos calibre 7.62×51, corresponderían a cuatro FAL (arma propiedad exclusiva de la Fuerza Armada en Venezuela) y ocho fusiles marca Galil, de fabricación colombiana (Indumil).
- 11 cargadores de FAL, arma propiedad exclusiva de la Fuerza Armada venezolana.
- Un lanzacohetes calibre 84mm-Carl Gustav (cañón multipropósito portátil). Venezuela sería usuaria de este tipo de lanzacohetes.
- Un RPG-7 (lanzacohete antitanque portátil). Venezuela también es usuaria de este tipo de arma a través de la Fuerza Armada. En 2007, Venezuela encargó a Rusia más de 1000 unidades de este equipo, según registró Control Ciudadano en su informe sobre compras de armas 2005-2012. Se usó por las fuerzas de seguridad en el operativo contra Oscar Pérez en 2017.
- Un AT4 (lanzacohete antitanque). En 2017, en Aragua se incautó uno de estos en un operativo policial.
La Ley para el desarme establece (artículo 64) que las personas naturales o jurídicas con permiso de tenencia y porte de arma de fuego, en cualquiera de sus atenuantes, solo podrán adquirir 50 municiones por año.
En el caso de aquellas personas con un permiso de tenencia de arma de fuego para protección de bienes o para el traslado y custodia de bienes y valores, “la cantidad de municiones se contabilizará por cada arma autorizada dentro del permiso correspondiente”.
Mientras que para aquellas personas que hayan solicitado un permiso de porte de arma de fuego para resguardo de zonas agropecuarias, la Ley establece (art. 65) que “podrán adquirir un máximo de cien municiones anuales”, que podrán ser usados solo para la actividad sobre la cual fue expedido el permiso.
Fuentes policiales que prefieren mantenerse en anonimato señalan a TalCual que una bala para un arma automática o revólver cuesta un dólar en el mercado negro. Las municiones para fusiles se consiguen entre cinco y seis dólares. Tomando en cuenta las balas identificadas por las autoridades, todas estas municiones tuvieron un costo de 122.650 dólares, si fueron adquiridas en su totalidad a través del mercado negro.
“Imagínate la diferencia que tienen los policías con los malandros, que pueden usar tobos y tobos de balas. Por otra parte, aquí no hay armerías privadas donde se puedan comprar esas municiones, por lo que deben salir de cuarteles militares o policiales o por contrabando”, refiere Luis Izquiel.
Las armas tienen seriales y deben estar debidamente identificadas. Cuando a un cuartel militar o policial se les asigna unas armas, deben estar registradas con sus seriales.
Granadas en fuga
La socióloga Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), señala que en las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre desarme, se ha registrado que cuando hay el uso de granadas por organizaciones criminales, generalmente obedece a fugas de las mismas instancias estatales.
Oficialmente, en el operativo se incautaron dos tipos de granadas. Una que se dispara desde fusiles, y dos granadas de mano M26. De éstas últimas ha habido numerosos reportes de ataques a sedes policiales por parte de bandas armadas en los últimos cinco años. Fuentes policiales comentan a TalCual que en el mercado negro una granada de mano se puede conseguir en 100 dólares.
El director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Andrei Serbin Pont, señala que dentro de las fotos tomadas por algunos periodistas presentes en el operativo de la Cota 905 se pueden identificar pouches de granadas de 40mm HEPD M9115, que no son comunes de ver.
Zubillaga puntualiza que “las granadas son objetos muy difíciles de contrabandear. Se da la exportación nacional de granadas y, luego, en las industrias militares, sea por negligencia o por corrupción es que llegan a estos contextos distintos. Lo señalamos nosotros en algunos trabajos”.
En un estudio sobre “Tráfico y uso criminal de granadas en América Latina y el Caribe”, se determinó que, salvo granadas artesanales, las únicas fuentes de granadas son los arsenales militares. Además, refiere Zubillaga, en el seguimiento hecho a los reportes de prensa desde 2016 hasta agosto de 2018, se registró la cifra de 36 muertos y 24 heridos por la manipulación de granadas.
