El saldo de seis meses de cuarentena en Venezuela ha dejado abuso policial, imposiciones estatales y mayor precariedad laboral. Mientras que los casos de COVID-19 siguen aumentando, según la cifra que ofrece el régimen de Nicolás Maduro.
«El abuso policial no se ha detenido a pesar que hay menos gente en la calle”, expresó Marino Alvarado, representante de (Provea). Según esta ONG, en el primer semestre de 2020 en Venezuela se produjeron 1.611 ejecuciones extrajudiciales.
Además, desde el pasado 16 de marzo, se han registrado detenciones a trabajadores del sector salud, por exigir mejor condiciones de trabajo ante la peligrosidad del virus. Reseña un trabajo realizado por el Diario del Caroní.
También, durante ese lapso han ocurrido detenciones a periodistas, como lo fue el caso de Darvison Rojas. A su vez, durante este lapso se denuncia aprehensión de personas “por no cumplir” las normas preventivas de la COVID-19. Por lo que son expuestos a trabajos forzados o ejercicios físicos.
Asimismo, el defensor de los DDHH subrayó que durante ese tiempo de las personas, como es el caso de los pensionados.
“Ni siquiera un pensionado tiene la capacidad de comprar un kilo de tomate (…) en términos sociales, uno de los aspectos que más se ha agravado es los ingresos de trabajadores y pensionados, que los somete a miseria y a hambre”, manifestó.
A su vez, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado hasta la fecha 5.811 protestas, de las cuales 3.214 han sido por servicios básicos y 1.086 por la escasez de combustible. “Ha habido un deterioro generalizado en la condición socioeconómica del país”, comentó.
De acuerdo al reporte de la autoridades en el estado Bolívar, para el pasado martes 15 de septiembre se contabilizaban 2.978 contagios y nueve fallecidos. A pesar de eso, las muertes del personal salud no han sido incluidas en esos reportes.
Guayaneses además han reportado que las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) tardaban hasta 15 días en llegar, y en el peor de los casos nunca era entregada.
“Absolutamente deficiente”, así define José Félix Oletta, ex ministro de Salud y epidemiólogo, el manejo de la pandemia en estos seis meses.
Oletta afirmó que la poca claridad en el control de los contagios. Las escasas pruebas y los nulos informes epidemiología han encendido las alarmas tanto a la academia como a especialistas.
A juicio del doctor, la información de la pandemia «tiene un sesgo político» dado a las insuficientes pruebas, la centralización de las mismas y el no contabilizarse los diagnósticos de los casos sospechosos.
“El gobierno se empecina en no corregir y los datos que se ofrecen de la pandemia son insuficientes”, expresó.
A propósito de esto recientemente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales expuso que en los próximos meses los casos podían alcanzar los 14 mil contagios diarios.
Sobre esto el exministro de sanidad, consideró que esto se va precisar en la medida que se apliquen al menos 10 o 30 veces más pruebas del número de contagios confirmados.
Ciudadanos desamparados
A parte del tema de salud, los venezolanos han quedado desamparados desde el punto de vista económico en medio de la pandemia.
Carlos Fernández, primer vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), indicó que a diferencia de otros países en el caso venezolano no hubo medida de protección para la ciudadanía aguantara estos seis meses.
Fernández, consideró que debe haber financiamiento para reactivar la operación de las empresas, mecanismos de ayuda a las personas que dependen del día a día para trabajar y flexibilización en el área tributaria.