Me ha parecido prudente comenzar este artículo informando en qué punto anda la actividad de la Corte Penal Internacional, con respecto a las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de ciudadanos venezolanos, por parte del régimen encabezado por Nicolás Maduro y todo el vasto almacén de recursos humanos, logísticos, institucionales, legales, policiales y militares, que han empleado y emplean contra personas y familias indefensas.
Resumo: tras la denuncia que hicieron seis Estados en septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay, Perú y Chile, se inició un proceso que ha continuado su curso, aunque a veces pasen semanas sin que tengamos noticias de lo que está ocurriendo. La denuncia de entonces se refería a los hechos cometidos a partir de febrero de 2014. Luego de una rigurosa revisión de casos y evidencias, en 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “concluyó que hay una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad se han cometido en Venezuela, particularmente en el contexto de la detención, y se han cometido en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
El siguiente hito nos lleva a noviembre de 2021, en concreto al 3 de noviembre, cuando el fiscal Karim Khan anunció, mientras estaba de visita en Venezuela, que la Corte Penal Internacional había tomado la decisión de abrir una investigación sobre los hechos de Venezuela, lo que haría posible que las víctimas del régimen dispongan de acceso a la justicia. Ese fue el marco en el que se firmó un memorando de entendimiento, entre el régimen y la Fiscalía, “para fomentar medios y mecanismos que apoyen y promuevan procedimientos penales nacionales genuinos en Venezuela”.
Unos meses más tarde, en abril de 2022, la misma Fiscalía anunció a los jueces que integran la Sala de Cuestiones Preliminares, que había recibido una solicitud de Venezuela -del régimen-, con el objetivo de que la Corte Penal Internacional no continúe con las investigaciones, debido a que las autoridades venezolanas habían iniciado investigaciones sobre los presuntas violaciones de los derechos humanos. No sobra que anote aquí, porque es fundamental insistir en ello, que, desde entonces, ningún cambio sustantivo se ha producido en las prácticas de represión, castigo y persecución de personas y grupos sociales de Venezuela. El Estado torturador continúa irremediable. Las violaciones persisten, se reproducen, se amplifican, se hacen cada vez más descaradas. Los casos aumentan.
Entonces, y aquí está la motivación principal del artículo de hoy, el primero de noviembre de 2022 -hace menos de tres meses-, la Fiscalía presentó ante la misma Sala de Cuestiones Preliminares una petición para reanudar las investigaciones. La respuesta de la Sala, del 18 de noviembre, invita a las víctimas -es decir, a miles y miles de venezolanos, dentro y fuera del territorio, exiliados, perseguidos, presos políticos, así como a los familiares de todo este enorme grupo de víctimas, a presentar sus opiniones y observaciones sobre la mencionada solicitud de la Fiscalía y, además, y esto es lo fundamental, ordena “copilar las opiniones y observaciones de las víctimas”, para transmitirlas a la Sala, a más tardar el 21 de marzo.
Esto significa que las víctimas venezolanas de violaciones de sus derechos humanos, sin necesidad de tener un representante legal, sin ser un especialista, pueden narrar sus experiencias de forma directa, en condiciones de absoluta confidencialidad, a través de distintos mecanismos: consignando la información en una planilla muy simple, claramente diseñada, que puede rellenarse directamente en la web de la Corte Penal Internacional (Información para las víctimas de la situación de Venezuela I | International Criminal Court (icc-cpi.int), o bajarse en un PDF rellenable, y ser enviado por correo electrónico (a la siguiente dirección: VPRS.Information@icc-cpi.int). Estas son dos de las facilidades que la Corte Penal Internacional ha establecido, para que cada una de las víctimas pueda contar su historia, para que esta se incorpore a los procedimientos en curso. El único requisito es que se envíen antes del 7 de marzo.
¿Por qué es tan relevante que cada una de las víctimas consigne su testimonio y lo envíe? ¿Acaso no es bastante sabido que el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha violado los derechos de decenas de miles de ciudadanos venezolanos? Mi respuesta: lo deseable es que ningún caso quede sin ser registrado, evaluado y sumado al conjunto de los informes. Mientras más amplia y precisa sea la información en manos de los equipos técnicos de la Corte Penal Internacional, mayor será el alcance de las medidas que ese organismo deberá tomar en los próximos tiempos.
A los fiscales, a los jueces y a la opinión pública internacional hay que mostrar hasta qué extremo los secuestros, las desapariciones forzosas, las torturas, las extorsiones a los familiares, las violaciones y otras agresiones sexuales, las injurias y agravios verbales, las palizas recurrentes, los castigos desmedidos, el robo de las viviendas de los perseguidos, las constantes amenazas, la negación del derecho a la defensa, la persecución de los abogados, la prisión en sótanos y reductos inmundos, la comida podrida, la ausencia total de atención médica, la impunidad absoluta de los responsables, fueron y son expresiones de una política de Estado que seguía y sigue rigurosos patrones establecidos; que recibió y recibe ingentes recursos financieros y apoyo institucional; que recibió y recibe entrenamiento de agentes de otros países en los métodos de torturar y reprimir; y cuyo más alto eslabón en la cadena de mando estuvo y está en Miraflores y en el Alto Mando Militar.