A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
A. nunca pensó que después de salir del colegio de su hijastro terminaría esposado, de una mano, con un acusado de homicidio y, al mismo tiempo, de la otra, con alguien señalado por robo. Tampoco pensó que alguna vez entraría detenido al Helicoide, aquella estructura diseñada por dos arquitectos alemanes y un venezolano durante la exaltación desarrollista del perezjimenismo para ser un centro comercial que, casi 70 años después, sirve hoy como una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), así como para algunas brigadas del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y que funciona además como el mega calabozo de presos políticos de la autodenominada Revolución Bolivariana. Un recinto del horror.
Pero A., que no había cometido delito alguno, fue a dar allí el miércoles anterior a la reciente Semana Santa de 2023. Fue el comienzo de una travesía por las catacumbas de la intimidación y del chantaje.
Su rutina cotidiana incluye llevar a su hijastro al colegio y luego ir a clases de natación, un día a día que transcurre dentro de los límites del municipio Baruta, uno de los cinco que constituyen Caracas. Ese miércoles salió junto a su esposa, como de costumbre, del colegio del niño, tras dejarlo en la mañana, pero fueron detenidos por cuatro funcionarios que los interceptaron a bordo de dos motos en la zona de Bello Monte. Pertenecían a la séptima brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana.
Tras el abordaje, los funcionarios les pidieron sus papeles: licencia, carnet de circulación del vehículo y cédula de identidad. Uno de los hombres revisó los asientos del carro. La mujer de A. sacó su celular e hizo un intento fallido de grabar. El uniformado dijo: “Listo, encontramos marihuana”. Señaló un bolso de natación que estaba mojado y mostró enseguida una pequeña bola verde en sus manos. Le arrancaron de las manos el celular a la pareja de A., y los hicieron montarse a ambos en el carro con dos funcionarios adentro para obligarlos a manejar a un lugar que no revelaron de primeras.
El Helicoide resultó ser el destino final para el paseo.
La edificación aloja desde hace algún tiempo unas oficinas de la CPNB, la principal fuerza de seguridad civil en el ámbito nacional, conformada en 2009.
El organigrama de este cuerpo policial se ha ido expandiendo. Incluye seis divisiones de vigilancia y patrullaje con presencia en diversas áreas: Aeroportuaria, Portuaria y Aduanas, Ferroviaria, Subterránea y de Teleférico, Espacios Acuáticos, Policía Turística, Custodia Diplomática y Policía Ambiental. También tienen divisiones aparte para cubrir Vías Rápidas; Tránsito Terrestre; una Policía de Migración; otra Comunal; para el Orden Público; la de Atención a la Víctima; División contra las Drogas y División Canina.
También tiene una División de Inteligencia Estratégica, otra dependencia con funciones similares y paralelas a las que ejerce el Sebin, con el fin de prevenir delitos o adelantarse a hechos, según informa el cuerpo de seguridad en su página web. Y una Unidad de Operaciones Especiales, para prestar apoyo táctico a otros cuerpos de seguridad.
A. quedó detenido en la CPNB. Lo metieron dentro de una de las celdas y le esposaron mano con mano con el señalado por homicidio y con el señalado por robo, los Dimas y Gestas del viacrucis particular de A.
A la pareja de A. la dejaron sentada en una escalera al lado de la celda, esposada a las barandas de una escalera. A. no alcanzaba a verla.
Ella recuerda el cinismo peligroso de sus captores. También los apellidos que mostraban en sus uniformes. “¿Fumas marihuana para tener relaciones más ricas?”, le preguntó un funcionario de apellido Sánchez y que, como rasgo llamativo, tenía los ojos verdes. Ella no le respondió. Le repitieron una y otra vez que pensara a quién llamar para que les acercara 10.000 dólares, o serían presentados a Fiscalía por posesión de estupefacientes.
