Son consideradas como personas inescrupulosas y de mentalidad criminal, aquellos que desde la clandestinidad buscan sacar provecho económico sin importar las lesiones o hasta muerte que puedan causarle al paciente. Es la denuncia latente desde el gremio médico y especialistas ante más de 82 casos entre ejercicio ilegal e intrusismo en el país que lleva el Cicpc desde enero hasta septiembre de 2022. Odontología es la más vulnerada por usurpadores con más de 400 denuncias y superan los 150 procesados. Es la realidad que juega al desprestigio de especialistas y expone la salud de la población en general que busca atención a un costo accesible.
Guiomar López | LA PRENSA DE LARA
Desde el Ministerio Público (MP) se reconocía el aumento desde mayo de 2022 con más de 65 investigaciones abiertas, mientras la División de Investigaciones de Delitos contra la Salud Pública del Cicpc también confirmaba más de 60 detenidos y la recuperación de 7.964 medicamentos y 4.836 equipos médicos hasta julio de 2022. Cifra que subió en septiembre con otros 22 casos y que en su mayoría siguen siendo falsos odontólogos u ortodoncistas.
Como si se tratara de un «negocio» rentable, se ven hasta hermanos de usurpadores, tal como Richard y Alexander Manrique Suárez, de 44 y 47 años, quienes fingían ser odontólogos en San Cristóbal. Un caso parecido es el de Jesús y Jenny Díaz, de 22 y 44 años, trabajando libremente en Anaco.
También se presta para que sujetos con antecedentes penales se escondan tras la bata blanca. Tal como pasó con Ronald Flores Vásquez, quien atendía en dos consultorios como esteticista y odontólogo desde hacía tres años en la avenida Carabobo de Barquisimeto y sector Valle Lindo de El Cují, estando solicitado por violencia física agravada. Otro solicitado por lesiones graves de mala praxis fue Francisco Rivas, sexagenario caraqueño que se hacía pasar por odontólogo.
Una falsa psicóloga, Dioselis Molina de Lovera (57) que durante 10 años ejerció en Miranda y se valió del título falso de la UCV para trabajar en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Guaicaipuro de Los Teques. Mientras que otro falso psicólogo infantil durante 15 años fue Nelson González Infante (59), tan hábil que fundó una escuela de fútbol en Caracas y así «orientaba» a adolescentes, aprovechándose para abusar sexualmente de una de las menores.
El asombro se supera en el Zulia con Jonathan Sánchez, quien atendía como internista y emergenciólogo, teniendo registro policial por robo de vehículo. Lo descubren al atender a una detenida y al ser abordado por funcionarios no pudo justificar sus credenciales.
No tienen perdón
Para Huniades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, la población está expuesta a gente tan criminal que se anuncia con diversas especialidades y sin tener la debida formación académica, menos aún esos estudios de alto nivel. «Desde el Ministerio de Salud y Contraloría Sanitaria deben tener mayor supervisión», precisa que las autoridades deben estar atentas a los anuncios públicos y supervisar el acto médico.
Reitera que por lo general se anuncian con precios baratos y la colectividad debería confirmar en los colegios médicos.
Todo frente a los riesgos de someterse a personas sin experiencias, recordando que el intrusismo se trata de profesionales que prestan servicios sin ser especialistas y el ejercicio ilegal aplica en los usurpadores que pueden ser estudiantes, creerse expertos por ciertos diplomados o cursos largos, asumir el tiempo de experiencia desde la observación sin la debida academia.
Deyanira Gentile, de la comisión de ética del Colegio de Médicos de Lara, confirma que hay varios casos de intrusismo, sin precisar el estimado en denuncias. Explica que la mayoría de los casos han sido de cirugía plástica y tratamientos estéticos, así como odontología.
Recuerda que hay 10 mil agremiados, quienes cumplen con sus títulos registrados y aval de ser egresados de universidades. «Hay que tener cuidado porque se han soltado el moño y no hay quién fiscalice», señala.
La apatía a la denuncia reina en este avance silencioso. Oneida de Fuenmayor, presidenta del Colegio de Odontólogos de Lara, precisa que colaboran directamente con funcionarios del Cicpc para corroborar las credenciales de los presuntos implicados, pero que la mayoría es por intrusismo y lamenta que ocho de cada 10 denuncias terminan siendo delitos.
La incidencia mayor es de técnicos o asistentes dentales, «pero una cosa es ver y otra muy delicada es dejar el riesgo a daños, ya que no se trata de la universidad de la vida». Cita de la formación del personal auxiliar bajo las instrucciones del especialista. «Atienden a órdenes, pero sin intervenir en la boca», resalta.
Advierte que la extracción de una pieza dental puede ser sencilla, pero ante la falta de pericia puede terminar en hemorragia, tratándose de la complicación de un paciente diabético sin tratamiento. Además de las infecciones por antisepsia.
Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, precisa que en promedio han sido 400 denuncias y más de 150 procesados. Se trata de hacer frente al desprestigio de la profesión y riesgo a la salud bucal.
Detrás de ese juego macabro, sólo queda expuesta la salud de la población en busca de asistencia médica.
Atención con los profesional debe ser garantizada
Con la gravedad del covid-19 proliferó la atención domiciliaria y es una opción que no puede desvirtuarse, olvidando la vigencia de los credenciales de cada especialista. Esa es la primera observación de Deyanira Gentile, desde el Colegio de Médicos de Lara, al advertir el riesgo de generalizar en la medicina.
Explica que frente a la evolución tan cambiante del virus se corría el riesgo de que médicos generales o médicos comunitarios integrales ofrecieran sus servicios a domicilio, cuando se ameritaba de internistas, neumonólogos, intensivistas y demás especialistas de un equipo multidisciplinario ante la gravedad de esta enfermedad inflamatoria. «Esa opción a domicilio es para casos extremos de problemas de movilidad, más allá de la comodidad», recalca y recuerda la importancia de conocer el perfil de cada profesional.
Rechaza la existencia de posgrados «exprés», porque se trata de la formalidad de subespecialidades con prelación.
Para Pablo Quintero, titular del Colegio de Odontólogos de Venezuela, es importante abocarse a las normativas y actualización, por lo que se encuentran atentos a la reforma de la Ley del Ejercicio de la Odontología en el país para regular la práctica, la pertinencia de casas dentales para el control de insumos y su autorización sólo para profesionales o para las prácticas de estudiantes. Todo justificado y con la posibilidad de la formación continua con un instituto nacional de educación de odontología.
Oneida de Fuenmayor, presidenta del Colegio de Odontólogos de Lara, señala que la gente saca provecho de las necesidades en odontología porque no se tiene en la mayoría de centros asistenciales públicos, considerando que 95% de los insumos son importados y la población busca opciones menos costosas, ignorando riesgos.
Todo es con la autorización
Los riesgos del intrusismo pueden ser complejos, considerando que un profesional debe abocarse a su área de servicio en el centro asistencial y todo con la debida autorización. Precisa Deyanira Gentile, miembro del Colegio de Médicos de Lara, al alertar lo delicado aún sabiendo del déficit de personal.
Al consultar sobre el caso del médico comunitario, César Narváez que se encontraba atendiendo en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda y que fue detenido por violar protocolos y normas médicas, explica que todo personal debe estar autorizado de acuerdo a sus competencias, incluso tratándose de alguna contingencia. Recuerda que hasta se puede llamar a concurso, pero todo con el aval de directivos. Es un tema delicado y se canaliza por lo regular.