El referendo revocatorio es un camino transitado por la oposición venezolana desde 2004, cuando Hugo Chávez obtuvo la victoria. Ese pedregoso camino también se recorrió en 2016, pero el proceso no llegó a concretarse. En mayo de este año, sectores de la oposición pidieron al CNE abrir las vías para un revocatorio contra Nicolás Maduro
El referendo revocatorio es un camino transitado por la oposición venezolana desde 2004. Un camino empedrado que también recorrió en 2016. Aunque en el primer caso el proceso contra el expresidente Hugo Chávez se concretó, el resultado no fue favorable para sus adversarios.
En el segundo caso, en 2016, mediante decisiones judiciales, el revocatorio fue truncado y no se realizó la consulta sobre el mandato de Nicolás Maduro.
En mayo pasado, sectores de la oposición y miembros de la sociedad civil dieron los primeros pasos para solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Asamblea Nacional (AN) oficialista, activar un revocatorio del segundo mandato de Maduro, para el cual fue electo en los cuestionados comicios de 2018.
“Nos hemos organizado en un movimiento que se llama Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) para solicitar el inicio de este proceso con el único objetivo de que el pueblo venezolano pueda decidir libremente su destino”, expresó César Pérez Vivas, exgobernador de Táchira, el 25 de mayo.
El 7 de junio, un grupo de exministros de Chávez solicitó al Poder Electoral pronunciarse urgentemente sobre el revocatorio. A la luz de estas peticiones, TalCual refiere los aspectos clave de los procesos de 2004 y 2016 y la forma como fueron enfrentados desde la revolución.
El revocatorio como mecanismo de participación debutó en la Constitución de 1999. En el artículo 72, la Constitución establece que los cargos de elección popular son revocables. De allí que, transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido un funcionario, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
Revocatorio de 2004
Tras los sucesos de abril de 2002 y el paro petrolero, la oposición venezolana, agrupada en la Coordinadora Democrática, activó el mecanismo del revocatorio.
Fue así como el 3 junio de 2004, el CNE informó que la coalición opositora contaba con las firmas necesarias para pedir un referendo revocatorio contra Hugo Chávez, el cual fue convocado para el 15 de agosto de ese año.
El anuncio fue hecho con los resultados preliminares del proceso de reparación de firmas para la realización del revocatorio presidencial. De acuerdo con el ente comicial, se aprobaron 2.553.051 firmas válidas, 116.968 más de las requeridas para activar el referendo. En el revocatorio, Chávez obtuvo la victoria que le permitió seguir en el poder con el 59,1 % de los votos.
En el camino, la oposición enfrentó varios escollos.
“El referendo revocatorio presidencial fue un evento electoral novedoso para Venezuela. El proceso se vio afectado por irregularidades, demoras, politización e intimidación”, registró el Centro Carter en su informe de observación luego del proceso.
Súmate reportó que la actualización del Registro Electoral (RE) se realizó sin la aplicación de los controles requeridos, generando diversos errores «que impidieron el voto a miles de venezolanos, y en franca violación a la Ley de Sufragio y Participación Ciudadana». La organización no gubernamental recordó que la ley prohíbe explícitamente cambios en el Registro en los 90 días previos a cualquier evento electoral.
Asimismo, denunció que durante la etapa de recolección de firmas se obstaculizó el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, limitando el número de planillas, de centros y de días para firmar, negando la posibilidad de firmar en el exterior del país e imponiéndose una “serie de irregularidades que atentaban contra el libre derecho de promover una iniciativa ciudadana”.
También repudió el proceso de reparos de firmas convocado por el Poder Electoral que incluyó, en contra de la normativa, los firmantes “arrepentidos” que con sólo asistir pudieron retirar sus firmas válidas. Hubo una publicación tardía y fuera de norma de los resultados del proceso de verificación.
Firmas cuestionadas
Súmate indicó que después de recoger las firmas se invalidaron «injustamente” 45 de cada 100 firmas, 11 de ellas sin derecho a reparo, mediante la fijación, sobre la marcha, de 38 criterios de validación de firmas y cuatro criterios de validación de planillas. Estos criterios se aplicaron retroactivamente, «asumiendo la mala fe del firmante y violando el principio universal de la jerarquía de las normas”.
Súmate también informó que para el referendo de 2004 «los procesos de recolección y verificación de firmas sufrieron retrasos en todas y cada una de sus fases, acumulando 166 días (más de cinco meses y medio) de retraso».
El Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionaron que más de 900.000 nombres resultaron cuestionados bajo el criterio de “caligrafía similar». Para el Centro Carter, durante todo el proceso revocatorio de 2004 se reportaron numerosas irregularidades, la mayoría de ellas derivadas de la falta de transparencia en las decisiones tomadas por el CNE, y la forma ad hoc en que el Poder Electoral instrumentó el proceso.
