Ya el solo hecho de que se instale una oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas es una derrota para el gobierno de Nicolás Maduro, para la Venezuela que él comanda como si fuera su hacienda y para el llamado (por Hugo Chávez) Poder Moral, que está infiltrado hasta los tuétanos por sus partidarios.
No importa lo que digan en sus discursos y a través de las redes sociales los personeros del gobierno, incluido el fiscal general, Tarek William Saab. El interés de los expertos que trabajan con Karim Khan es investigar qué ha sucedido con la justicia en Venezuela, si realmente los culpables de crímenes horrendos de lesa humanidad han sido procesados, si el máximo tribunal del país ha hecho su trabajo de manera imparcial. Todos sabemos la respuesta. Difícilmente podrá el Ministerio Público llenar tantos vacíos con decisiones tomadas los últimos meses para maquillar su actuación. Confiamos en que Kham y su equipo sepan a lo que se enfrentan.
Una cosa sí es segura, llena de esperanzas que al fin las denuncias de tantos venezolanos hayan sido escuchadas, así el poeta se empeñe en restarle importancia a la gestión de la CPI.
“Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorandos, pero en la práctica lo vamos a demostrar”, aseguró Saab.
¿Cómo puede asegurar el fiscal del gobierno chavista que se han sentenciado oportunamente a los culpables si hay casos que tienen cinco y hasta ocho años de ocurridos y aún los culpables no están tras las rejas? ¿Es hacer justicia procesar a los autores materiales y no tocar ni con el pétalo de una rosa a la cadena de mando, a los autores intelectuales?
De lo que se habla en el caso Venezuela es de una violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno chavista a través de muchas vías. Se habla de torturas, de uso indebido de armas, de persecución. Ha pasado demasiado tiempo y no se ha visto que se apliquen la justicia ni las leyes. Esa es la razón por la que la Fiscalía de la CPI quiere investigar in situ los hechos, porque es verdad que lo que ha ocurrido en el país, de lo que han sido capaces los chavistas en contra del pueblo que se le opone, es bastante difícil de creer y de entender.
No porque los funcionarios de la Fiscalía de la CPI se hayan reunido con el departamento de derechos humanos del despacho de Saab quiere decir que todo va viento en popa para el gobierno. Sin embargo, si con la sola presencia de estos expertos se logra aunque sea un atisbo de justicia para las víctimas y sus familiares, algo se habrá ganado.
Pero hay que insistir, lo que necesita la gente en el país es que se juzguen y se condenen a todos los involucrados que han ordenado, permitido o ignorado la violación de los derechos humanos de los venezolanos. Quizás no sea mañana mismo, pero estos delitos no prescriben.