La Administración Trump ha recurrido a la tecnología del ADN para ayudar a localizar y detener a inmigrantes, incluidos niños, pero defensores de los derechos humanos afirman que ha tardado en explicar cómo utiliza y supervisa la información genética.
Tres grupos demandaron este lunes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) tras intentar obtener información sobre el programa de recopilación de datos desde el verano pasado, durante la Administración Biden.
Los demandantes son el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown, que forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown y se centra en la legislación y las políticas de privacidad y vigilancia; el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice, ambos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
Los grupos detallaron en su demanda las solicitudes presentadas al DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) sobre la recopilación de muestras de ADN de personas que no son ciudadanas desde el 1 de agosto de 2024.
Desde 2020, el DHS ha ampliado su programa de recogida de ADN y ha aumentado en un 5,000% las aportaciones de ADN a la base de datos del FBI, denominada CODIS, y se ha convertido en el mayor contribuyente, según el centro de Georgetown. La base de datos de ADN del FBI es accesible a los departamentos de policía de todo el país para investigaciones criminales, afirmaron los grupos demandantes en un comunicado.
Stevie Glaberson, director de investigación y defensa del centro de Georgetown, declaró en un comunicado que el DHS está ampliando su base de datos «recogiendo ADN de personas que no han sido acusadas de ningún delito y sin operar con ninguna de las restricciones que se supone que deben existir antes de que el Gobierno obligue a alguien a entregar su información personal más sensible».
Afirmó que los estadounidenses merecen más visibilidad sobre el programa y que la falta de transparencia del DHS es inaceptable.
El DHS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Daniel Melo, abogado sénior del Immigration Impact Lab de Amica, declaró a NBC News que las administraciones anteriores también habían recogido muestras de ADN. Una ley de 2005 obligaba a las agencias federales a recoger el ADN de las personas detenidas, incluidos los no ciudadanos.
Antes de 2020, el Departamento de Justicia había comunicado al DHS que sus agentes de inmigración y fronterizos no tenían que recoger de forma rutinaria el ADN de todos los no ciudadanos detenidos, según Melo. La Administración Biden adoptó normas que exigían el pleno cumplimiento de la ley de 2005, pero varios denunciantes y un organismo de control gubernamental se quejaron de que el cumplimiento era desigual.
La orden ejecutiva Securing Our Borders (Protegiendo nuestras fronteras), firmada por el presidente, Donald Trump, exige a la fiscal general y al DHS que cumplan los requisitos sobre la recogida de ADN de los no ciudadanos establecidos en la ley de 2005.
«Recopila información sobre todo el mundo»
Los grupos de defensa de la privacidad y los derechos civiles critican desde hace tiempoel programa de recolección de ADN del Gobierno. Melo afirmó que el público debería preocuparse sobre si se informa a las personas de sus derechos y sobre cómo se recopila y se usa la información.
«Esta información podría utilizarse de todo tipo de formas para trazar un mapa completo de comunidades, básicamente para construir una red de vigilancia más intrincada en torno a las comunidades de no ciudadanos», afirmó Melo.
Afirmó que si el DHS puede seguir recogiendo el ADN de los no ciudadanos, esencialmente «experimentando» con ellos, «entonces podrá perfeccionar estas tecnologías y desplegarlas de formas nuevas e interesantes, y probablemente muy peligrosas y aterradoras, sobre el resto de nosotros».
Emily Tucker, directora ejecutiva del centro de Georgetown, afirmó en un comunicado que «es un error considerar el programa de recogida de ADN del DHS como una medida de «control de la inmigración’».
«Trump está utilizando los poderes de inmigración para justificar las actividades de su fuerza policial federal militarizada porque hay muy poca supervisión institucional o judicial o rendición de cuentas sobre medidas ejecutivas que invocan la ‘autoridad de inmigración’», afirmó en un comunicado. «Este programa es parte de una red de vigilancia masiva que recopila información sobre todo el mundo. La utilizarán para deportar, pero también para intimidar, silenciar y perseguir a cualquiera que consideren enemigo».