En Venezuela existe un hueco fiscal que oscila entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso representa que los gastos del Gobierno son superiores a los ingresos del país que derivan de la renta petrolera, pago de tributos e impuestos, ingresos ordinarios y emisión de deuda. Esta realidad, según explica el economista, Alejandro Castro, investigador de la firma Venecápital, compromete la capacidad del Estado de aumentar el salario a los trabajadores públicos. Una nómina que según estimaciones de centrales sindicales, puede ser de 5.000.000 de trabajadores activos, más cinco millones entre jubilados y pensionados.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
«La protesta de los educadores en todo el país desde el 09 de enero por salarios dignos es válida y está siendo apoyada por el resto de los trabajadores públicos, porque evidentemente el salario que perciben no les permite vivir, es el más bajo de Latinoamérica», exclamó Castro. Por ejemplo, un docente tipo 6 con más de 20 años laborando y maestría, apenas devenga un salario base mensual equivalente a 630 bolívares ($28.9 al mes). Un obrero educacional gana 130 bolívares al mes o 5.9 dólares, ambos no pueden tener acceso a una canasta alimentaria familiar que, según la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), se ubicó en noviembre en 474,87 dólares.
Castro considera que en Venezuela no existe una estructura gubernamental para disminuir el déficit fiscal. «El Estado tiene al menos 33 ministerios, más viceministerios, además empresas que fueron expropiadas que están generando pérdidas económicas, por lo que la mejora de los ingresos de educadores, médicos, bomberos, policías y trabajadores de gobernaciones, alcaldías y poderes públicos se vuelve una quimera», enfatizó. Recordó que el país sigue sancionado por Estados Unidos y que Pdvsa pasó de producir 3.4 millones de barriles de crudo diarios en 1998 a 650 mil barriles por día en promedio en la actualidad, una caída del 80% de su producción.
Crudo que debe venderse con descuento de hasta 30% por las sanciones internacionales que tiene Pdvsa. Hay además un aparato productivo privado que apenas en 2022 comenzó a reaccionar, luego de haber perdido el 80% de su capacidad instalada. Datos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), revelaron que en 2022 la recaudación fiscal fue de 4.786,9 millones de dólares, y los ingresos petroleros que acumulaba el país hasta octubre, según informó el propio presidente, Nicolás Maduro, el 17 de noviembre de 2022, fueron de 3.500 millones de dólares. Lo que representa que si en el hipotético caso que el Gobierno decidiera aumentar el salario mínimo a 100 dólares, requeriría 1.000.000.000 de dólares aproximadamente para cubrir la nómina del Estado mensualmente. Unos 12 mil millones de dólares al año, sin sumarle a esta cifra pasivos laborales, bonos vacacionales o prestaciones sociales.
«Tiene que haber dinero para que el Gobierno pueda aumentar los salarios. Ese dinero tiene que salir del aumento o creación de más impuestos, o de una reforma del Estado donde disminuya su tamaño, dejando estrictamente los ministerios necesarios», expresó Castro.
Círculo vicioso
Desde el año 2017, cuando Venezuela registró el primer ciclo de hiperinflación, la manera en como el Gobierno ha venido enfrentado el déficit fiscal y enfriando las protestas por salario ha sido solicitando financiamiento al Banco Central de Venezuela (BCV). José Toro Hardy, economista, alega que esta práctica ha sido un círculo vicioso, porque el ente emisor lo que ha hecho es inyectar más bolívares a la economía sin respaldo en las reservas internacionales, violando la Constitución.
«Si lo que pretende el Gobierno es aumentar los salarios emitiendo dinero sin respaldo, muy rápidamente la inflación se va a comer ese aumento. El dilema por lo tanto del Gobierno es que necesitaría estimular la actividad económica y crear más ingresos para que los trabajadores públicos tengan salarios que les permita calidad de vida», mencionó.
Representantes de centrales sindicales del país que integran el diálogo social entre Fedecámaras y el Gobierno con intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostienen que la única manera en que el salario no sea devorado a los pocos meses por la inflación es que se incentive la inversión privada nacional y extranjera y se estimule la producción, pero es necesario la seguridad jurídica.
