Quedan menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Venezuela y la incertidumbre crece. Mientras la oposición mayoritaria busca llegar al poder de la mano del desconocido Edmundo González, Nicolás Maduro intenta aferrarse al poder por otro período, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El largo y sinuoso camino del socialismo
El país ha sufrido la consolidación de una dictadura que tiene completamente controlados todos los poderes del Estado. Un ejemplo claro es la intervención del miércoles del fiscal general, Tarek William Saab, donde acusó una persecución contra el gobierno en el caso Ojeda, además del control sobre los principales medios de comunicación. Con esos antecedentes, las dudas sobre un proceso electoral transparente son demasiadas.
Sin embargo, la firma del Acuerdo de Barbados entre el oficialismo y la oposición suponía un halo de esperanza para la ciudadanía. Luego de intensas negociaciones, ambas partes pactaron la realización de comicios presidenciales libres con la presencia de observadores internacionales. Pero ha pasado el tiempo y las certezas más bien se han transformado en dudas y las acusaciones de prácticas antidemocráticas han crecido.
Para muestra, un botón: según la información oficial, un total de 21.620.705 personas están habilitadas para sufragar, de las cuales solo 69.211 corresponden a votantes del exterior. Una cifra ridícula considerando que más de 6 millones de venezolanos han dejado su patria desde el inicio de la crisis y no pudieron inscribirse en las sedes diplomáticas respectivas.
Una teleserie de no acabar
Otro hecho reciente fue la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la invitación a la Unión Europea (UE) para participar como observadora en las votaciones del 28 de julio, en respuesta a la «actitud hostil e irrespetuosa de este bloque», que ratificó sanciones contra cerca de 50 funcionarios chavistas.
Aunque el CNE ha invitado a varias agrupaciones internacionales a presenciar las votaciones (como el Centro Carter, los Brics y la Unión Africana), estas harán una veeduría limitada, mientras que la UE pretendía desplegar una misión de observación profunda, como había sido acordado entre el gobierno y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Los gobiernos de Colombia y Brasil descartaron enviar veedores al proceso.
Esto se suma a la verdadera telenovela que fue para la PUD elegir a su candidato. La abanderada original era la exdiputada María Corina Machado, quien tras arrasar en las primarias opositoras del año pasado asomaba en los sondeos de opinión como la única capaz de vencer a Maduro. Sin embargo, la decisión de la Contraloría de inhabilitarla para ejercer funciones públicas durante 15 años sepultó todo.
Pese a los llamados internacionales a permitir la participación de Machado -incluso mandatarios más cercanos a Maduro, como Gustavo Petro o Lula da Silva, se sumaron a esta campaña- las autoridades venezolanas se mantuvieron firmes. Con ese panorama, el principal bloque opositor designó a la docente Corina Yoris como su candidata. Pero los problemas siguieron: de acuerdo con el antichavismo, nunca pudieron inscribir a su abanderada.
Fue ahí donde apareció el plan C. Tras los fracasos para inscribir a Machado y Yoris, la PUD anunció su apoyo a Edmundo González Urrutia, un ex embajador alejado de la política dura. Ahora él es la carta de la oposición para destronar a Maduro, en unas elecciones que cuentan con un total de 10 candidatos.
Acción y reacción
La oposición se ha mantenido firme en su campaña. Es ahí donde María Corina Machado ha desempeñado un papel fundamental: imposibilitada de viajar por aire por las autoridades, la exdiputada ha recorrido todo Venezuela en automóvil para participar en actos políticos. Ella sabe que la única forma de vencer en julio es dejando en claro que González es su candidato.
El gobierno ha respondido. Cada vez que Machado anuncia un acto, el chavismo realiza concentraciones el mismo día, en el mismo sitio y prácticamente a la misma hora. En mayo, la dirigente anunció visitas a los estados Trujillo, Apure, Amazonas, Aragua y Lara, tras lo cual el chavismo comunicó que celebraría actos proselitistas en cada uno de estos lugares, con la misma selección de fechas que la opositora.
Un reportaje de la AFP reveló que las autoridades venezolanas han clausurado hoteles y restaurantes en los que ha estado Machado durante su viaje de campaña, mientras que los recintos vecinos permanecen abiertos.
Problemas y concentración
En el tablero político aún quedan cartas sin revelar que podrían cambiar el panorama, como la demanda introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la tarjeta electoral de la coalición opositora que respalda a González Urrutia, el símbolo partidista que ha recibido más votos en la historia de las elecciones venezolanas.
Si la Corte falla a favor del demandante -el ex candidato presidencial Luis Ratti, quien durante años militó en el chavismo- se vería afectada la candidatura de la PUD, pues los electores no podrán votar por la tarjeta unitaria, sino por la de otros dos partidos que respaldan al antichavista, pero que no son tan reconocibles.
Mientras, el chavismo ha hecho decenas de concentraciones de respaldo a Maduro en todas las regiones del país, si bien el mandatario se ha presentado solo en algunas de estas actividades y ha dirigido saludos telefónicos a otros lugares, siempre con la difusión del canal estatal VTV.
Aquí el control de los medios suma otro factor: los canales estatales siguen a cada minuto las actividades del mandatario y los actos a su favor. Aún más: el medio TVES transmite todas las semanas «Factor M», programa de talentos que busca un jingle para la campaña de Maduro.
Sin embargo, no hay señales de que los medios organicen debates entre los candidatos, algo que han reclamado abanderados opositores. Por ahora, la campaña sigue.