Economistas advierten que un aumento salarial sustancial es inviable en las condiciones actuales, ya que aceleraría la inflación. También descartan una posible indexación de la remuneración al dólar, pues si no se aplica de manera razonable, podría desatar un nuevo ciclo de hiperinflación
Brian Contreras| TalCual
Tras 14 meses de espera, todo apunta a que finalmente los trabajadores de la administración pública recibirán el ajuste de salario por el cual presionaron con protestas de calle durante gran parte de 2022, ya que este próximo 1° de mayo, se espera el tradicional aumento del salario mínimo que el chavismo decreta cada Día del Trabajador, excepto por el año pasado.
A pesar de que las expectativas en torno al aumento salarial están en alza por el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Foro de Diálogo Social, parece que no se cumplirán las exigencias del sector laboral relativas a la reivindicación de los derechos laborales, el respeto a las convenciones colectivas y, especialmente, un sueldo digno que permita cubrir la Canasta Básica Familiar.
El contexto económico del país y las condiciones financieras del Estado dan todos los indicios para razonar que el aumento salarial se quedará muy por debajo del deseado por los trabajadores venezolanos y que defraudará también a los dirigentes sindicales que han propuesto montos que consideran viables.
Economistas consultados por TalCual coinciden en que un incremento sustancial del salario mínimo, al pagarse en bolívares, ocasionaría una vorágine inflacionaria por el incremento desmedido de la masa monetaria, con un Banco Central de Venezuela (BCV) que ya ha demostrado ser capaz de emitir dinero de forma ilimitada para pagar los compromisos salariales del Estado.
«Una limitante para aumentar el salario es la inflación. No basta solo con ver cuánto dispone el Gobierno para financiar el incremento, sino cuál va a ser el efecto en la circulación de bolívares, porque el Gobierno sigue pagando sueldos en esa moneda. Eso lleva a pensar que cualquier aumento de salario va a llevar un incremento de la masa monetaria», explica el economista de Ecoanalítica, Luis Bárcenas.
La gigante nómina del sector público, que supera los 8 millones de beneficiados entre empleados, militares y pensionados, impone una carga enorme para la deteriorada economía venezolana.
Actualmente, la liquidez monetaria reportada por el BCV para la segunda semana de abril era de 28.551 millones de bolívares; mientras que el salario mínimo de Bs 130 arropa apenas Bs 1.040 millones. Un incremento salarial como el que se especula, en torno a 30 dólares, implicaría un sueldo de Bs 742 para los 8 millones de beneficiarios, es decir, unos Bs 5.936 millones mensuales. Los bolívares dedicados al pago de nómina del Gobierno se quintuplicarían.
«Ya con esos 30 dólares, que es un escenario supuesto, hablamos de que estarías incrementando notoriamente la cantidad de bolívares en la economía, en un entorno en el cual el bolívar no goza de credibilidad por parte del venezolano. Nadie quiere ahorrar en bolívares. Obviamente, ese aumento va a llevar a mayor inflación», insiste Bárcenas.
El ajuste salarial previo se produjo en marzo de 2022 y la remuneración se fijó en Bs 130 aunados a Bs 45 por concepto de bono de alimentación. Estos Bs 175 equivalían, por aquel entonces, a unos $40 y constituyó un incremento de 1.700%. Sin embargo, en ese momento, no se tradujo en una aceleración de la tasa de inflación. El Gobierno contaba con fondos suficientes para asumir el impacto.
Un nuevo panorama se cierne en el marco de este aumento salarial en 2023, con una economía que empieza a entrar en recesión nuevamente tras un leve crecimiento hacia finales de 2021 y en todo 2022. A este contexto se suma una trama de corrupción destapada en Pdvsa que genera inestabilidad en una industria que de por sí quedó estancada en niveles de producción en torno a los 700.000 barriles diarios (b/d). En conclusión, el chavismo tiene problemas de caja.
«¿De dónde vienen los dólares del Gobierno? De exportaciones, fundamentalmente a China. Allí es que ha ocurrido el escándalo de corrupción. La estimación del propio Gobierno sobre cuánto facturó entre 2020 y finales del año pasado fue de unos 25.000 millones de dólares. De eso, una parte no la han logrado cobrar», explaya el experto petrolero Francisco Monaldi.
El también director del Centro de Energía y Medio Ambiente del IESA considera que las ganancias de Venezuela por renta petrolera deberían ser de aproximadamente $25.000 anuales para poder sustentar un aumento salarial sólido, pero esta es la cantidad de dinero que ha conseguido el Estado en los últimos tres años por la venta de hidrocarburos.
«Para que se pueda subir el salario mínimo de manera sustentable, que no genere inflación ni devaluación, deben incrementar las exportaciones», afirma.
Aproximación a un aumento salarial
Diversos planteamientos, solicitudes e incluso propuestas han surgido en los últimos meses, especialmente en el contexto del Foro de Diálogo Social que reúne a representantes de la empresa privada, organizaciones sindicales y autoridades del Gobierno bajo la mediación de la OIT.
Tras haber instalado esta instancia hace ya más de un año, los resultados están aún por verse en el cumplimiento de los convenios 26, 87 y 144, relativos a salarios, libertad sindical y diálogo tripartito, respectivamente.