Ella dijo que su hijo saldría al mediodía del colegio y alguien tenía que buscarlo. Sólo la dejaron llamar a su suegra con el teléfono en altavoz para pedir que lo buscara, bajo vigilancia y amenaza de represalias si acaso revelaba que estaba detenida.
A. le silbaba y ella le respondía igual. Fue la única forma por la que consiguieron comunicarse. Así supieron que ambos seguían en el mismo lugar y estaban bien.
Pasó una hora y los uniformados, en número de ocho, dieron otra orden a la mujer: tenía que llamar a su suegro y decir que A. estaba detenido, sin dar más detalles ni decir dónde estaba. Así lo hizo. Otra vez bajo la misma coacción y con el teléfono en altavoz.
Al pasar un rato, los funcionarios se comunicaron directamente con el padre de A. desde el teléfono de su esposa. Se alejaron. Ella no pudo escuchar qué decían, pero en una hora llegaron su suegro y un primo de la familia. Los separaron y ambos hablaron con funcionarios diferentes. Tras salir del interrogatorio, el primo avisó que tenía que buscar 5.000 dólares para que la pareja pudiera quedar en libertad.
Algo más que ‘pa’l fresco’
Que un funcionario de seguridad en Venezuela cometa un delito no impresiona. En particular, las extorsiones de uniformados se han convertido en práctica frecuente en cualquier parte del país, sobre todo aquella especie en la que los funcionarios piden dinero en efectivo para “soltar” al desafortunado ciudadano al que han dado la voz de alto. Pero de aquella estampa de soborno light y folklórico, la brigada motorizada de la CPNB saltó a un esquema brutal y de escala industrial que funciona en la propia sede donde ese organismo comparte oficinas con el Sebin.
Lo que ocurre dentro del Helicoide es un modus operandi que contempla los delitos de secuestro y extorsión, explica el abogado penalista Joel García. La metodología aplicada es clara: retienen a las personas, las llevan a un lugar desconocido y luego las hacen llamar a un familiar para que sean liberadas a cambio de dinero. Un rescate.
La ubicación de las oficinas dentro de El Helicoide revela además una necesaria complicidad, o vista gorda al menos, de los distintos cuerpos policiales que allí funcionan. Para llegar a la sede administrativa de la Policía Nacional se transita una subida en espiral que lleva casi a la cúspide de la edificación. Entre esa oficina y las del Sebin solo se interpone un Simoncito, una guardería del Estado para los hijos de los funcionarios de este cuerpo de seguridad que se llama “Apascacio Mata”. Se trata de una mueca irónica: el plantel recuerda con su nombre a un emblemático agente de tránsito de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, durante los gobiernos de la democracia puntofijista, que se distinguió durante su carrera por la formalidad en el uniforme y su conducta incorruptible. Su leyenda apunta a que fue capaz de parar una caravana presidencial y multarla por violar normas de tránsito.
No hay manera de que los detenidos lleguen a ese lugar sin que los jefes policiales conozcan que estuvieron allí y el motivo. Además, la ley establece que quienes lleguen allí deben ser presentados ante la Fiscalía una vez están en el lugar, y más si es por tenencia de drogas.
“Hay una complicidad necesaria en los jefes. Cuando llevas a alguien a un despacho policial no lo metes en un cubículo y ya, sino que tienes que reportar en calidad de qué llega esa persona”, explica García.
Lo que durante los operativos estos policías exhiben ante sus víctimas como la marihuana incriminatoria, que en realidad les han sembrado, según permiten comprobar fotos obtenidas por Armando.info y las descripciones de las víctimas, no representa ni un gramo de peso. Para poder imputar a una persona por posesión ilícita de drogas debe llevar consigo no menos de 20 gramos, según la Ley contra las Drogas promulgada en 2010.
Aún así, los funcionarios logran su objetivo intimidatorio de infundir terror. Les dicen a las víctimas que pueden decir que encontraron la cantidad que sea, y esa es parte del esquema extorsivo. Todo es verosímil en un país con tan escasa confianza en el sistema de justicia.
“Estamos en una anomia total”, sentencia García.