Propuesta
Desde hace un año las centrales sindicales y Fedecámaras, que están en el diálogo social con el Gobierno de Maduro y la OIT, han propuesto que se apruebe la «Ley de Emergencia Laboral», que tiene tres fases según explicó José Vicente Rivero, secretario de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela).
«Ahorita suena fantasioso exigirle al Gobierno que fije el salario mínimo en 500 o 1000 dólares porque no hay un aparato productivo activo y el Ejecutivo nacional sigue incentivando las importaciones, exonerando con el 90% los impuestos aduaneros e IVA a una lista de productos terminados. Por lo tanto, hay que hacer un planteamiento realista, la Ley de Emergencia Laboral establece como primera fase que se le otorgue un ingreso de emergencia a los trabajadores que no sea el salario, que sea un bono por compensación para adquirir parte de la canasta básica», expresó.
Como segunda fase proponen una revisión legislativa para poder brindar seguridad jurídica a los inversionistas. «Es necesario que se reforme la Ley del Trabajo, la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos, que se elimine la Ley de Precios Justos, y que se le garantice a los inversionistas que si van a traer sus dólares esos ingresos se les retorne en moneda dura», explicó.
Finalmente, sostiene que es necesario que se discutan las convenciones colectivas. «Se debe crear un escalafón salarial donde un profesional no gane igual que un obrero, y donde un trabajador público tenga un salario que al menos sea equivalente al 50% de la cesta básica en Venezuela», apuntó.
«El Gobierno tiene ingresos para aumentar salarios»
Según el economista, José Guerra, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, el Gobierno sí cuenta con los ingresos suficientes para fijar el salario mínimo en al menos 100 dólares.
«El Estado sí tiene capacidad para pagar. Sacamos la cuenta y para conceder un bono especial que habían propuesto para diciembre de 50 dólares a los trabajadores de la administración pública se requieren apenas ocho días de exportaciones petroleras. De manera que sí hay recursos. Hemos propuesto una base que arranque en 100 dólares el salario promedio y para las pensiones que significaría un gasto de 3.000 millones de dólares al año, aproximadamente. Si el Gobierno usa unos fondos que tiene en el exterior que tiene escondidos y no se sabe en qué parte están, pero se tiene la firme presunción de que hay los recursos en conjunto con las exportaciones petroleras, porque el precio del barril de petróleo está todavía favorable», apuntó.
Recordó que desde marzo de 2022 existe en el país el Impuesto de las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que se le aplica a todos los pagos en dólares en efectivo que no pasen por intermediación financiera, eso ha incrementado la recaudación.
Argumenta que aunque Pdvsa no publica estados financieros desde 2020, se estima según fuentes secundarias que el valor de las exportaciones petroleras de 2022 estuvo entre 21 mil millones de dólares y 23 mil millones de dólares, el doble de 2021.
«Si hoy Venezuela está en estado de movilización es por la agresión que ha sido la disminución de los salarios reales de los trabajadores. Esto no había pasado en ninguna parte del mundo, ni siquiera en las dictaduras militares de Augusto Pinochet en Chile ni en Argentina pasó algo como en Venezuela, donde el salario mínimo llegó a menos de siete dólares», refirió.
«Los avances van lentos»
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (Fedeunep), indicó que las discusiones en el diálogo tripartito entre las centrales sindicales, Fedecámaras, el Gobierno y la participación de la OIT no han dado resultados de manera rápida.
En febrero se van a volver a reunir en el país para tratar de acordar el método para fijar el salario mínimo del país. «No hemos llegado a acuerdos en ese punto de discusión porque el Gobierno quiere que nosotros aceptemos las cifras del BCV sobre inflación, y nosotros sabemos que son cifras maquilladas, poco confiables. Y del lado de los trabajadores proponemos que se tomen en cuenta las cifras del Cenda, pero el Ejecutivo nacional dice que son cifras sobrestimadas y que no son realistas», apuntó.