El día 24 de septiembre del presente año 2023 nuestra sociedad fue sacudida por la noticia de la toma, desalojo y demolición de la famosa cárcel de Tocorón, situada en el municipio Zamora del estado Aragua. Esta cárcel se había convertido en el modelo de la política penitenciaria y de seguridad de la revolución bolivariana.
Si algún analista de políticas de seguridad quiere evaluar, en términos reales, cómo han sido a lo largo de los últimos 23 años los principios, elementos y contenidos del sistema penitenciario y de la forma como la cúpula roja trata al mundo del delito, sólo debe examinar lo ocurrido en este centro penitenciario.
He sostenido, y este desalojo así lo corrobora, que desde el mismo momento de la instalación de la revolución bolivariana en el poder, se generó de forma deliberada una relación de tolerancia, connivencia y apoyo a delincuentes y grupos delictivos. A mediados de 1999 recibí la primera señal de lo que sería una política sostenida en el tiempo. Un personaje del mundo delictivo, conocido en mi ciudad natal por su prontuario criminal, apareció en diciembre de 1999 por varios espacios de esa comunidad exhibiendo credenciales como integrante de la escolta presidencial. El conocido delincuente exhibía y se ufanaba de su armamento, ahora oficial.
Luego empezamos a conocer los grupos de choque, bautizados como “círculos bolivarianos”, donde hacían vida activa sujetos de reconocida trayectoria delictiva. Estos personajes fueron utilizados para tomar una serie de edificios en el centro de Caracas e instalados allí con carta blanca para delinquir, pero con la precisa instrucción de enfrentar violentamente cualquier manifestación ciudadana que se hiciera presente para ejercer el derecho a la protesta exigiendo atención del poder público.Es decir se constituyó un círculo de protección del epicentro del poder, con activistas armados, pranes y delincuentes, para luego hacer la propaganda de la defensa de la revolución por los ciudadanos. Esto deriva luego en los llamados colectivos, grupos violentos constituidos para ejercer la violencia contra los sectores sociales no alineados con el poder.
Esa política de introducir a los grupos delictivos como factores de defensa de la revolución los llevó a la creación de las llamadas “Zonas de Paz”, que no ha sido otra cosa que la autorización del gobierno para que determinados espacios urbanos y rurales estén bajo el control de delincuentes vinculados con la revolución, a los que se les asignaba la tarea de defender el proceso ante cualquier tentativa de rebelión que pudiese afectar su estabilidad. La situación se les salió de las manos, por los graves excesos cometidos, hasta que se vieron obligados a someterlos con el uso de la fuerza pública. Esto fue lo que pasó con los conocidos casos de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, alias Wilexis, en Petare y Luis Revete, más conocido por su alias el Koki, en la Cota 905, en pleno centro de Caracas.
Esa utilización de los sectores delictivos para la violencia política se extendió a una permisividad con los mismos en las cárceles. Estas dejaron de ser los centros destinados al castigo y corrección de los ciudadanos infractores de la ley para convertirse en centros para la planificación del delito, captura y formación de nuevos delincuentes y lugar para la lujuria, la prostitución, drogadicción, esclavismo y violación de todo tipo de derechos.
Ese era el caso de Tocorón. Una cárcel que poseía piscinas, zoológico, canchas deportivas, pequeñas viviendas privadas, restaurantes, estadio de beisbol, gallera, locales de expendio de drogas, motocicletas y armas de fuego. Dicho centro era controlado por un personaje del mundo del delito, que protegido en dicho búnker dirigía una agrupación criminal que operaba en varios países de Suramérica.
Mientras los más peligrosos delincuentes tenían esas comodidades en Tocorón, y la siguen teniendo en otros penales, los presos políticos son sometidos a torturas, vejaciones y privaciones; y son recluidos en las más precarias condiciones tanto en el Helicoide, como en La Tumba de Plaza Venezuela, así como en otros centros de reclusión.
El régimen socialista es tolerante y encubridor de los grupos delictivos, pero es severo y vengador cuando se trata de un preso político, hasta el punto de haber llegado a torturas que han producido muerte y dolor en la familia venezolana. Apenas ayer recordamos el 5º aniversario de la muerte, en la sede del Sebin en Plaza de Venezuela, del concejal de Caracas Fernando Albán.
Venezuela necesita recuperar la honestidad y la seguridad. Necesitamos someter a la ley a los grupos delincuenciales y liberar a los presos políticos. Hay que tener verdaderas cárceles para castigar a los delincuentes y cerrar las mazmorras donde se recluyen, torturan y vejan a quienes luchan por la libertad, los derechos humanos y la democracia.