El cuerpo de funcionarios de la CPNB se creó en 2009, pero su génesis se comenzó a gestar desde que se reformó la Constitución en 1999, bajo la premisa de que sería el cuerpo de seguridad ciudadana con mayor presencia y poder en el país y que conviviría armónicamente con las policías estadales y municipales, así como con la policía científica y los organismos de inteligencia. A la postre lo que hubo fue la creación prolífica de brigadas adscritas a ese cuerpo policial que a menudo replican las funciones de otros cuerpos y han pasado por decenas de jefes y cambios de nombre con una constante: las denuncias de violación a los principios de defensa y protección de la ciudadanía.
Una de ellas fue las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando del CPNB creado en 2016 a manera de cuerpo élite de comandos y que llegó a convertirse en una brigada de exterminio, famosa por su autoría en cientos de ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, según cifras recabadas por Monitor de Víctimas, sólo entre mayo y noviembre del año 2017, en el Área Metropolitana de Caracas se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las Faes, que a su vez son las responsables de 62% de las muertes cometidas por la CPNB.
Para el año 2022, ese grupo de exterminio cambió de nombre por Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO), pero el rebranding no hizo que la CPNB dejara de estar en el ranking de homicidios.
El proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, que adelantan las organizaciones no gubernamentales Provea y Centro Gumilla, que monitorea en Venezuela las violaciones al derecho a la vida, en especial las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, documentó que en 2021 se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La Policía Nacional Bolivariana protagonizó 198 de ellas (13.58%), de las que las antiguas FAES fueron autoras de 111 muertes.
Después de las denuncias de violaciones de derechos humanos y la insistencia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en disolver este apéndice del CNPB, vino un lavado de imagen que fue solo eso, un cambio de acrónimos.
Estos últimos días, además, se hizo viral un video en la red social Tik Tok donde se escucha a unos presuntos funcionarios de este cuerpo policial que trabajan en el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país y que sirve a la ciudad de Caracas, cobrando una vacuna de cinco dólares a cada uno de sus subalternos para no cambiarlos de lugar de trabajo. Los cinco superiores están detenidos.
“La PNB fue vendida como la policía del cambio, la socialista, que iba a ser diferente a la Policía Metropolitana que ellos eliminaron, pero siempre está liderando los hechos delictivos y de violaciones de derechos humanos”, analiza Luis Izquiel, experto en seguridad ciudadana.
En diciembre de 2022, Nicolás Maduro exigió que para 2024 este organismo tenía que pasar de tener 44.000 hombres a 100.000. Mientras se cumple esa meta, es ya el cuerpo policial con más funcionarios en ejercicio.
Un secreto a plena luz
El caso de A. y su esposa no es aislado. Una revisión en redes sociales evidencia al menos seis denuncias de víctimas directas de extorsión por parte de la PNB, o de conocidos de víctimas, que han creado cuentas sin nombres rastreables o sin fotos identificables para contar lo que está pasando desde noviembre del año pasado. Todos etiquetan a Tarek William Saab, fiscal general de la República nombrado por la írrita Constituyente de 2017, o a Douglas Rico, el director del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalisticas (CICPC, auxiliar de la fiscalía). Ninguno parece atenderlos.
En diciembre de 2022, cuatro meses antes del secuestro de A. y su esposa, otro joven veinteañero fue detenido en horas de la tarde en Lomas de Club Hípico, también en el municipio Baruta. Era la misma brigada motorizada de la CPNB.
R. vio una alcabala móvil, pero no tenía que pasar por ella. Cruzó a la izquierda, como si la evitara. Entonces comenzaron a seguirle dos policías. Le obstaculizaron el paso y le detuvieron para revisar su carro. Entre tanto, llegaron otra docena de policías, que lo rodearon.
