El sueño americano de Narciso Barranco acabó en un anodino centro comercial de Santa Ana. El jardinero de 48 años podaba los arbustos el sábado en Pacific Center, donde hay un Home Depot, un comercio que se ha vuelto un objetivo común para los operativos de los agentes federales que están arrestando indocumentados en todo el sur de California. La fortuita detención de Barranco, quien estuvo en el lugar y en el momento equivocados, ha provocado indignación por la violencia con la que se llevó a cabo. También ha dejado caer un grueso manto de miedo sobre las comunidades latinas de la región.
La tarde del miércoles la Taquería Guadalajara del centro de Santa Ana lucía desangelada. “Hoy hemos vendido cuatro aguas frescas y solo han venido dos mesas”, dice Miguel, de 27 años. El mesero, quien pide no revelar su nombre completo, afirma que los comensales han dejado de visitar el restaurante de comida mexicana desde hace dos semanas. “La gente no quiere salir de sus casas… Hay un par de cocineros que no han venido desde el lunes”, cuenta el empleado, que nació en Estados Unidos, pero tiene muchos familiares sin documentos.
En la calle Cuatro de Santa Ana, una de las principales avenidas en una ciudad con el 77% de población latina, pueden verse banderas mexicanas colgando afuera de varios negocios. Son una muestra de resistencia en medio de las redadas que se llevan a cabo por sorpresa desde hace algunos días. Sin importar el giro del comercio, desde una tienda de ropa vaquera, un restaurante gourmet o un anticuado negocio para enviar remesas a México, están casi todos vacíos. La política migratoria de Donald Trump también se ha dejado sentir en la economía local.
La dependienta de una pequeña joyería de la zona, quien pide no revelar su nombre por temor a las autoridades, afirma que sus dueños decidieron cerrar temprano el negocio dos días de la semana pasada ante el escaso movimiento. “Nos está yendo peor que en la pandemia”, dice la mujer, que lleva siete años trabajando en la tienda. Buena parte del ingreso del comercio proviene de las comisiones que cobran para mandar dinero a México. Con la llegada de Trump, explica esta mujer originaria de Michoacán, se disparó el envío de remesas. Pero las transacciones cayeron con fuerza desde que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, apretaron con sus operativos. “Hay días en que no juntamos ni cien dólares de ventas”, se lamenta.
No solo el miedo ha vaciado las calles. También lo ha hecho la cautela. Las autoridades de Cudahy y Bell Gardens, dos ciudades eminentemente hispanas no muy lejos de Santa Ana, han decidido postergar los festejos del Día de la Independencia planeados para la próxima semana “por la seguridad de los residentes”. La alcaldesa de la primera, que tiene una población 97% latina, ha cancelado un festejo público con música en vivo, puestos de comida y un espectáculo de fuegos artificiales.
Un grupo de activistas de Santa Ana y el condado de Orange se ha movilizado esta semana para pagar a siete vendedores ambulantes y que así no se vean obligados a salir a la calle a exponerse a una redada mientras intentan ganarse la vida. Desde hace varias semanas, la Administración Trump ha cambiado el objetivo de sus operativos contra los indocumentados. Los delincuentes o personas con antecedentes penales fueron la prioridad en los primeros días de las redadas. Ahora corre peligro cualquiera.
El ICE ha informado recientemente que detuvo a 1.600 personas en todo el sur de California, la zona con más indocumentados en Estados Unidos, hasta el 22 de junio. De estos, 722 fueron capturados en la región metropolitana de Los Ángeles los primeros diez días del mes. El 57% de este segundo grupo no tiene antecedentes penales ni era buscado por haber cometido algún delito. La gran mayoría, el 82%, son hombres, y cerca de la mitad tienen como país de origen México. El 16% proviene de Guatemala y el 8% de El Salvador, de acuerdo con cifras de Deportation Data Project, un centro de información respaldado por el Departamento de Derecho de la Universidad de California Berkeley.
Este viraje de la estrategia federal ya había sido subrayado por Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles y quien sostiene desde hace semanas una tensa relación con Washington por el envío de tropas a la ciudad por las protestas contra las redadas. “No están capturando narcotraficantes, están cazando gente que trabaja arduamente en mercadillos y aparcamientos de negocios”, afirmó la política demócrata hace algunos días. Este miércoles se hizo viral la fotografía de un carrito de paletas que quedó abandonado en las calles de Culver City después de que agentes federales detuvieran a su dueño, Enrique Lozano, quien llevaba 20 años vendiendo helados en la zona.
Padre de militares estadounidense
Fue así, trabajando, como los agentes federales sorprendieron a Narciso Barranco. Las autoridades del Departamento de Seguridad Interior afirman que el jardinero blandió una desbrozadora frente al rostro de uno de los elementos del ICE. Al menos tres videos, todos ellos grabados por testigos de la brutal detención, desmienten la versión oficial. Estos muestran al trabajador huyendo de los policías e incluso tratando de subirse a un vehículo que estaba en marcha para escapar del lugar. Los policías, enmascarados, lo sometieron para darle varios golpes en el suelo.
El primogénito de Narciso, Alejandro Barranco, visitó a su padre la tarde del martes. Lo encontró en una celda compartida con otras 70 personas y donde el agua y la comida son escasas. Lo encontró con los ojos hinchados y la misma camisa ensangrentada que tenía al momento de su detención.
Alejando contó a la cadena NBC que su padre, quien abandonó México a los 17 años para migrar a Estados Unidos, lo educó a él y sus dos hermanos para admirar a su nueva patria. “Nunca quiso que odiáramos o que tuviéramos un disgusto con este país”, aseguró Barranco, quien se alistó con los marines y fue enviado a Afganistán, donde incluso ayudó con la evacuación final de Kabul. Sus dos hermanos también son soldados de infantería.
La relación de un indocumentado con tres hijos que han dedicado su vida a servir a Estados Unidos ha tomado por sorpresa a la opinión pública. La familia ha informado que ya había iniciado el proceso de Parole in Place, un beneficio reservado para los familiares sin papeles de los miembros de las fuerzas armadas. Es una vía por la que las parejas, padres y hermanos de un militar pueden regularizar su situación migratoria. El trámite, sin embargo, puede durar varios años y suele estar condicionado a si los beneficiarios tuvieron una entrada legal al país. Si esta fue irregular, como es el caso de Narciso, la situación se complica. La maquinaria de las deportaciones alcanzó a Barranco mucho antes de que pudiera legalizarse.