«¡Defender derechos no es terrorismo!», coreaban este jueves manifestantes que exigían la libertad de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión en Venezuela acusados de «conspiración», así como la de otros activistas encarcelados en este país.
La sentencia del pasado 1 de agosto contra Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín será apelada «próximamente», informó a la prensa Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho, durante la manifestación frente a la sede principal del Ministerio Público, en Caracas.
«Solicitamos cesar los procedimientos judiciales» que buscan «coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la justicia militar», expresó Oropeza al leer un documento entregado a la Fiscalía.
El texto pide «la liberación inmediata de todos los defensores y defensoras de derechos laborales que permanezcan detenidos por ejercer la actividad sindical».
Los seis activistas fueron arrestados en julio de 2022, cuando el país caribeño vivía manifestaciones en exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales del sector público. Se les enjuició por «conspiración» y «asociación para delinquir».
El salario mínimo en Venezuela equivale a menos de 5 dólares mensuales, complementado por bonos estatales de alrededor de 65 dólares. El costo de la canasta alimentaria, en contraste, sobrepasa los 500 dólares, según estimaciones privadas en un país azotado por la inflación.
El fiscal general, Tarek William Saab, defendió el procedimiento judicial: «¿Por qué ponerle el ropaje de líderes sindicales a personas que fueron detenidas por labores conspirativas?».
Saab vinculó a los condenados con «un militar desertor, prófugo, en Colombia», Angelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional que se fugó en 2019 de una prisión militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.
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A raíz del caso, expertos de la ONU consideraron que Venezuela hace un «abuso crónico» de leyes antiterroristas «contra quienes defienden los derechos de los trabajadores». El gobierno de Nicolás Maduro, en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, tildó de «irresponsables» esas afirmaciones.
El documento difundido este jueves por familiares de los condenados y activistas llama a investigar asesinatos de dirigentes sindicales y amenazas.
Dos sindicalistas fueron asesinados en 2022 de acuerdo con la ONG de derechos humanos PROVEA, que documentó 44 muertes de defensores de derechos laborales entre 2015 y 2020.
AFP