Venezuela es un país sumido por la imposición de un sin fin de leyes que en muchas ocasiones pueden parecer controvertidas y polémicas pero que, sin embargo, no dejan de tener características autoritarias, cuyo único fin es imponer la voluntad del régimen y castigar a quienes se le oponen.
Por: Infobae
Tal es el caso de una legislación dictada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por personajes fieles a la dictadura chavista que encabeza Nicolás Maduro y con la cual, pretenden sacar de su paso a cualquier ciudadano que puedan considerarse como disidente o que atente contra la estabilidad de la “revolución bolivariana”, aún cuando se trate de profesionales de la comunicaciones, bomberos, servidores públicos, estudiantes o incluso sacerdotes.
Esta norma lleva el nombre de “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” pero es normalmente conocida como “Ley contra el Odio” y fue aprobada por unanimidad -un clásico del régimen bolivariano- por la ANC y promulgada el 8 de noviembre de 2017.
La legislación fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones tales como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.
Gaceta de la «ley contra el odio» en Venezuela
Es prácticamente una obviedad que el principal objetivo era penalizar la disidencia política calificándola de delito, ya que la vaguedad de las definiciones en cuanto a las presuntas faltas que pretende castigar, restringe la libertad de expresión y el derecho a la crítica de los actos del régimen. Una amenaza que promueve la autocensura.
Desde que se impuso ilegalmente la normativa, ha cobrado varias víctimas a las que el régimen ha logrado silenciar por medio del amedrentamiento y la fuerza. Aquí, algunas de ellas:
El periodista encarcelado por reportar sobre el coronavirus
Uno de los casos más se destaca es el del periodista Darvinson Rojas, quien fue imputado por el Ministerio Público de la dictadura, por “instigación al odio e instigación pública”; delitos contemplados en la inconstitucional “ley” contra el odio, en una audiencia realizada el 23 de marzo de este año.
Rojas fue víctima de una detención arbitraria el pasado sábado 21 de marzo, cuando 15 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo sacaron de su casa por la presunta publicación de unos tweets con información sobre cifras del Covid-19.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el reportero logró denunciar que los efectivos llegaron a su residencia alegando que debía acompañarlos pues habrían recibido una llamada anónima que informaba que supuestamente estaba contagiado de Covid-19 y que de no acatar la orden, sería detenido.
El periodista les preguntó si tenían orden de allanamiento y los funcionarios respondieron: “Yo no necesito una orden de allanamiento (…) Mi jefe va a venir y no va a venir por las buenas”, informó Rojas a través de Twitter minutos antes de ser detenido.
La detención se llevó a cabo sin una orden, siendo un procedimiento completamente arbitrario en el que también se llevaron detenidos a los padres de Darvinson; Miriam Sánchez y Jesús Rojas, este último agredido en la cabeza durante el procedimiento. Siendo liberados horas más tarde, según reportó el medio local, El Pitazo.
Familiares de Darvinson se presentaron en un comando donde supuestamente estaba el comunicador, para constatar el estado de su hijo y al llegar les dijeron que allí no estaba detenido por lo que debían recorrer los centros de detención hasta encontrarlo.
Luego de 12 días, Rojas fue excarcelado con una medida cautelar por fianza, en la que se requirió la búsqueda de 4 fiadores que ya fueron entregados a la defensa, su presunto delito fue, haber publicado información irregular sobre el manejo del coronavirus en Venezuela, a través de sus redes sociales. Rojas no puede hacer uso de sus redes sociales porque están enlazadas a su teléfono celular, que es un elemento de prueba que tienen en su poder las autoridades que llevan a cabo la investigación de los hechos por el que es acusado.
Estudiantes presos
El pasado 8 de marzo fueron imputados los dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Andes (ULA) Jhohann Adolfo Lobo Goyo y Michael Efrén Labrador Ramírez en un Tribunal chavista en la ciudad de Mérida,al occidente del país.
La información fue confirmada por la ONG Foro Penal la cual asumió la defensa de los estudiantes de la Facultad de Derecho imputados por los supuestos delitos de “incitación al odio agravado, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego”, en concurso de delitos previstos y sancionados en la inconstitucional ley Contra el Odio.
En entrevista al medio digital El Pitazo, los abogados de la ONG informaron que la aprehensión de los estudiantes se efectuó el lunes 5 de marzo luego de que los jóvenes participaran en un programa de televisión para la Televisora Andina de Mérida.
En el programa los estudiantes hicieron un llamado a las autoridades a resolver el problema de transporte que vive la ciudad de Mérida hace algunos días producto de un paro que afectó las actividades académicas, al tiempo que llamaban a los estudiantes a una concentración en la Plaza Bolívar de Mérida donde protestarían contra la crisis humanitaria por la que está pasando el país.
Bomberos imputados “Contra el Odio”
Un Tribunal del estado Mérida, imputó a los bomberos Ricardo Antonio Prieto Parra y Carlos Julio Varón Gracia por el delito de “incitación al odio”, luego de que el fiscal Silvio Villegas realizara la solicitud el pasado domingo 16 de septiembre de 2019.
Durante la audiencia de presentación el fiscal, acusó a los bomberos por el delito de “incitación al odio con agravantes y solicitó la privativa de libertad”, según los mismos artículos 20 y 21 de la inconstitucional “Ley contra el Odio”, promulgada por la ilegítima ANC.
Pietro y Varón fueron detenidos por presuntamente grabar y difundir un video en el que parodian a Nicolás Maduro y lo comparan con un burro, al tiempo que denuncian el estado en el que se encuentra la estación y la falta de equipos de protección bomberil, por lo que fueron juzgados en prisión.