Era Navidad y había restos de una cesta navideña con una piña deshecha en el maletero de su vehículo. Tras una breve revisión gritaron: “Encontramos marihuana”, fue Sánchez el que lo dijo, el mismo funcionario de ojos verdes que acosaría a la pareja de A. en el Helicoide, pocos meses después. Aunque el joven puso en duda el hallazgo, a los pocos minutos otro funcionario sacó migajas de una hierba seca que calificó como cannabis.
El jefe de la brigada, que se identificó ante el joven con el apellido Ascanio, dio la orden de llevarlo detenido. Hicieron el mismo procedimiento. Lo obligaron a manejar hasta el Helicoide.
“En el camino yo estaba nervioso y les dije que yo tenía una condición y creo que eso evitó que me pegaran. Me sentaron en una silla al lado de una celda”, contó a Armando.info.
R. llamó a su hermano, abogado, para que lo defendiera. “Cuando llegó mi hermano, empezaron a interrogarnos a los dos por separado”. Querían saber quiénes eran sus familiares, a qué se dedicaban, qué hacían ellos, sus fuentes de ingresos.
Un funcionario de apellido Ramírez y, de nuevo, Sánchez, el hombre de los ojos verdes, presionaron por el dinero. Primero 10.000 dólares. Luego 5.000 dólares. Los hermanos lograron regatear y llevaron el monto a 1.500 dólares ese día. Después de cobrar la extorsión, los funcionarios se pusieron a la orden por si necesitaban ayuda con algo en la calle.
R. salió a las ocho de la noche del Helicoide. También le tomaron fotos y videos mientras le devolvían las llaves de su carro.
“Cuando estás ahí, solo piensas en cómo salir. Te dicen que si no aprecias tu libertad, y eso te llena de miedo aunque no seas culpable de nada”, explica R. su conducta durante el trance.
Tres días después se encontró con los mismos agentes que hacían una alcabala en El Hatillo y lo saludaron. Los funcionarios le dejaron continuar su camino. Ya era una víctima conocida. De la casa.
Dos meses después, G., fotógrafo de profesión, se encontró en Chacaíto con un amigo. Chacaíto es el centro geográfico de Caracas, frontera en la capital venezolana entre los municipios Libertador y Chacao o, traducido a términos socioeconómicos, entre el centro obrero y popular y el este de clase media.
G. subió al carro de su amigo y empezaron a dar vueltas para hacer tiempo antes de acudir a una cita que tenían un poco más tarde. Entraron a las calles del Country Club y diez motorizados de la brigada de la CPNB los detuvieron. Comenzó el mismo procedimiento para hallar marihuana. “Estamos limpiando la calle de drogadictos”, les gritó un funcionario.
Se montó un policía a manera de copiloto para vigilar al amigo de G. mientras manejaba. Otro en el asiento trasero, con G. a un lado. “Nos hacían preguntas sobre si teníamos dinero, si nuestros padres tenían dinero, si llevábamos tiempo consumiendo, que si la familia sabía que consumimos drogas, si estábamos conscientes del problema en que nos metimos”, cuenta G. El resto de los policías los escoltaron en sus motos durante todo el trayecto.
Al llegar al Helicoide los hicieron frenar y les dieron una última «oportunidad”. “Nos dijeron que si no queríamos subir teníamos que dar tanto dinero, porque ‘si entran, no salen’. Nos pidieron 5.000 dólares. Los nervios te dejan la cabeza en blanco. Te van trabajando tu mente y no asimilas qué está pasando”, cuenta.
Un policía los conminó, recuerda G.: “Hablen claro si tienen plata porque, si suben, no bajan. Allá arriba, eso es otro mundo y, si entran, ustedes se pierden”.
“Nos obligaban a dar nombres para saber a quién llamar. Nos decían que buscáramos en el teléfono a quién iba a pedir plata. Insistían en que pensáramos”, sigue contando G.
Tuvieron que entrar a ese «otro mundo». Ninguno tenía dinero. Vieron a muchos policías con sus motos. Una vez adentro, los separaron. No pudieron hablar más entre ellos.
