El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está solo en su cruzada antiinmigrante. Convertir a las personas indocumentadas en el enemigo ha sido el argumento xenófobo y racista que ha inspirado a dos legisladores de Estados republicanos a proponer recompensas para quienes denuncien a los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en el país. La oferta contempla premiar con 1.000 dólares a todo aquel que aporte información que lleve a la detención de cualquier migrante indocumentado.
En Misisipi, la propuesta presentada por el representante republicano Justin Keen se frenó en el comité legislativo esta semana, pero en Misuri, sigue su proceso y se debate en la asamblea. La iniciativa aumenta el temor a que se produzcan actos racistas entre una población que ya está polarizada por la cruzada antiinmigrante que ha puesto en marcha el presidente en las dos semanas que lleva en el poder. “No hay duda de que podría haber repercusiones imprevistas, sobre todo en lo que respecta a la seguridad pública, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación”, advierte Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
En Misuri, el senador republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB72 a finales del año pasado y en la sesión legislativa que se celebró en el Comité de Seguridad Pública el 27 de enero. “Si un extranjero ilegal es arrestado y encarcelado bajo esta sección como resultado de un informe al sistema de información, la persona que realizó el informe será elegible para recibir una recompensa de mil dólares por proporcionar dicho informe”, recoge la propuesta. Si la pista resulta cierta, la persona arrestada sería acusada de “invasión ilegal por parte de un extranjero ilegal” y sujeta a cadena perpetua sin libertad condicional si las autoridades federales de inmigración no se encargan de su custodia y deportación.
La propuesta de Gregory contempla, además, la creación de una figura más propia de siglos pasados en un escenario del lejano oeste: el cazarrecompensas. El denominado Programa de cazarrecompensas certificado para extranjeros ilegales de Misuri certificaría a personas para que se dediquen a encontrar y detener a migrantes indocumentados. Gregory explicó que funcionaría como “un ICE estatal”, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, encargada de llevar a cabo las detenciones y deportaciones de migrantes.
La agresividad de la propuesta provocó un fuerte encontronazo en el debate del Senado, donde docenas de personas testificaron en su contra. El republicano, a quien se ha tachado de “fascista”, criticó la cobertura mediática de su plan y aseguró que los cazarrecompensas no irían por las calles deteniendo libremente y que solo lo harían si hay una orden de arresto.
La senadora estatal Barbara Washington, demócrata de Kansas City, denunció que la propuesta anima a las personas a realizar informes racistas basados en el color de la piel o el dominio del inglés. “No me digan que no va a suceder porque está sucediendo ahora”, dijo Washington, según el medio Missouri Independent.
No es la única propuesta del Estado contra los migrantes. La senadora republicana Jill Carter, defendió otro proyecto de ley que crea nuevos delitos basados en el estatus migratorio. Simplemente por ser indocumentada, una persona podría ser acusada de “ingreso inadecuado” y ser castigada con una multa de hasta 10.000 dólares y expulsada a un puerto de entrada para su posterior deportación. Estos proyectos son ejemplo de como muchos Estados gobernados por los republicanos están impulsando legislaciones que se alinean con la ofensiva antiinmigrante activada por Trump, animando a las autoridades locales a participar en la campaña del magnate.
Fracaso en Misisipi
En el caso de Misisipi, el proyecto de ley era similar al de Misuri y contemplaba una recompensa de 1.000 dólares para los denunciantes que facilitaran la detención de los indocumentados y la creación de la figura del cazarrecompensas. Su autor, el legislador republicano Justin Keen se ajustó al argumento tan difundido por Trump de que los migrantes son criminales para defender su propuesta. “Esta legislación tiene como objetivo mantener seguras a las comunidades de Misisipi”, declaró. “Hemos visto de primera mano el peligro que representan los malos actores y los criminales violentos que ingresan ilegalmente a este país, como la vida inocente de Laken Riley”, señaló en referencia a la estudiante de Georgia que fue asesinada por un migrante indocumentado el año pasado y que ha dado nombre a la ley que permitirá la deportación por delitos menores. “La Administración del presidente Trump ha dejado claro que deportar a inmigrantes ilegales es una prioridad y estamos orgullosos de hacer nuestra parte aquí en Misisipi para ayudar a respaldar su agenda y proteger a nuestros ciudadanos”. El proyecto, sin embargo, murió en el intento.
En Misisipi tuvieron lugar algunas de las mayores redadas en lugares de trabajo durante el primer mandato de Trump. En agosto de 2019, agentes de ICE irrumpieron en plantas procesadoras de pollo y arrestaron a casi 700 personas. “Las redadas de 2019 fueron emblemáticas de la política de inmigración punitiva, inhumana, de represalia y de motivación racial de la Administración Trump”, señala un informe del Centro Nacional de Justicia para Migrantes.
El rechazo popular a la migración irregular ha aumentado en paralelo al incremento de las llegadas de indocumentados. Entre 2019 y 2023, la población de migrantes no autorizados creció tres millones, o un promedio del 6% anual, según datos del MPI. El país no había visto aumentos anuales tan grandes desde principios de la década de 2000. Sus estimaciones apuntan a que en 2023 había 13,7 millones de migrantes indocumentados. Sin embargo, las medidas impuestas por la Administración de Joe Biden el año pasado, como la restricción al asilo, redujo a mínimos no vistos desde 2020 los cruces ilegales en la frontera.
No está claro si el proyecto de ley progresará en Misuri, pero la campaña de deportaciones masivas de Trump cuenta con un amplio apoyo popular. Una encuesta de The New York Times e Ipsos del 2 al 10 de enero reveló que el 55% de los votantes apoya firmemente o parcialmente tales planes. Un 63% está de acuerdo en expulsar a los que entraron ilegalmente en los últimos cuatro años y el 88% respalda deportar a los inmigrantes que están aquí ilegalmente y tienen antecedentes penales.