Rogelio Altez, antropólogo e investigador del impacto de los desastres en la sociedad venezolana y José Luis López Sánchez, coordinador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la UCV, coinciden en que las lluvias en Venezuela tienen una regularidad estacional que puede identificarse y medirse, pero hay fallas institucionales del Estado que obvian hacer el registro del comportamiento de la naturaleza y desarrollar políticas públicas, incluyendo que no hay cultura preventiva. En las zonas urbanizadas aumenta la vulnerabilidad, pues los asentamientos se levantan en cauces aparentemente abandonados por los ríos, hasta que estos regresan reclamando sus rutas
Roison Figuera / TalCual
Apenas cae la lluvia, la catástrofe llega a la memoria de los venezolanos. A medida que la nubosidad anuncia las precipitaciones, el miedo se instala, comienzan a llegar recuerdos de las vivencias trágicas o las referencias de las que ha vivido el país con resultados de muertos y cuantiosas pérdidas materiales.
El 8 de octubre pasado en Las Tejerías, estado Aragua, se produjo un deslave como consecuencia de las precipitaciones intensas asociadas a la Onda Tropical número 41. A una semana de esta tragedia, se produjo este lunes 17 de octubre otra, a 65 kilómetros, en el mismo estado Aragua.
Solo en Las Tejerías se contabilizan 54 personas fallecidas, según afirmó Nicolás Maduro la noche del 17 durante su segunda visita a la zona de desastre. Allí confirmó la muerte de tres personas más a causa de la riada que, horas antes, arrasó la urbanización El Castaño en Maracay.
El 17 de octubre, el río El Castaño atravesó la urbanización del mismo nombre, habitada por familias de clase
La crecida de la quebrada Los Patos arrasó entre la noche y la madrugada del 8 y 9 de octubre con unas 400 viviendas que fueron completamente destruidas y un número igual con afectaciones parciales. El gobierno declaró la zona en emergencia, pidió redoblar esfuerzos en los trabajos de limpieza y reconstrucción y prometió que ningún habitante se quedaría sin casa.
No es la primera vez que ocurren desastres como este. En septiembre de 1987, también en Maracay, se produjo un deslave procedente del Parque Henri Pittier, que dejó un centenar de muertos y el triple de heridos por el desbordamiento del río El Limón que atravesó varias zonas urbanas. 12 años más tarde, se produjo la tragedia de Vargas, el 15 de diciembre de 1999.
Por ser la más reciente y catastrófica, la de Vargas es la más evocada. Las cifras oficiales de muertos nunca se precisaron, oscilaron entre 15 y 50 mil personas. La brecha, según la investigación de Rogelio Altez, «es un indicador de la imprecisión resultante y de la ausencia de sistematización en el abordaje del caso».
Existen registros de que en la misma zona del litoral central hubo eventos similares en 1938, 1948 y 1951, pero fueron de menor intensidad y no causaron tanto daño porque la población no se había extendido.
Hay más. En 2021, por desbordamientos de ríos en El Valle del Mocotíes, en el estado Mérida, unas 20 personas murieron. El año anterior, en el mismo lugar, ocurrió un evento parecido, pero menos fatídico y 15 años antes fueron 500 los fallecidos en lo que se denominó como la Tragedia del Mocotíes.
El desbordamiento de ríos y la anegación de arterias viales, apenas llueve, desmienten los planes preventivos que el gobierno dice ejecutar. Venezuela arrastra fallas significativas en su sistema de gestión de riesgos y una irrisoria, por no decir inexistente, cultura preventiva.
De espaldas a la realidad y el riesgo
«Los desastres no son naturales, por más que intervengan fenómenos naturales. Son el resultado de procesos históricos, sociales y materiales», asevera Rogelio Altez, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) quien se ha dedicado a investigar el impacto de los desastres en la población venezolana.
Altez dice enfático que pese a los hechos históricos, la sociedad venezolana está de espaldas a la realidad y a las condiciones naturales en las que se asienta. «Nuestra relación con la naturaleza es el resultado de la forma a través de la cual esta sociedad ocupa los espacios».