G. no tenía a quién llamar. El dinero que cargaba en su bolsillo no alcanzaba ni para pagar un ticket del Metro. Mientras lo interrogaban, le convidaban papas fritas Pringles. “Todo era tan cínico”, recuerda. Le pidieron los datos de su tarjeta de débito.
Entre tanto, su amigo sí había encontrado a quién llamar: a su papá. Se presentó con un abogado y tuvieron que pagar los 5.000 dólares requeridos para que dejaran salir a los dos jóvenes.
La extorsión convertida en un trámite común y corriente, dentro de una instalación oficial de seguridad. “Esto rompe con un esquema y la lógica de cualquiera. No lo hacen de forma oculta. Si llevas a las víctimas a ese lugar, muchos se darán cuenta de que ellos están ahí y de que no los presentaste en tribunales, pero que además eso suceda al lado del Sebin lo hace aún más particular”, explica Izquiel.
Epílogo con violencia y sin final
A la larga, A. y su pareja tuvieron un trámite más tortuoso que R. y G..
Luego de tres horas de espera para que los familiares de A. llevaran el dinero, los funcionarios policiales se alteraron. Golpearon a A. Lo sacaron de la celda y lo llevaron a un pasillo que servía de baño público a los presos. En medio de orines rancios y la oscuridad, el funcionario comenzó a hacerle una ráfaga de preguntas a las que A. no atinaba a responder: “¿Quién es tu primo?”, “¿Qué hace él?”, “¿Por qué no llega?”. Obligaron a A. a llamar a su mamá y preguntarle qué pasaba. La madre respondió que el primo estaba haciendo llamadas. La situación se puso más tensa.
Lo llevaron de nuevo al pasillo-sanitario y el oficial Sánchez sacó de su chaleco un vaper y lo obligó a fumar. “Vas a tener que decir en la Fiscalía que te agarramos fumando marihuana”, le decía. A. volvió drogado, ahora sí de verdad, a la celda.
Con la espera, los policías entraron en un estado de euforia nerviosa. Se comenzaron a empujar entre sí. Se reprochaban unos a otros, en medio de los empujones y gritos, que las cosas podían salir mal alguna vez y ser descubiertos o denunciados. “Esto es una trampa. Están buscando contactos”, asomó uno de los funcionarios ante el retardo del primo de A. Para curarse en salud, empezaron a persuadirse unos a otros para presentar formalmente a los detenidos en Fiscalía.
Le preguntaron a su víctima qué hacía su familia, quién era el primo que estaba negociando. A. no respondía nada.
Le pidieron entonces hacer una última llamada antes de terminar de incriminarlo en algo que no hizo. A. obedeció. Cuando su mamá le atendió el teléfono, el rehén gritó desesperado: “Lleguen ya con el dinero porque me presentarán en Fiscalía”, recuerda.
En 45 minutos llegaron por fin los 5.000 dólares en efectivo. La tensión bajó y pusieron a A. y a su esposa de pie, frente a un pendón con el logo de la CPNB, mientras les entregaban las llaves de su carro.
Todas las víctimas entrevistadas para este reportaje muestran como una foto-postal la imagen de cuando salieron en libertad. Todos tienen amigos o conocidos de conocidos a los que, dicen, les pasó lo mismo en el este de Caracas. Y la última denuncia que se encuentra en redes sociales sobre estos casos data de una fecha tan reciente como el pasado abril. La industria de la extorsión policial al detal sigue prosperando en la ciudad capital de Venezuela, tierra de nadie, donde vale todo y ese todo se dirime a la fuerza.
ADVERTENCIA AL LECTOR: Por consideraciones de seguridad del equipo de reporteros y sus fuentes, y tras deliberación interna de su jefatura, Armando.info decidió prescindir en esta historia de la confrontación y contraste con las personas señaladas -en este caso, miembros de la Policía Nacional Bolivariana-, que es parte de su práctica periodística regular. Por el mismo motivo, decidió no firmar el texto y, además, reservarse el nombre de los declarantes.