Que el peso político, no prevalezca ante la necesidad de protección, asegura el gremio médico y expertos ante las horas contadas para el gobierno, pues hoy vence el plazo para que Venezuela acceda a la vacuna contra el COVID-19, a precios más accesibles por el mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Dicha reserva es de 1.425.000 y 2.409.600 dosis de AstraZeneca que llegarían a final de febrero, ante la promesa oficial de empezar un plan nacional de vacunación contra el virus en abril. Una urgencia expresada por el infectólogo Julio Castro, sobre la necesidad que para final de año debería tener adelantado 50% de la población en general.
«Es complicado e incongruente el escenario político, además de poco diligente al no cumplir los compromisos con las instancias internacionales», señala Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), cuando en esa carrera mundial por las vacunas, se tenga la incertidumbre sobre las 10 millones rusas de Spunitk V, conociendo que aún se encuentra en fase experimental.
José Félix Oletta, exministro de Salud, expresa que «el costo político, genera más daño a la salud y a la vida». Llama a decisiones oportunas para evitar el daño irreparable. «Es un reclamo de la sociedad, para evitar la negligencia. Si la necesidad es la vacuna, pues desligarse del tinte político», refiere de la necesidad de alianzas, hasta permitir la intermediación del líder opositor Juan Guaidó. Todo por un plan de inmunización contra el virus que asegure la cadena del frío para su conservación y demás insumos.
En cuanto a esa accesibilidad, Edgar Capriles, experto en economía de la Salud, aplaude que Venezuela pueda contar con este beneficio de la OPS, así garantizar más vacunas con menos dinero. Una negociación que debe estudiarse, si puede agilizarse con la administración de Guaidó.
El gremio médico larense también alza su voz y rechaza el atraso del país, desde las deficiencias de la población a los sistemas de inmunización. «Como se ha dejado atrás, con esta acción gubernamental indolente y con riesgos a la protección contra el Covid 19», denuncia René Rivas, presidente del Colegio de Médicos, sobre lo que califica como una deuda por parte del Estado, para asegurar la dotación de la OPS y así empezar con ese grupo vulnerable