El gobierno de Nicolás Maduro intervino el Partido Comunista de Venezuela (PCV) el 11 de agosto. Como resultado de una decisión judicial, el partido perdió la propiedad y ahora está dirigido por personas leales a Maduro. Esta intervención sorprendió a muchos, ya que a pesar de ser aliado del gobierno desde la época de Hugo Chávez, el PCV siempre mantuvo cierto nivel de autonomía que no encaja con la visión totalitaria de Maduro.
A lo largo de los años, ha habido desacuerdos entre el PCV y el gobierno, incluso con Chávez, quien llegó a amenazar al partido. Sin embargo, la relación entre el PCV y Maduro parece haber llegado a un punto de quiebre debido a cambios en la política económica del país. Desde 2019, Maduro ha introducido pequeñas modificaciones al modelo económico, creando un tipo de capitalismo de compadres y relajando algunos de los controles sobre la economía venezolana.
Estos cambios han permitido cierta estabilización y un crecimiento débil, pero a expensas de un aumento en la pobreza y la desigualdad en el país. Esto ha generado molestia entre algunos de los aliados de Maduro, incluyendo al PCV. Ya sea porque el capitalismo amiguista de Maduro excluye a los comunistas, o porque los principios ideológicos del PCV no concuerdan con los cambios económicos, la relación entre ambos se ha roto definitivamente.
Este cambio en el pensamiento económico también ha tenido un impacto en el sistema de partidos políticos venezolanos. La intervención del TSJ ha dejado al chavismo disidente sin ningún partido relevante para inscribir candidatos en futuras elecciones. Además, en los últimos diez años, los tribunales, politizados a favor del gobierno, han tomado decisiones que han transformado el sistema de partidos mediante la intervención y la descalificación de partidos políticos, impidiendo su participación en las elecciones.
Estas intervenciones judiciales han afectado tanto a la oposición como a sectores chavistas que no apoyan a Maduro. El objetivo de Maduro es dividir el voto de la oposición y evitar la competencia de otros actores de la izquierda. Como resultado, la mayoría de los partidos de oposición están intervenidos o inhabilitados, lo que limita la posibilidad de expresión política en el país.
Sin embargo, las limitaciones a los derechos de reunión y asociación no solo se limitan al ámbito político. También se han registrado casos de violaciones a los derechos sindicales, intervención judicial contra la Cruz Roja venezolana y violaciones al derecho a la privacidad. La sociedad civil venezolana se encuentra atrapada en un sistema político que no le permite elegir alternativas de derecha o izquierda, empobreciéndola y beneficiando únicamente a la élite en el poder y sus aliados.
En resumen, la intervención del gobierno de Maduro en el PCV y las intervenciones judiciales en el sistema de partidos políticos venezolanos han limitado la participación política y la libertad de asociación en el país. Esto ha llevado a un sistema político controlado por el gobierno y ha dejado a la sociedad civil sin opciones para elegir alternativas de derecha o izquierda.
Por El Nacional