«Las normas y procedimientos se dictaban tarde, eran incompletos y/o confusos. Las divisiones que existían en el seno del organismo eran sumamente problemáticas, reflejando las divisiones existentes en el país. En un ambiente político tan álgido, era difícil, quizás imposible, que los rectores del CNE se mantuvieran al margen del discurso político y de las divisiones existentes», expresó el Centro Carter.
El triunfo de Chávez en el referendo de 2004 fue punta de lanza para que la revolución recuperara su imagen ante la comunidad internacional y para neutralizar a sus adversarios. Del referendo revocatorio quedó la Lista Tascón que condensó las rubricas de quienes solicitaron el mecanismo contra Chávez. Las firmas fueron un insumo para una persecución sistemática contra los ciudadanos.
Revocatorio truncado
En 2016, la coalición opositora que impulsó el camino para el revocatorio fue la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Luego de obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, los adversarios de Nicolás Maduro asumieron esta cruzada.
¿Qué pasó entonces?
El 25 de junio de 2016, la oposición anunció que había superado la etapa de la validación de las firmas exigidas por el CNE para activar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, electo en abril de 2013. “El gran perdedor de la jornada de hoy es Nicolás Maduro Moros. El revocatorio va a ser en el año 2016”, aseveró el excandidato presidencial Henrique Capriles.
En una carrera de obstáculos, el Poder Electoral exigió a la MUD validar el 1% de las firmas de cada uno de los estados del país en una semana, en un horario desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, con algunas interrupciones. Para esta gestión, se desplegaron 300 máquinas identificadoras de huellas dactilares.
Los abstencionistas le hacen el juego al gobierno,
Sin embargo, en octubre de 2016, cinco tribunales de los estados Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas dictaron medidas cautelares para suspender el curso el revocatorio. El anuncio fue hecho cuando solo faltaban seis días para el inicio de la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral.
Esta decisión se hizo en atención a un recurso interpuesto por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y bajo el argumento de una investigación sobre un presunto fraude en la primera etapa del proceso. En esa primera fase, la oposición presentó ante el CNE el 1% de las firmas del padrón electoral.
Antes de conocerse la decisión de los tribunales, la MUD había llamado a seguir el ejemplo del plebiscito realizado en Colombia. “La jornada democrática vivida por Colombia llena de esperanza a la inmensa mayoría de los venezolanos, y debería llenar de vergüenza a quienes desde el gobierno de nuestro país siguen intentando usar el poder de la burocracia y de la violencia para evitar que la voz de
nuestro pueblo se exprese, de manera igualmente nítida y clara, en el referendo revocatorio al que por disposición constitucional tenemos derecho”, indicó la MUD.
Tras la paralización del revocatorio de 2016, la Oficina de Washington para América Latina (Wola) subrayó que el derecho que tiene el pueblo de escoger a sus líderes y ejercer contraloría sobre ellos es un derecho humano fundamental.
«El CNE tiene el deber de garantizar que los venezolanos tengan la oportunidad de participar en un proceso de referendo revocatorio oportuno, bien organizado y de acuerdo con la constitución venezolana. La suspensión de la recolección de firmas representa una desviación alarmante de este deber», advirtió.
Lo que procede
Acceso a la Justicia recordó que las elecciones presidenciales fueron adelantadas por el CNE para el 20 de mayo de 2018. Además, refirió que Nicolás Maduro se juramentó dos veces como Presidente reelecto: el 24 de mayo de 2018 ante la constituyente, y el 10 de enero de 2019 ante el TSJ.
«¿A partir de qué momento se computa la mitad del período del mandato presidencial? La respuesta está en el artículo 231 de la Constitución al establecer como fecha de toma de posesión del cargo el 10 enero. Así, el 10 de enero del 2022 se cumple la mitad del mandato«, señaló la ONG.
A partir de esa fecha se podrá promover el inicio del procedimiento revocatorio. “Las organizaciones con fines políticos o agrupaciones de electores que quieran actuar como solicitantes del revocatorio deberán acreditarse ante el CNE por la recolección de manifestaciones de voluntad de al menos 1% de electores inscritos en el RE”, recordó Acceso a la Justicia.
«En 2022 todo aquel opositor que quiera ejercer su derecho constitucional a recoger firmas y solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro tiene su derecho y puede ejercerlo», dijo el gobernante en diciembre de 2020, durante el acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional.
Por otra parte, Acceso a la Justicia resaltó en su cuenta de Twitter, que “las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular son violatorias del artículo 72 de la Constitución porque establecen una limitación para ejercer el derecho de revocar los mandatos”.