El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la nueva avanzada de la dictadura chavista contra los medios de comunicación
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que el régimen de Nicolás Maduro cerró 79 emisoras de radio en 10 meses. “Entre enero y octubre de 2022, el SNTP ha documentado el cierre de 79 estaciones de radio en todo el país, un promedio de casi 8 emisoras por mes. Salvo un caso en el estado Bolívar, en el resto de los incidentes reportados aparece como responsable la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”, expresó en un comunicado.
Luego detalló: “La acción arbitraria del estado ha afectado 16 de los 24 estados del país, donde se registran cierres de emisoras, es decir, 66,6% del territorio. Las entidades más afectadas son Zulia (23), Sucre (11), Táchira (10), Cojedes (6) y Falcón (6). Le siguen Yaracuy (4), Carabobo (3), Monagas (3), Anzoátegui (2), Barinas (2), Guárico (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Bolívar (1), Lara (1) y Miranda (1)”.
El sindicato indicó que algunos de los cierres “fueron denunciados públicamente por el SNTP en la oportunidad en que ocurrieron, mientras que otros forman parte de una relatoría privada por petición de los afectados, quienes alegan temor por mayores represalias o estar en medio de procesos de negociación para retomar las transmisiones. A partir de la documentación y entrevistas realizadas, fácilmente podemos inferir que han ocurrido más cierres durante estos 10 meses de 2022, pero los directivos de esas radios optan por guardar silencio”, aclararon.
Y siguieron: “Es importante mencionar los casos de las estaciones Líder 106.7 FM (Carabobo) y Azukar 100.5 FM (Monagas), ambas fueron sacadas del aire por Conatel con el argumento de vencimiento de la concesión pero a los pocos días encendieron sus transmisores y hoy están activas”.
El sindicato denunció la “arbitrariedad oficial” para ejercer la censura contra estos medios de comunicación. “En relación a las formas y los argumentos utilizados por Conatel para ordenar el cierre, en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa. No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones”, subrayó.
“Cuando algún funcionario visita las emisoras, constatamos que en ocasiones lo hacen sin identificación y dan órdenes verbales. Sin embargo, en más del 80% de los cierres, Conatel gira instrucciones telefónicamente. La documentación hecha por el SNTP, a través de sus delegados voluntarios en todos los estados del país, revela que Conatel estaría alegando como causa el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas. Sin embargo, y también por entrevistas y testimonios recogidos, lo que hay detrás son condiciones y requisitos inviables para los operadores o ausencia de respuesta frente a la solicitudes de renovación y habilitación”, agregó.
Unas 40 organizaciones independientes de Venezuela rechazaron, mediante la firma de un comunicado conjunto, la “suspensión masiva” de transmisiones de decenas de emisoras de radios en diversos estados del país en los últimos meses, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), informó este jueves la ONG Espacio Público.
“Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos la gestión opaca y arbitraria de Conatel que derivó en la suspensión masiva de transmisiones de decenas de emisoras radiales en varios estados del país durante los últimos meses”, señaló la entidad en una nota de prensa.
Recordó que el cese de operaciones de las emisoras impacta “gravemente” en un “ecosistema de medios restringido desde hace varios años”, y señaló a la ciudadanía como “la principal afectada, por falta de espacios plurales para opinar, informar y enterarse de lo que pasa en sus localidades”.
Además -subrayó-, “estas prácticas impiden que las personas tomen decisiones razonables o lo suficientemente informadas frente a situaciones que les afectan”.
La ONG, con el respaldo de los firmantes, criticó que la gestión del espectro radioeléctrico opere “bajo esquemas discrecionales” que responden a “una política que no rinde cuentas ni se ajusta a un mandato técnico”, por lo que pidió que la regulación ofrezca “certezas respecto al estatus de las emisoras”.
Las organizaciones exigieron al Estado que ajuste la legislación “a los estándares en materia de derechos humanos” que garanticen de “forma amplia” la libertad de expresión, que ofrezca seguridad jurídica y permita el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
Asimismo, instaron a Conatel a ser “transparente” y a rendir cuentas “de forma clara y precisa sobre el manejo del espectro radioeléctrico” y a garantizar y proteger los principios de pluralidad, diversidad y libre circulación de contenidos, así como a generar “condiciones de igualdad y equidad para facilitar el uso legal y legítimo del espectro radioeléctrico”.