En la última sesión del Foro de Diálogo Social, llevada a cabo a inicios de enero de 2023, se acordó instalar mesas técnicas con representantes de cada una de las partes que están negociando, con la finalidad de determinar un mecanismo que permita fijar un salario mínimo viable y sostenible en el tiempo, basado en indicadores macroeconómicos.
Jorge Roig, miembro del Consejo de Administración de la OIT y actor recurrente del Foro de Diálogo Social, ha recalcado durante las últimas semanas que las conclusiones de estas mesas técnicas serán presentadas al Gobierno, pero no tendrán carácter vinculante, pues solo el Ejecutivo puede decidir la fecha y el monto del salario mínimo.
En el seno de estas mesas técnicas han surgido diversas propuestas, como la difundida por la Central de la Alianza Sindical Independiente (ASI), que asoma la posibilidad de aprobar un aumento de salario que alcance los $200 mensuales.
El razonamiento de la Central-ASI es que una familia con al menos dos miembros activos laboralmente pueda cubrir la mayoría de los productos de la Canasta Alimentaria Familiar, que alcanzó los $510 según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Ni siquiera esta propuesta permite el cumplimiento de la Constitución, pues el artículo 91 establece que el salario mínimo debe tomar como referencia el costo de la canasta básica, otrora publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante la falta de datos de organismos estatales, actores como Cendas-FVM o el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) publican sus propias canastas alimentarias familiares con costos de entre $400 y $510.
El salario mínimo tendría que ser, entonces, superior a estos montos para garantizar que el trabajador pueda obtener los productos básicos para vivir dignamente. Por desgracia, estas cifras están fuera de consideración.
«La propuesta de ASI es bastante certera y se acerca a lo que debería ser el arranque de un salario mínimo para cubrir una parte de las necesidades del hogar, pero para que algo así suceda, tiene que darse una serie de grandes cambios políticos, económicos y sociales de gran calado. El énfasis no es tanto en el monto, sino en cambios estructurales que fomenten la productividad», comenta Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).
El economista argumenta que es imposible elaborar una estimación precisa de un posible salario mínimo debido a la opacidad que pone en práctica el Gobierno, pues se desconocen las estadísticas de los principales indicadores necesarios para establecer un monto coherente. A pesar de esta ausencia y en medio de rumores que circulan en los últimos días, Sutherland cree que el aumento podría ubicarse entre $30 y $60, en el mejor de los casos.
«Los rumores estiman que se pueda subir el salario a unos $30 con un bono de alimentación de $15 o $20. Quizás sea entre $40 a $60 en total, en el mejor de los casos. En el caso más bajo puede ser que sea $20 de salario y $10 de bono», amplía.
De cumplirse esta estimación, el ajuste no distaría mucho del que se aplicó el año pasado, pero esos $40 de remuneración integral acabaron por convertirse en apenas $6,87 tras 14 meses de devaluación del bolívar.
Indexación: un rotundo no
Entre las propuestas más comunes hechas por los trabajadores y organizaciones sindicales, figura la indexación del salario mínimo al dólar, según el tipo de cambio publicado por el BCV. De esta manera, una remuneración establecida en $30 hoy equivaldría a Bs 742 con un tipo de cambio en Bs 24,73 por dólar, pero si al cabo de unos meses el dólar sube de precio a unos Bs 50 por divisa, el salario anclado subiría a Bs 1.500 y seguiría traduciéndose en $30.
Pese a que esta podría ser una solución para evitar perder el poder adquisitivo debido a la inflación y a la devaluación del bolívar, economistas cuestionan la practicidad de esta política y consideran que podría dar paso a un ciclo hiperinflacionario.
«La indexación salarial es deseable. El asunto es que, mientras haya anarquía, desorden y capacidad de emisión de dinero sin respaldo infinita, esta sería la vía más expedita para una explosión hiperinflacionaria. Podría ser positivo si se amarran las manos del BCV para evitar que hagan emisiones y préstamos a empresas públicas», sostiene Sutherland.
Por su parte, Bárcenas considera que podría ser una solución, pero que en el contexto actual y ante las políticas aplicadas por el Gobierno, es poco razonable y parece inviable, ya que se seguirá incrementando la cantidad de bolívares circulantes en la economía sin confianza, que van a utilizarse para comprar dólares.
«Al indexar el salario al dólar, indexas los pagos que hace el Gobierno a las necesidades de las personas en términos de cómo evolucionan los precios. Si es un entorno en el que los precios siguen subiendo de manera muy agresiva, las personas exigirán cada vez más pagos. Eso solo va a ser factible si el Gobierno tiene fondos para pagar. Además, si se financia ese gasto en bolívares, por más que se indexe el salario al dólar, hablaríamos de una nueva emisión de bolívares adicional», subraya.
Una política de indexación en un entorno inflacionario no distaría mucho del mecanismo de incrementos constantes empleado por el Gobierno entre 2017 y 2019. En ese último año, Maduro decretó 10 aumentos y el poder de compra del venezolano con la nueva remuneración aguantaba apenas unos pocos días antes de que la hiperinflación disparase los precios mucho más arriba de las remuneraciones decretadas.