El Foro Penal de Venezuela informó este martes que en el país hay 269 presos políticos, uno menos en comparación con su recuento anterior, difundido el pasado 7 de febrero.
En una imagen publicada en Twitter, la organización no gubernamental indicó que, de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 militares.
Asimismo, detalló que, del total, 115 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.
Según Foro Penal, se han registrado 15.777 “detenciones políticas” desde 2014 y, además de los llamados presos políticos, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
El pasado 12 de febrero, la organización aseguró que, en 2022, “fueron reportadas un total de 26 detenciones con fines políticos”, 25 de estas aplicadas a civiles, tres de ellos mujeres, y una a un funcionario militar retirado.
Sobre el motivo de las detenciones, Foro Penal subrayó que 13 de ellas fueron por hechos asociados con “conspiración”, 9 se produjeron en el contexto de manifestaciones y 4 por “gestión pública”.
La ONG instó al régimen de Nicolás Maduro a que “respete el pedido de la comunidad internacional y de las organizaciones que defienden los derechos humanos, en cuanto al cese de las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, que se ponga fin a la persecución y la represión y sean liberados” los “presos políticos que existen en Venezuela”.
Por su parte, la semana pasada el Instituto Casla de Praga presentó su informe anual sobre la situación de Venezuela y denunció que las fuerzas de seguridad continúan realizando torturas en las detenciones, en un país donde opera una red ciudadana de espías.
“En Venezuela los crímenes no han parado sino que continúan de forma silente ante la opinión pública internacional, que aparentemente cree que Nicolás Maduro ha cambiado y ahora es más amable. Pero no, es más criminal”, apuntó la abogada venezolana disidente Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga, una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa.
El informe fue presentado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Washington y en él se documentan, entre enero de 2022 y enero de 2023, los testimonios de 19 personas que sufrieron distintos tipos de tortura “en el marco de la represión sistemática que las autoridades del Estado venezolano ejecutan por motivos políticos”.
Sujú llamó a la comunidad internacional a no creer “en el juego de que Venezuela se arregló” y a la Corte Penal Internacional a que autorice que el fiscal continúe con la investigación a la dictadura de Maduro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos, desde 2014.
“Que realice los actos y las acciones necesarias para detener los crímenes en Venezuela. Que emita las órdenes de detención o de comparecencia necesarias”, manifestó la abogada, quien aseguró que Maduro “se burla de las sanciones” impuestas por Estados Unidos.
El informe del Instituto Casla cuenta detalles del “Manual de operaciones especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)” que se aplica directamente “en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad”.
El manual, al que tuvo acceso la organización, expone cómo se ha instalado un sistema de inteligencia y contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos, a los oficiales de las Fuerzas Armadas y a los propios funcionarios de cuerpos de seguridad de los que sospechan, a sus familiares, amigos y conocidos.
El Gobierno encarga la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas definiendo distintos niveles de vigilancia según la importancia, rango y características de las personas.
El informe también relata cómo se planifica el control de los ciudadanos a través de una estructura de espías y acusadores con la que Maduro busca tratar de controlar el malestar social o cualquier indicio de disidencia que genere protestas colectivas.
“Cualquier persona puede ser considerada sospechosa para los intereses de la revolución” y “cualquier vecino, sin saberlo, puede estar trabajando para el régimen”, denunció Sujú.
Todo ello en Venezuela, un país donde el 81,5% de la población no tiene para cubrir la canasta básica y donde el 53,3% vive en la pobreza extrema, recuerda el informe.
Y mientras, en Caracas y en otras ciudades se observa “una burbuja ostentosa y vulgar, con zonas llenas de restaurantes de lujo, bodegones, boutiques y centros nocturnos, vehículos costosos y deportivos, autos y camionetas último modelo blindadas que llegan en flotas, sobre todo para uso gubernamental y de los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas”.
El informe denuncia también la indiscriminada destrucción de las tierras ancestrales de los estados Bolívar y Amazonas, uno de los pulmones más grandes del mundo, ricas tierras mineras en los que hay una “presencia activa” de oficiales o funcionarios rusos e iraníes, con el propósito de “lucrarse de las riquezas aprovechando la apertura que el régimen les ha dado sin control”.
En las zonas mineras, “el Estado ha logrado desplazar a los pequeños mineros y pueblos indígenas para controlar a su antojo la producción y distribución, y ha entregado el tema de la seguridad al DGCIM y las Fuerzas Armadas, además de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN”.