Opina que Venezuela, como otros países de la región, ha construido su sociedad y su memoria colectiva basada en la Independencia, la historia política, las batallas y los héroes sociales, y excluye la relación con la naturaleza, todo dirigido desde el Estado a través de los procesos de educación formal y del discurso oficial.
El aumento de la población urbana intervino progresivamente espacios de ríos y quebradas. Las bases de miles de hogares se levantaron con el peligro al acecho y la venia de los gobiernos.
«No aumenta el fenómeno sino la vulnerabilidad. De manera que cuanto más espacios en riesgos produzcas, evidentemente habrá más probabilidades de que haya un desastre».
Los procesos de asentamiento también responden a intereses, explica Rogelio Altez, magíster en Historia de las Américas. Detalla que cuando se piensa en desarrollos formales como urbanizaciones o infraestructuras están asociados (los intereses) a las políticas públicas que permiten formalmente los asentamientos. También existe la conveniencia por parte de quienes invierten en el desarrollo de las viviendas o infraestructuras donde «detrás de la política pública hay inversiones de capital que tienen acceso a contratos con el Estado».
Otro problema fundamental en los procesos de asentamiento es cómo se ocupan los espacios informales, es decir, las viviendas autoconstruidas en ciertos lugares que representan riesgos.
«Eso, sin duda, es el resultado de procesos de desigualdad, problemas en la distribución y acceso a la riqueza que, además, son históricamente permitidos (construcciones informales). Cuando se construye un barrio asentado en zonas de riesgo, lo que tienden a hacer los Estados es a formalizarlo, consolidarlo, entregar servicios y contribuir con la infraestructura, de manera que estos asentamientos informales cuentan y han contado históricamente con la venia de los gobiernos. De alguna forma, el Estado ampara también ese tipo de desarrollos», explica Altez.
Ausencia de políticas públicas
José Luis López Sánchez, investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la UCV, coincide con Altez en la idea de que la permisividad que se ha mantenido en la construcción de viviendas en lugares de riesgos es una de las principales fallas que mantiene a la nación cojeando en cuanto a la gestión de riesgo.
López Sánchez, también Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es autor del libro Los aludes torrenciales de 1999 en Vargas. 20 años después. Asegura que este año el país ha tenido más lluvias de lo normal. A la temporada se ha sumado el efecto del fenómeno «La niña» que implica más precipitaciones y el paso de ondas tropicales provenientes del este.
Precisa que existen leyes como la Ley de Ambiente y Gestión de Riesgos; la Ley de Bosques y Gestión Forestal y la de Hidrología y Meteorología; así como la creación de instituciones tales como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y el Viceministerio de Gestión de Riesgos, pero en la práctica no hay correctivos.
«Vivimos una ausencia de políticas públicas. La red de hidrometeorología está reducida por vandalismo, falta de mantenimiento y fuga de talentos». El experto indica que la gestión de riesgo debe ser articulada, con el apoyo de las comunidades organizadas, las academias y universidades e instituciones públicas.
«Es como un trípode. Si uno falla, el aparato se hace inefectivo. Aquí falla la gerencia, la parte que a veces es incapaz de generar sinergia porque privan más los criterios políticos que los técnicos».
José Luis López Sánchez, ha sido asesor en ingeniería hidráulica en varias instituciones públicas y privadas (MARN, LNH, Cltec, Prohidra, Cigir) y atribuye el declive en la gestión de riesgos a fallas institucionales. Pone como ejemplo que en 2021, cuando ocurrió el deslave en Mérida, no se midió cuánta lluvia cayó. En 2005 sí se hizo ese trabajo. Afirma que tener una medición hidrometeorológica es fundamental para una eficiente gestión de riesgos, pero muchas estaciones de medición han dejado de operar.
