Ante la destrucción de la capacidad de refinación de PDVSA, y el agravamiento de las sanciones por parte de la administración de Donald Trump, el gobierno de Nicolás Maduro inició un programa de racionamiento de combustible, el cual fue llamado de forma eufemística “nuevo esquema de distribución y comercialización de gasolina”. Para ello, se utiliza del limitado stock de combustible suministrado por la República Islámica de Irán.
Por: Andres Villadiego / Aporrea
El esquema, cuyas características ya son de amplio conocimiento público, en principio generó ciertas dudas en cuanto a su eficacia para resolver el problema de la escasez de combustible, así como otras distorsiones. Transcurrida una semana, se puede afirmar que persisten algunas de estas distorsiones e incluso han aparecido otras que se mencionan a más adelante:
Continúan el mercado negro y las corruptelas: La fijación de precios diferenciados es un incentivo para que el combustible sea desviado de la venta subsidiada a la venta con el mayor precio, bien sea a $0,50 en las estaciones legalmente habilitadas para surtir a ese precio, o bien al mercado negro con tarifas aún mayores. De igual forma, se genera un incentivo para que transportistas utilicen el combustible no para fines de consumo sino para su reventa. Por otro lado, es generalizada la práctica del soborno a funcionarios policiales y militares a cambio de poder acceder al surtido de combustible, todo con la complicidad del personal encargado de operar las estaciones de servicio.
No se normalizó el suministro: Maduro anunció el 1 de junio en horas de la noche, que se surtieron 125.000 barriles de gasolina a 634.000 vehículos, lo cual se corresponde con el consumo promedio de combustible en un día sin confinamiento y sin racionamiento. La presencia de largas colas en estaciones de servicio, además de múltiples reportes y testimonios, contradicen la supuesta normalización de la comercialización. De haberse surtido las estaciones de servicio con cantidades suficientes no se formarían las colas que se pudieron observar durante toda la semana, más si se tiene en cuenta que se utiliza la modalidad de “pico y placa” para la adquisición de combustible.
No existe garantía de regularidad en el suministro: El limitado stock de combustible genera la percepción de que en cualquier momento se puede agotar. En un escenario en el que se logren suministrar 100.000 b/d de gasolina, el cargamento proveniente de Irán alcanzaría para 15 días. Sin embargo, la intención del gobierno parece ser extender ese plazo el máximo posible, lo cual explica la insuficiencia en el suministro de muchas estaciones de servicio, los límites impuestos en la cantidad de litros a surtir y el cierre de muchas estaciones. Lo más grave es que no existe ningún elemento que indique que se reactivarán las refinerías, como tampoco se conoce información sobre nuevos cargamentos en dirección hacia Venezuela.
Los precios diferenciados introducen más desigualdades sociales: Sobra decir que la diferenciación del precio beneficia a los que tengan mayor poder adquisitivo, con lo cual, la adquisición de combustible se convierte en un privilegio. Sin duda hay que establecer precios racionales, pero eso implica que estén en correspondencia con la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. Según datos de la consultora privada Torino Economics, se requieren 171 días de salario para llenar un tanque con 40 litros de gasolina a “precio internacional” (ver imagen). El precio de $ 0,50 representa cerca del 25% del salario mínimo vigente y adquirir 40 litros de gasolina subsidiada equivale a la mitad del mismo. Tal desproporción entre el sueldo mínimo y el precio del combustible no tiene precedentes en Venezuela, y difícilmente en cualquier otro país.
No existen beneficios fiscales del cambio de política: El estado sigue asumiendo el costo del subsidio de la gasolina, mientras los privados se aprovechan del ajuste de precios. No hay información en cuanto al porcentaje del ingreso recaudado por la venta de combustible a $0,50, ¿El ingreso es percibido en su totalidad por “empresarios” privados?, en caso contrario, ¿Qué porcentaje le corresponde a PDVSA por la venta al “precio internacional”?, por otra parte, la recaudación en caso de que exista, ¿En qué será reinvertida? El ajuste de precios puede ser un efectivo mecanismo de recaudación para fines de redistribución de los ingresos. Por ejemplo, la venta de 50.000 b/d de gasolina a $0,50 pudiera generar recursos para beneficiar a 3 millones de pensionados otorgándoles un beneficio mensual de $ 40 a cada uno, en lugar de las miserables pensiones que devengan. Nada de lo anterior es mencionado por las autoridades nacionales.
Finalmente, las perspectivas son de recrudecimiento en los problemas de suministro y agudización del malestar en amplios sectores de la población. Hasta ahora, el gobierno ha establecido sin admitirlo, un programa de racionamiento por la vía de las cantidades suministradas, pero también estableciendo unos precios diferenciales prohibitivos para el grueso de la población. El resultado es el mismo: han logrado que en un país petrolero adquirir combustible se convierta en un privilegio sin que existan mecanismos efectivos de compensación a la población más vulnerable. Y a esto le llaman socialismo.
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