Asimismo, la investigadora de Reacin expresa que, ya desde 2012, en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme se reconoció que en las pesquisas sobre muertes violentas en barrios, las municiones halladas en el evento del crimen por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) provenían de la Compañía Anónima Venezuela de Industrias Militares (Cavim).
“Eso implica que no ha habido correctivos y hemos llegado al extremo. Como consecuencia, no estamos en guerra, pero tenemos un saldo y un número tan elevado de víctimas como si estuviéramos en una zona de conflicto armado”, destaca.
La socióloga refiere que en el análisis de la investigadora argentina Alejandra Otamendi sobre los datos de mortalidad violenta entre niños 10 y 19 años, se indica que Venezuela tiene el porcentaje más elevado de niños y jóvenes que mueren por el uso de armas de fuego entre los países con altos niveles de homicidios. En ese sentido, enumera: Venezuela (94%), Panamá (84%), Honduras (83%), Brasil (83%), Guatemala (82%), Colombia (78%) y El Salvador (77%).
“El otro problema son las muertes por balas perdidas que tienen que ver con contextos con confrontaciones de armas recurrentes. Hemos sabido de situaciones traumáticas y de narraciones que refieren situaciones similares a una guerra”, señala.
Identificar las rutas
Luis Izquiel señala que en operativos como el de la Cota 905, o en otros donde se logran recuperar armas de este tipo, debería hacerse la cadena de seguimiento. “Investigar de qué cuartel salieron, quiénes eran los encargados de la custodia, verificar si esas armas se reportaron o no como extraviadas. La gente quisiera ver, pienso yo, a los posibles culpables presos”, expresa.
En la Ley desarme se habla de destrucción del armamento y municiones incautadas después de sentencia definitiva o una orden judicial de un tribunal, explica Izquiel, “pero realmente no sé qué hacen. Aquí cabe el peligro de que esas armas sean recicladas, que no haya seguimiento de ellas y terminen en otras expresiones del crimen organizado”.
Presume que, si algunas de esas armas se encuentran en buen estado, pueden ser reasignadas a cuerpos policiales o militares. “El tema también es que todo esto se debe preguntar a los funcionarios encargados del tema de las armas en Venezuela, que básicamente son militares, pero ninguno de ellos dará respuesta”, indica.
Izquiel asegura que “lo debido es que destruyan eso después de la etapa judicial correspondiente, porque algunas de esas armas no son oficiales de la Fuerza Armada, según lo que comunicó la ministra Carmen Meléndez de lo incautado a la banda del ‘Koki’. Si eso es así, esas armas no pueden ingresar a la FAN. Lo que pasa es que aquí no hay información clara acerca del destino de las armas que se incautan en los distintos procedimientos que se realizan”.
La Cota 905
Tras el fuego cruzado en la Cota 905, organizaciones sociales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) emitieron un comunicado “La prioridad es la vida de la gente”, en el que destacaron la urgencia del control de porte de armas entre la población. También exigieron una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales.
“Es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas”, plantearon las organizaciones.
Para Rocío San Miguel, una investigación creíble de cuerpos de seguridad aportaría pistas, en primer lugar, sobre el aumento de la presencia de armas en manos de grupos criminales. En segundo lugar, la experticia podría identificar las rutas y canales por los cuales se están alimentando de armas y municiones los grupos criminales.
“A mí me gusta llamarlos grupos armados al margen de la ley, porque tienen una connotación bastante importante. O grupos criminales. Entonces una investigación auténtica, imparcial, incluso se puede pedir ayuda internacional en este sentido a Naciones Unidas, sería importante si hay buena fe del gobierno en investigar este importante decomiso de armas de alto calibre y de capacidad de destrucción”, agrega la directora de Control Ciudadano.