«Ha habido un declive importante. Un libro del Ministerio de Ambiente señala que en 2005, de los recursos hídricos, aparecían registradas una 630 estaciones hidrometeorológicas. Ahora, entro al blog de Inameh para tratar de ver cuántas y cuáles están operativas y son —al menos en lo que se muestra— unas 85, que no se sabe si esa es la realidad». De ser verídica la cifra, la reducción del número de estaciones operativas «es una catástrofe». Urge a que se instalen estaciones telemétricas que transmitan en tiempo real y sirvan para hacer alertas.
«Cuando la lluvia llega a un cierto valor crítico en cuanto a intensidad o duración, en ese momento se debería dar un alerta», subraya José Luis López Sánchez.
Rogelio Altez y José Luis López Sánchez coinciden en que las lluvias tienen regularidad estacional que puede identificarse. No obstante, señala Altez que en Venezuela esa regularidad del comportamiento de la naturaleza no queda registrada de ninguna manera «aun cuando somos una sociedad que se asienta dentro de un contexto natural».
El antropólogo recuerda que hay una inmensa cantidad de pueblos y ciudades que se asientan sobre laderas inestables, cauces de ríos y quebradas. por lo que se registran hechos similares a causa de las mismas condiciones. «Si te pones a ver, en todos los sitios del país donde se ven las mismas condiciones geomorfológicas y sobre ellas hay asentamiento, hallarás registros de eventos por el estilo».
Deslave precolombino en Caracas
José Luis López Sánchez apunta que la ciudad capital corre el riesgo de que se produzcan aludes torrenciales y hay evidencia de que uno grande ocurrió por los años 1300 en la época precolombina, que depositó en el valle de Caracas 30 millones de metros cúbicos de sedimentos, en las zonas donde hoy se ubica a las urbanizaciones Los Palos Grandes y Altamira. Comparado con la tragedia de Vargas, que movió 20 millones de metros cúbicos de sedimentos, el fenómeno de hace 700 años fue mucho más grande.
«Es necesario protegernos de las quebradas de la montaña. Por el flanco sur (de la cordillera) hay como unas 15 que atraviesan la Cota Mil y drenan y confluyen por el lado izquierdo al río Guaire. Por el lado derecho hay menos. Están: La Vega, Caricuao, el río Valle y la quebrada Baruta», enumera.
El coordinador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la UCV urge a las instituciones a que revisen las alcantarillas de Caracas que cruzan la Cota Mil, porque se han producido obstrucciones que causan desborde de los flujos, al igual que todos los cauces de las quebradas.
«Lo ideal sería que en el período que no es de lluvia (enero y abril) se haga el trabajo de las quebradas y el sistema de drenajes secundarios, aunque estos trabajos también se deberían realizar inmediatamente después de una creciente debido a los sedimentos que pueden concentrarse».
López recomienda «preparar y educar a la población sobre cómo enfrentar estos desafíos». «Eso es una deuda que se puede pagar porque el Estado tiene los medios para hacerlo. Elaborar campañas con las comunidades, pero para eso debe haber una buena disposición de las autoridades, una visión integral, más técnica y académica».
Por otra parte, expone que en Caracas, el río Guaire es un drenaje natural, pero atribuye las inundaciones que produce a que su cuenca actualmente es diferente a la que existía cuando se canalizó en los años 60. «Su estudio hidrológico se hizo en 1959». Medio siglo después, la del Guaire es una cuenca con asfalto y los caudales urbanos que llegan a él tras las lluvias son mayores e igual a las quebradas.
Para prevenir inundaciones, es necesario finalizar la canalización que comienza un cauce natural en Puente Baloa, en Petare, al extremo este. A partir de ahí hay muchas curvas y, por lo tanto, mayor producción de sedimentación, explica el experto.
«Eso hace que se desborde el río en el barrio La Línea, en Petare, porque el río no tiene capacidad de conducción. Hay que dragar toda la canalización del Guaire desde la California hasta La Línea y continuar la canalización del Guaire hasta Pablo VII.
