Se comenzó el año 2023 con las mismas deficiencias vividas del año pasado por el personal sanitario y los venezolanos. Especialistas y sindicato de la salud llaman a cambiar la gerencia y políticas para el sector, con la disposición de priorizar el acceso a la salud de la población y frenar la crisis humanitaria que es reconocida por instancias internacionales. Consideran que si el Estado admite la realidad trabajarían por el acondicionamiento general de los centros de salud, en cuanto a infraestructura, dotación de insumos y de equipos para diagnósticos. Además de mejoras salariales para el recurso humano, operatividad en área primaria y seguridad con el plan de inmunización.
Guiomar López | LA PRENSA DE LARA
El escenario sigue siendo devastador y causa estragos en el organismo de la gente. La organización HUM Venezuela registró 10.7 millones de personas con afecciones graves de salud, de las cuales 4 millones no recibieron atención en los últimos seis meses. Un problema que el sector salud siempre ha reclamado a partir de la falta de asistencia primaria que es la más cercana en las comunidades y suele agravarse en hospitales tipo IV, que colapsan por aquellas emergencias que no pueden ser atendidas en centros asistenciales foráneos.
El eco de la necesidad ha retumbado por la falta de asistencia a la salud de la población, que también fue reconocida por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Para octubre de 2022 confirmaban la asistencia de 2,2 millones de venezolanos y la aplicación del Programa Mundial de Alimentos cubriendo un millón de niños.
Todo se agrava
Tal panorama de limitaciones es cuestionado por Édgar Capriles, especialista en Economía de la Salud, al plantear el desafío que debe centrarse en producir cambios. «Pero no hay capacidad ni interés en lo que ocurre con la gente. Se niegan a ver la crisis humanitaria que se acentúa en salud y afecta todo en general», advierte y rechaza que el Estado acostumbra intentar ocultar esa realidad.
Considera que faltan modificaciones de fondo para tomar las riendas en salud. Arrancar por las condiciones del recurso humano, desde el ambiente de trabajo y la capacitación actualizada. Esto obliga a la rehabilitación extrema de la infraestructura con los servicios operativos de centros asistenciales y sin descuidar aquellas áreas de mayor demanda como Emergencia, Sala de Partos y pabellones.
Es indispensable el equipamiento y salir del desabastecimiento de insumos que estableció la organización Médicos por la Salud en 69,4% en su informe Encuesta Nacional de Hospitales de octubre de 2022. Además de las deficiencias en equipos médicos para diagnósticos que prácticamente dejan sin posibilidades la realización de exámenes de laboratorios, imagenología y rayos X, entre otros, por lo que los pacientes son remitidos a centros privados. De manera que se genera el gasto adicional para los pacientes, cuando se supone que el sistema de salud es gratuito.
«Nada ha mejorado de manera considerable y por eso aún nos golpea la diáspora del recurso humano calificado», lamenta Deyanira Gentile, miembro del Colegio de Médicos de Lara, debido a los bajos sueldos que apenas se estiman en $22 quincenal para un especialista II, es decir, aquel de 10 años de experiencia. Se pregunta cómo resuelve el personal administrativo y hasta aquellos médicos recién graduados, quienes pueden tener dificultad hasta para pagar el transporte público.
El personal de salud al no poder asegurar su bienestar y garantizar sus necesidades básicas terminan abandonando el sector público, migra hacia los centros privados y hasta busca mejor calidad de vida fuera del país. Esto lo reitera la Federación Médica Venezolana (FMV), al considerar que 50 mil médicos han emigrado desde 2015. La pérdida del capital humano sigue siendo progresivo, porque se han activado posgrados, pero los concursos siguen vacíos. Mientras España tiene alrededor de dos mil médicos venezolanos ejerciendo, al igual que Argentina. Según el servicio jesuita a migrantes en Chile, estiman que casi 5 mil médicos están trabajando en este país.
Según Gentile, se corre el riesgo de seguir perdiendo especialistas y se está dando mucho peso a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), tanto así que para el presupuesto de 2023 le destinaron 49,06% (Bs. 6.233 millones) del presupuesto nacional.
Resalta que impera la necesidad de actualizar al personal en sus especialidades.
Alberto Domínguez, del sindicato de trabajadores del Seguro Social, manifestó su preocupación porque en Lara no se aprecian cambios significativos en el sector salud. El seguimiento que realizan con trabajadores en centros asistenciales arroja que el año 2022 culminó con más del 40% en desmejoras salariales, 80% en inoperatividad en rayos X, 85% en fallas en laboratorios y se aproxima a 75% las deficiencias de ambulancias.
«La dotación de insumos está estancada, sólo se ponen pañitos de agua tibia en cuanto a las reparaciones profundas de infraestructura», señala Domínguez, quien destaca la urgente necesidad de investigar sobre la disposición de recursos para adecuar el Servicio Autónomo de Oncología (SAO), para que los pacientes con cáncer no tengan que lidiar con tantas limitaciones.
Tantas necesidades son las que afectan a los pacientes y terminan por perjudicar también a sus familiares angustiados por la falta de especialistas, por no poder cubrir el control médico y las preocupaciones por la irregularidad en las farmacias de alto costo del Seguro Social. No hay garantía de contar con tratamiento fijo y ciertos fármacos presentan más de un año de vencimiento.
Derecho pendiente
La discusión gira en torno a la salud y su accesibilidad como un derecho constitucional. Es la plataforma que debería ser la más sólida y hacer frente a una realidad que sucede a nivel nacional. Se trata de personas sin la resistencia física a una enfermedad que puede ser controlada, porque ni siquiera cumple con la dieta balanceada.
Así lo destaca la organización HUM Venezuela, al referirse a la emergencia humanitaria durante el primer trimestre de 2022. Muestra 12.3 millones de venezolanos viviendo la zozobra de la inseguridad alimentaria, de allí 2.1 millones por inseguridad severa y 10 millones sufriendo hambre crónica.
Tal situación se vive desde 2019 con la reducción de ingesta calórica en 30,8% y falta de consumo proteico que descendió de 77,7% desde 2015 hasta caer a 17,9% para 2022. La población permanece inclinándose más hacia los carbohidratos para calmar el hambre.