El proceso judicial contra Javier Tarazona, un destacado defensor de derechos humanos que fue arrestado en Venezuela en julio de 2021 y acusado de terrorismo, ha comenzado nuevamente por tercera vez este martes. La defensa ha presentado una solicitud para anular el proceso.
A pesar de la apelación presentada para anular el caso que mantiene a Tarazona en prisión, el tribunal ha convocado una nueva audiencia para el 5 de diciembre.
Tras la conclusión de la audiencia, el abogado defensor Miguel Forero afirmó: «Este es un juicio político. Las acusaciones son generales y no se presentan hechos concretos. Es una situación inverosímil».
El primer juicio contra Tarazona fue programado para agosto de 2022 después de 13 aplazamientos, pero fue interrumpido en octubre debido al incumplimiento de los plazos legales para su continuidad. El segundo juicio, que comenzó en diciembre de 2022, sufrió un destino similar.
Tarazona, conocido por su papel en la denuncia de enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos guerrilleros en las zonas fronterizas, está siendo juzgado junto con otros dos activistas por cargos de «terrorismo», «incitación al odio» y «traición a la patria».
Su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, ambos miembros de FundaRedes, la ONG que preside, también están siendo juzgados, pero se encuentran en libertad con la obligación de presentarse ante los tribunales cada 15 días.
Tarazona es una de las figuras más destacadas de los aproximadamente 300 «presos políticos» en Venezuela, según las organizaciones de derechos humanos, que también han solicitado su liberación Amnistía Internacional.
Con presencia en la mayoría de los estados fronterizos, FundaRedes ha alertado en repetidas ocasiones sobre los enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos y el ejército venezolano. La organización ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de albergar a líderes guerrilleros colombianos en territorio venezolano y ha afirmado que hay vínculos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La frontera entre Venezuela y Colombia, que se extiende por más de 2.200 kilómetros, es porosa y se ve afectada por el narcotráfico, el contrabando y la presencia de grupos armados.