Es más, de acuerdo a declaraciones dadas a TalCual a inicios de octubre, el ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital José María de Viana, señaló que Caracas «es de los sitios del país donde hay más larga historia de filtraciones»; alertó que «nadie limpia los drenajes» y una evidencia de ello es que las lagunas que se forman en el distribuidor Altamira, al este de la autopista Francisco Fajardo, son recurrentes desde al menos ocho años atrás.
De Viana recordó que en Caracas, antes de la llegada del chavismo, se planificaba para enfrentar los fenómenos naturales. «La mayoría de las precipitaciones en Caracas ocurren entre junio y diciembre. Ahí se concentra casi 80% de las precipitaciones. En la planificación, durante los meses de sequía, hay que preparar la llegada de las lluvias. Estas discurren por drenajes naturales que son las quebradas y también por los conductos que se han construido, son tuberías que llevan el agua desde donde caen hasta el Guaire o sus afluentes», explicó.
«La ciudad se preparaba para que esos eventos no causaran daños. Si bien hay consecuencias inevitables, en el caso actual hay que decir que los drenajes de las vías principales no están funcionando. Nadie limpia los drenajes», subraya.
La vulnerabilidad no se soluciona con decretos
Rogelio Altez insiste en que Venezuela no es el único país en el que la ciudadanía no tiene una relación de adaptación con el contexto natural en el que se asienta; de allí que los países desarrollen instituciones y políticas públicas e institucionales para atender este tipo de problemas y minimizar los riesgos. «En muchos casos se han desarrollado buenas políticas, estudios y estrategias; pero, otra vez: los intereses de los Estados van por otro lado, y este tipo de inversiones no son entendidas como inversiones necesarias o gastos públicos».
«Evidentemente, las soluciones mágicas no existen, por lo tanto, del mismo modo que la pobreza no se resuelve regalando dinero, la vulnerabilidad tampoco se resuelve reforzando o regalando una vivienda. Hablamos de procesos sociales profundamente históricos, de desigualdad y desequilibrios materiales que no se resuelven por decretos, sino que hay que entender a la sociedad para identificar cuál es problema, comprender el fondo del asunto y alcanzar una solución».
Altez explica que para hacer una estrategia que cambie la cultura de una sociedad acostumbrada a construir sus viviendas en zonas inseguras, primero «pasa por la responsabilidad del Estado y cómo alcanzar las herramientas más eficientes para que la sociedad entienda esto». Si no hay interés al respecto, aunque haya conocimiento y diseño de las estrategias, simplemente no se ejecutan, zanja el experto.
También dice sin rodeos que hay corresponsabilidad en las comunidades. «Más allá de verlas como víctimas y damnificadas —que lo son materialmente—, también son reproductoras generacionales de esos asentamientos». Recuerda que ha habido registros de que tras eventos como la tragedia de Vargas, muchas familias y asentamientos que fueron desplazados regresaron.
«Me atrevo a decir que 95% de las personas retornaron a su vivienda destruida, para reconstruirla y volver a asentarse sobre la misma región y volver a convivir en el riesgo, incluso independientemente o en contra de las decisiones públicas, a veces mal tomadas y mal ejecutadas, pero en otros casos también planteadas frontalmente», añade.
Además, Altez considera que el costo político del desplazamiento o arrase de un lugar es muy alto para cualquier Estado, y sobre todo cuando está totalmente concentrado en intereses políticos. Con este panorama no habría forma de contener o advertir, sino más bien de acompañar a los desplazados en el proceso de retorno.
El investigador plantea que los desplazados internos se han convertido en retornados porque en buena medida ninguna de estas familias encontró los recursos necesarios para reproducir su vida de manera exitosa, como tampoco los recursos subjetivos para poder asentarse en un nuevo lugar.
A su juicio, darle una vivienda a alguien que la perdió y ubicarlo en otro lugar no es del todo una solución. Argumenta que pasa por pensar cómo intervenir estos procesos de profunda data histórica, de asentamientos en lugares inseguros y en el proceso de producción de riesgos.