Desde 2016, organizaciones no gubernamentales, activistas de los derechos humanos, la OEA y, más recientemente, la ONU ―desde 2020― han venido produciendo numerosos e importantes documentos sobre las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Chávez y Maduro.
Por Miguel Henrique Otero – El Nacional
Debo ser más preciso: han generado miles de páginas descriptivas, testimoniales o analíticas sobre prácticas como torturas, agresiones sexuales, secuestros, operaciones extorsivas, violaciones de los procedimientos legales, uso desproporcionado de la fuerza, ataques a los familiares y más. Documentos que revelan, como quizás ningún otro, la naturaleza profunda del régimen. Su carácter de fondo.
En el caso de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha producido tres documentos excepcionales ―septiembre de 2020, septiembre de 2021 y septiembre de 2022― que constituyen una serie que reclama la atención de los demócratas: con cada entrega, la comprensión del Estado torturador y violador de los derechos humanos se hace más clara. A partir de sólidas denuncias y testimonios de víctimas, familiares, abogados y de exfuncionarios de los organismos que cometen estos crímenes, se ha producido una cantidad notable de información verificada, ordenada y analizada. Las rigurosas y sistemáticas investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos ha logrado producir un conocimiento fundamental sobre cómo en Venezuela hay organismos ―no solo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)― cuyo trabajo consiste en violar los derechos humanos. Nada menos. Y para ello cuentan con el apoyo irrestricto del alto gobierno y de las instituciones del Estado.
En el informe ―que se presentará a debate mañana a la Asamblea de la ONU― se concluye que los dos organismos ―la Dgcim y el Sebin― se han constituido en organizaciones “propensas” a delinquir (recuerdo que el general Manuel Cristopher Figuera, tras romper con el régimen, compartió con un periodista un diagnóstico semejante: que al llegar al Sebin le había sorprendido “la cultura” de violación de los derechos humanos que imperaba).
Esa “cultura”, esa “propensión” proviene de una estructura donde hay, como en cualquier corporación, jerarquías, roles y cargos. Se trata, en resumidas cuentas, de empresas especializadas, en las que hay profesionales del sufrimiento corporal, que han sido entrenados por expertos cubanos que han venido al país, específicamente a instruir a los esbirros venezolanos, para que estos castiguen a los detenidos sin piedad y de forma sostenida, hasta que sean despojados de su condición humana.
Esas dos estructuras ― la Dgcim y el Sebin― responden a una cadena de mando, a un centro de decisiones. Esto puede parecer obvio, en una primera impresión. Sin embargo, lo que demuestran los sucesivos informes de la Misión de Determinación de los Hechos es que es la cúpula del régimen, directamente, la que dirige las dos estructuras. No solo los testimonios de víctimas y exfuncionarios así lo documentan. La invaluable información aportada por el general Manuel Cristopher Figuera apunta en el mismo sentido: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami están al frente de las maquinarias. Son ellos los que dictan las órdenes, son ellos los que ponen en movimiento a los Hernández Dala, Calderón Chirinos, Hannover Guerrero, Granko Arteaga, Franco Quintero y demás.
El que en el más alto nivel del poder del régimen esté también el primer eslabón de la cadena de mando de las estructuras encargadas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos nos conduce a una conclusión que no puede ser obviada ni por los demócratas, ni por los organismos internacionales, ni tampoco por la Corte Penal Internacional: si los dos jefes del régimen, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, encabezan la cadena de mando de los organismos criminales, la impunidad está plenamente garantizada. No hay ninguna posibilidad de que, con ambos en el poder, cese la tortura en Venezuela.
Esta afirmación tiene sustento en los hechos: en el período comprendido entre 2020 y 2022 ni en el Sebin ni en la Dgcim se han producido cambios que revelen la intención de modificar estas políticas. Miren lo que dice el informe mencionado al respecto: “La misión demostrará, con fundamentos razonables para creer, que varias personas participaron en delitos y violaciones, y, por lo tanto, su responsabilidad merece una investigación más profunda. Casi todas estas personas, y en particular quienes detentaban puestos clave, continúan ocupando cargos en la Dgcim o el Sebin. Varias de las personas involucradas han sido ascendidas dentro de las mismas estructuras, incluso tan recientemente como el 29 de agosto de 2022. Quienes ya no trabajan para la Dgcim o el Sebin han sido promovidos a otros puestos en organismos diferentes o se han retirado del servicio. No hay evidencia de que en la actualidad se estén llevando a cabo procedimientos domésticos contra ninguna de estas personas”.
No hay castigo ni lo habrá, además, porque el máximo jefe de la Dgcim, el general Hernández Dala, es de forma simultánea el jefe de la Casa Militar, nada menos que el responsable de la seguridad de Nicolás Maduro y de su familia. De hecho, el informe señala que incluso Cilia Flores ha ordenado acciones de estos organismos.
Cuando se analiza la trama de cargos, relaciones, amistades y compromisos de esta oligarquía ―porque de eso se trata, de una oligarquía―, cohesionada por los delitos que han cometido en conjunto en contra de miles de personas inocentes, no es posible otra conclusión, basada estrictamente en los hechos: no cambiará. No dejarán de torturar ni de violar derechos humanos. No castigarán a nadie. Continuarán lucrándose de los detenidos. Se trata de un negocio en el que, al costo de las vidas y los sufrimientos de los demás, obtienen ganancias y mantienen al régimen en el poder.