El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) ha confirmado una inhabilidad de 15 años sobre la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año. Sin embargo, el gobierno de Colombia y el presidente Gustavo Petro han guardado silencio al respecto.
La sentencia del máximo tribunal afirma que «la ciudadana María Corina Machado Parisca está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años». Esta decisión desestimó la solicitud de amparo cautelar presentada por Machado, quien esperaba que se levantara esta sanción a través de un mecanismo de revisión de casos acordado entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Por el contrario, el tribunal reafirmó que Machado está inhabilitada por su participación en la trama de corrupción liderada por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó.
Ante esta situación, María Corina Machado expresó su rechazo en las redes sociales, afirmando que el régimen de Maduro ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados y que las elecciones previstas serán fraudulentas.
Esta decisión del régimen de Maduro ha generado nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, especialmente en el sector minero, y ha sido rechazada por varios países del continente. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido ningún mensaje por parte de Colombia.
Aunque el canciller Álvaro Leyva enfrenta una suspensión de tres meses por un caso de licitación de pasaportes, sigue ejerciendo en su cargo y no se ha pronunciado al respecto. Esto resulta inexplicable para muchos analistas, quienes consideran que es importante que el gobierno colombiano y otros países que Maduro percibe como potenciales aliados ideológicos se pronuncien públicamente sobre esta situación.
Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de Laboratorio de Paz de Venezuela, señala que es clave tener un pronunciamiento por parte del gobierno colombiano y de aquellos países que pueden allanar el camino a una solución pacífica y democrática del conflicto venezolano. Destaca los valores democráticos de los presidentes Petro y Lula y considera que cualquier mensaje debe ser público y no privado.
Es importante tener en cuenta que el presidente Petro ha apostado por restablecer relaciones con Venezuela desde su llegada al poder, incluso realizando visitas al país para firmar tratados de cooperación y mediando en la vuelta de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la búsqueda de elecciones transparentes. Sin embargo, su postura frente a Maduro y a la situación en Venezuela parece no tener coherencia con su discurso.
Hasta ahora, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Chile han enviado mensajes de rechazo ante la decisión del tribunal venezolano. Mientras tanto, en Colombia, desde el Congreso de la República se ha pedido al gobierno un pronunciamiento al respecto.
El silencio de Colombia frente a este atropello contra la participación de María Corina Machado en las elecciones en Venezuela ha generado críticas y llamados a la condena por parte de políticos y ciudadanos. Se cuestiona la hipocresía del presidente Petro al rechazar atropellos a la democracia en otros países pero guardar silencio ante lo que ocurre en Venezuela.
En conclusión, la falta de pronunciamiento público por parte del gobierno colombiano y del presidente Gustavo Petro ante la inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial en Venezuela ha generado críticas y llamados a la condena. Se espera que el gobierno colombiano y otros países se pronuncien sobre esta situación y apoyen una solución pacífica y democrática para el conflicto en Venezuela.