Lo de que «Venezuela se arregló» no ha sido más que una mentira descarada y una consigna infeliz. Las protestas masivas de los maestros en la conmemoración de su día en los 23 estados del país y el área metropolitana de Caracas, a las que se sumaron padres y representantes de los estudiantes y otros sectores laborales al servicio del Estado, exponen en toda su crudeza la Venezuela de verdad: esa en la que cientos de miles de trabajadores públicos apenas subsisten con salarios de hambre. Salarios de hambre en un país sentado sobre las mayores reservas de petróleo del mundo.
«Al gobierno no le gustan las protestas, pero no cumple», dijo la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros Carmen Teresa Márquez. Una mujer que no necesita alzar la voz para hablar con firmeza y reiterar la decisión de los educadores de seguir luchando en la calle y en las aulas por lo que merecen: algo tan digno como una remuneración que les permita adquirir la canasta alimentaria. Nada de lujos, que son potestad de los dispendiosos y bien alimentados jerarcas del régimen.
A Maduro, que llegó a ser delegado sindical en el Metro de Caracas, y a otros personajes del chavismo les encantaban las protestas cuando insurgían entre gallos y medianoche bajo las reglas del juego democrático. Ahora las aplastan.
Porque eso es lo ocurrió en Ciudad Guayana con trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco y de otras empresas básicas de la zona.
¿Qué sucedió en Guayana? Tras cinco días de protestas laborales en el portón IV de Sidor en reclamo de bonos prometidos en dólares para cumplir metas de producción e impagos de otros beneficios contractuales, el régimen impuso “la paz y el diálogo”.
Para ello echó mano de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar –la Dgcim, que abulta su expediente de terror y hostigamiento– y de funcionarios del Sebin, que visitaron oportuna y debidamente armados los domicilios de líderes de los manifestantes. Una labor de persuasión que haría palidecer al abogado de Don Corleone.
Prensa local de Ciudad Guayana registra que los líderes de la protesta son sidoristas de diversas áreas de producción, mosqueados con la dirigencia de fachada –gente de doble turno como funcionario y con mando sindical–.
Creyeron los manifestantes que bastaba la justeza de su reclamo para hacer recapacitar al patrón/Estado/partido, pero el resultado fue la detención de 19 trabajadores, varios pasados a tribunales, y otros más, afortunados, tan solo amenazados.
“Una emboscada en toda la regla”, denuncian desde la zona del hierro y el acero, que concluyó con la firma de una extraña acta donde ninguna autoridad se identifica con su nombre y apellido, ni número de cédula, ni a quién representan.
Los detenidos fueron liberados. A quienes se llevó ante el juez por “incitar al odio y obstruir la vía pública” quedaron con orden de presentación cada 30 días y a todos se les prohíbe volver a protestar.
¿Y las deudas? Las propuestas de los trabajadores se sumarán a otras, para ir a una mesa de diálogo, en Caracas, con autoridades correspondientes. Allí se hablará de la indexación de diferencias generadas por el “dólar criminal”. Así, sin más, impone “la paz y el diálogo” la revolución.