Trabajadores del Metro de Caracas, víctimas de la “Ley Contra el Odio”
Wuilis Florentino Rodriguez fue despedido cinco días después de que escribiera en su muro de Facebook que el salario que percibía como trabajador del Metro de Caracas no le alcanzaba para comprar detergente para lavar su uniforme; su queja según el presidente del Metro, el Mayor General (M/G) César Ramón Vega González ,”atenta contra el Manual de Ética y Buenas Costumbres que debe mantener un servidor público”. Basándose en ese argumento y en el artículo 20 de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” envió al trabajador una carta notificándole la decisión.
La carta de despido firmada por el militar con fecha del viernes 12 de enero, señaló que el operador cometió “faltas graves” a la relación laboral y que las mismas constituyen “causal de despido” tipificado en la legislación actual.
La publicación que le costó el puesto a Rodríguez decía lo siguiente: “12 años de servicios. Cobro Bs. 130.000 quincenales. Mi uniforme está sucio necesito ACE 1, salgo a buscarlo y son 195.000 Bs.” Seis días después usando el mismo medio el trabajador escribió: “a todos mis amigos, para que sepan, me votaron (sic)”.
El despido de este trabajador representa una violación al derecho a la libre expresión pues se castiga la opinión que emitió en su cuenta personal para comunicar su inconformidad ante una situación que lo afecta directamente, esto constituye un método para fomentar la censura previa.
Maduro silenció al Obispo de Barquisimeto
Para Nicolás Maduro el discurso pronunciado por el Obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe en una homilía, a propósito de la celebración del día de la Divina Pastora en Barquisimeto, estado Lara (centro occidente del país) constituyó un “delito de odio” por lo que pidió investigarlo.
En la homilía se pidió a la Divina Pastora, una virgen muy popular del país caribeño, que concentra la mayor procesión mariana de América Latina, librar a Venezuela de “la peste” de la corrupción política que en la opinión del Obispo, llevó al país “a la ruina moral, económica y social”. Dicha petición resultó ser para el dictador un “discurso de odio” e instó al Fiscal General, al Defensor del Pueblo (ambos designados por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente), al Contralor General y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen atender esta denuncia en medio de su presentación de la memoria y cuenta transmitida en cadena nacional.
“Uno de ellos nos llamó a todos nosotros peste, llamó al pueblo chavista peste. Habría que ver (…) si las palabras emitidas por algunos de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio”, expresó.
Durante su alocución Maduro se refirió a los sacerdotes como “diablos con sotana” y dijo que la intención del discurso es “generar enfrentamiento entre los venezolanos: violencia, muerte, exclusión y persecución” y demuestran la “maledicencia” de los funcionarios católicos, “su maldad, su veneno, su odio, su perversidad”.
Los sacerdotes hostigados
El obispo auxiliar de Caracas, Tulio Luis Ramírez y el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, Miguel Acevedo, también fueron acusados de “instigar al odio” luego de las misas que ofrecieran el pasado 02 de febrero de 2018.
El portal Correo del Caroní aseguró que la acusación contra Acevedo es consecuencia del respaldo que el Padre ha realizado a la postura en rechazo a la convocatoria de elecciones realizada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el año 2018, cuando Maduro se reeligió de manera irregular, al tiempo que la del obispo Ramírez corresponde a que el sacerdote ha calificado la situación alimentaria del país como “hambruna”.
Aleteia en su portal informó que desde el miércoles 14 de febrero de ese año grupos oficialistas fueron instalados en las afueras de la parroquia asediando el desarrollo de las actividades “antes, durante y después de cada misa le dicen al padre Miguel todo lo malo imaginable. Al salir la mayoría de personas, unas damas agredieron a alguien que les contestó al ir de salida”.
El sacerdote José Virtuoso (c) habla con la prensa durante la jornada de elecciones presidenciales en Caracas (Venezuela).
El sacerdote José Virtuoso (c) habla con la prensa durante la jornada de elecciones presidenciales en Caracas (Venezuela).
La ley de Maduro ha llevado sus tentáculos hasta los medios de comunicación digitales y del interior del país, forzados a cerrar debido a que su contenido no va en sintonía con los caprichos de la dictadura. Algunas de las excusas han sido darle cobertura a las actividades del presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó quien además es reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países.
La gobernadora del estado Monagas, al oriente del país, Yelitza Santaella y el alcalde de Maturín, capital de la entidad, Wilfredo Ordaz pidieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de la dictadura, que sancionara a los medios locales, luego de que hicieran cobertura de la manifestación que se llevó a cabo en la región el pasado 23 de enero. Santaella acusó a los medios de “incentivar la violencia y la desinformación “, por transmitir e informar sobre los hechos que ocurrieron esa jornada en la que 942 personas fueron asediadas por casi 6 horas por colectivos chavistas y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía de Monagas quedando atrapados en una Catedral. Por su parte, el alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, solicitó el cierre de los medios La Verdad de Monagas, Monagas Visión y Sonora 99.3 FM, por “haber incitado al odio” durante transmisión informativa del 23 de enero
Durante una rueda de prensa ofrecida por el alcalde del municipio Maturín amenazó a La Verdad de Monagas, Monagas visión y a Sonora 99.3 FM de cerrarlos “por haber incitado al odio y la violencia” también por informar sobre la arremetida y la represión llevada a cabo por los funcionarios de la fuerza pública el pasado 23 de enero.
Esta legislación aun hoy sigue vigente y sigue persiguiendo a todo aquel que manifieste su inconformidad contra la dictadura impuesta por el régimen