La igualdad ante la ley es un principio que tiene carta de naturaleza en la Revolución francesa. Se puede decir que todas las constituciones la proclaman. El caso venezolano no es una excepción, y este principio queda consagrado en el artículo 21 de la Constitución. De acuerdo con esta disposición, “la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva”. Pero esta norma ha sido vaciada de contenido en el caso de Diosdado Cabello contra El Nacional.
No hay que ser muy zahorí para darse cuentade que la revolución bolivariana no cree en la igualdad ante la ley. Los miembros del círculo del poder se han vacunado sin respetar prioridades ni edades. Además, se lo hacen sentir a la población como queda evidenciado con la pompa que rodeó el momento en que Nicolás Maduro se inoculó. El plan de vacunación es sencillo: primero los miembros del poder, luego los burócratas y, por último, el ciudadano de a pie. Es por orden de privilegios y favoritismos y no por orden de necesidades.
En el caso de la utilización del Poder Judicial para perseguir opositores y aniquilar la libertad de expresión es igualmente grotesco. Prueba de ello es la reclamación por daños morales propuesta por Cabello contra El Nacional. Sobre este caso se han escrito editoriales, artículos, comunicados y pronunciamientos para repudiar la persecución por medio de los jueces contra un medio de comunicación independiente.
Este juicio contra El Nacional ha puesto sobre la mesa, en forma cruda y evidente, la sumisión de los magistrados de la Sala de Casación Civil al sentenciar sin pretender guardar las apariencias a favor de uno de los políticos más poderosos de la revolución bolivariana. No se detuvieron en violar abiertamente normas constitucionales. Tampoco acataron los precedentes del Tribunal Supremo de Justicia en relación con los parámetros de las condenas sobre daños morales. Estamos ante un caso palmario de sumisión judicial.
Entre las claras infracciones cometidas por la Sala de Casación Civil está la referida a la prohibición de avocamiento si existe esa sentencia firme. En este sentido el artículo 25, ordinal 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es claro: establece que el avocamiento no procede cuando “se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”. Sin embargo, los cinco magistrados que integran la Sala de Casación Civil no aplicaron esta norma que están obligados a conocer. Y esto en la memoria histórica registrado con tinta indeleble.
No puede escapar un hecho notorio conocido en Venezuela e internacionalmente: el actor, Diosdado Cabello, es diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y dispone de un programa de televisión en el canal del Estado denominado Con el mazo dando, desde el cual dirige mensajes al país para descalificar a quien quiera y anunciar medidas políticas. En este programa, el actor ha venido hablando de este juicio y ha dado siempre por descontado que dispondría de la condena para crear una universidad. Esto permite recordar el caso de la juez María Lourdes Afiuni: sentenciada anticipadamente por Hugo Chávez desde su programa dominical. Así funciona el militarismo: no se detiene en apariencias.
Entonces, Diosdado Cabello dispone de ventajas evidentes para imponer su voluntad sobre los jueces y sobre toda la sociedad. No se trata de un ciudadano común, de un hombre de a pie, sino de un poderoso político activo en la vida nacional que ejerce su poder en forma desmedida, cruel, ramplona y vulgar; y lo hace sentir. Esto demuestra que no estamos ante un expediente jurisdiccional sino ante un caso de atropello dictatorial de un factor de poder que se vale de unos jueces sumisos para imponer su voluntad.
El Nacional, consciente de la politización del Poder Judicial, no renuncia a ejercer todos sus derechos. Aunque algunos piensen que es un paso ingenuo, vamos elevar el caso a la Sala Constitucional para darle la oportunidad de demostrar que todavía queda un espacio de justicia en Venezuela.
No se puede olvidar que el atropello contra El Nacional beneficia a Diosdado pero perjudica a Nicolás Maduro, porque ocurre en momentos en que el régimen pretende dar muestras de tolerancia.