Enfatiza que esta situación no incide solamente sobre la población civil, también repercute sobre los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional. Plantea que podría pedirse la colaboración de Naciones Unidas, que tiene departamentos con especialistas que pueden venir a Venezuela para estudiar esto.
“Venezuela no es un país de tráfico internacional de armas importante, pero esto pudiera estar también indicando que ante la proliferación de grupos armados al margen de la ley, nos estamos convirtiendo en un país importante de tráfico de armas y municiones”, expresa.
Cavim y sus municiones
El abogado y profesor de criminología Luis Izquiel asegura que “no son solo las megabandas, son otras expresiones del crimen organizado que tienen esas armas y municiones. Por ejemplo, en el operativo de la Cota 905 pudimos ver unas cajitas blancas con municiones que decían Cavim. ¿Por qué no se investiga de dónde salieron esas cajitas blancas con el nombre de Cavim? Esas son las que utilizaron esos delincuentes para disparar a diestra y siniestra, a las casas, apartamentos y calles del oeste de la ciudad”.
La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), pertenece al Ministerio de la Defensa, y a su cargo tiene el control de la producción y ensamblaje de armas y municiones, así como la importación de las mismas para uso exclusivo del Estado venezolano en materia de seguridad y defensa.
Al consultar el registro balístico en su página web, solo se obtiene información de que esa pestaña está “en mantenimiento”. Una de las últimas noticias sobre Cavim es la inauguración en marzo de un taller para fabricación de sables de uso de la Fuerza Armada.
Cavim tampoco publica información sobre los robos que se registran en sus sedes, por lo que se desconoce el material que podría estar circulando en las calles o en propiedad de bandas armadas. Apenas se obtiene información cuando alguna fuerza de seguridad incauta material que pertenece a la empresa, como los sacos con explosivos encontrados en una vivienda en Morón (estado Carabobo) en febrero de 2020.
Control Ciudadano registró que en noviembre de 2012, el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Luis Fernández, anunció que Cavim entregó más de un millón de balas con su firma y su serial correspondiente: 625.000 cartuchos de entrenamiento a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y otros 500.000 cartuchos alta expansivas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En 2013, Cavim informó de la entrega de 3 mil fusiles de asalto Kalashnikov Ak-103, calibre 7.62X39 mm, a la FAN. Estos fusiles fueron ensamblados en el complejo industrial en Maracay, estado Aragua.
En el operativo de la Cota 905, como lo refiere Izquiel, en una fotografía publicada por el periodista Román Camacho se observa una caja blanca con la palabra Cavim impresa y con la siguiente descripción: 20 cartuchos, CAL (calibre) 7.62×39 mm, Lote de FAN nº 31, 2009.
Toda esta descripción corresponde a lo que indica parte del art. 59 de la ley desarme. “Cada munición deberá contener el nombre del fabricante, año de fabricación, la nomenclatura asignada al destinatario de la misma por el órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con competencia en materia de control de armas y una numeración correlativa que individualice cada munición”.
Andrei Serbin Pont refiere que este tipo de munición -de la cual se incautaron 18.000 cartuchos en total- corresponde a munición rusa reempaquetada por Cavim.
Izquiel resume que la información oficial “es bastante oscura”, por lo que se desconoce el número total y tipos de armas o municiones que fabrica o ensambla Cavim, así como las importaciones que realiza. Apenas se pueden obtener datos por algunos informes de ONG como Control Ciudadano.
“Cavim ha sido uno de los órganos más ocultos y más opacos de toda la estructura del Ministerio de Defensa. No rinde absolutamente ningún tipo de información al país, ni rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, ni de las compras ni de ningún tipo. Las importaciones de armas no son secretas en ningún país democrático. Forman parte de los postulados de transparencia porque involucran grandes cantidades de presupuesto”, concluye la directora de Control Ciudadano.