El licenciado Roberto Cassiram manifiesta que en el marco de la situación de emergencia, surge la crítica realidad de la salud en Venezuela, donde la corrupción y la negligencia gubernamental han comprometido gravemente la atención médica. Los artículos constitucionales que garantizan el derecho a la salud se ven socavados por la falta de insumos, infraestructuras inconclusas y una gestión desacertada.
El sistema de salud, respaldado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), debería asegurar la dotación mínima de insumos médicos, medicamentos y equipamiento. Sin embargo, la realidad es alarmante: la corrupción militar encabezada por figuras como Jesús María Mantilla y Carlos Alberto Rotondaro Cova, sumada a la desidia actual de la abogada Magaly Gutiérrez Viña, ha generado una verdadera emergencia humanitaria.
A pesar de los créditos adicionales asignados en el pasado, la ejecución de proyectos como la construcción de hospitales especializados se ha visto afectada, dejando obras paralizadas y a la población desprotegida. Más de 3000 obras hospitalarias inacabadas dan cuenta de la magnitud de la crisis.
Este escenario, agravado por la corrupción y la falta de responsabilidad, constituye un genocidio atípico no convencional. La población venezolana se ve vulnerada en su derecho a la salud y la vida, exigiendo respuestas inmediatas y acciones concretas para revertir esta situación crítica.
Aún se espera respuesta de al menos las obras inconclusas como:
Oncologico de Guarena
Oncologico de Montalban
Oncologico de Barinas
Oncologico de Mérida
Hospital de Guanta
Hospital de Dabajuro
Entre otros.
