En su discurso de toma de posesión como jefe de la marina venezolana, el ahora retirado almirante Carlos Aniasi Turchio se jactó de que las fuerzas armadas de Venezuela eran revolucionarias en su esencia, habiendo nacido de la «voluntad del pueblo de liberarse de las cadenas de ‘El Imperio'», en una referencia obvia a Estados Unidos.
Antonio Maria Delgado y Joseph Poliszuk / El Nuevo Herald
Pero su jurado antagonismo hacia Estados Unidos no le impidió retirarse en la Florida. El almirante, un aliado de confianza que desempeñó diferentes roles en el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, aterrizó en una espaciosa casa de $620,000 en Kissimmee y abrió un par de compañías en Florida, una de ellas con $1.5 millones en propiedades comerciales.
Aniasi forma parte de un abultado grupo de militares y funcionarios venezolanos que después de ayudar a construir la llamada Revolución Bolivariana terminaron mudándose, invirtiendo o abriendo negocios en la Florida, un bastión de exiliados venezolanos obligados a abandonar el país sudamericano para escapar la persecución y las pésimas condiciones económicas provocadas por el régimen socialista.
Datos obtenidos por el portal de investigación venezolano Armando.info y el Miami Herald muestran que hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa del país que han abierto empresas en la Florida. También hay más de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en algún momento, funcionarios de rango medio o alto en el régimen socialista de Caracas.
Armando.info y el Miami Herald revisaron más de 128,000 registros de nombramientos y destituciones de cargos públicos realizados en Venezuela desde 2007 y los cotejaron con los nombres que aparecían como dueños o directores en empresas registradas en la División de Corporaciones de la Florida.
La revisión de los datos, que cubren los nombramientos producidos durante aproximadamente la mitad del período de Chávez y la mayor parte de los años de su sucesor, el actual dictador Nicolás Maduro, reveló los nombres de 724 funcionarios del régimen que aparecen en el registro de empresas de la Florida. El examen de una pequeña muestra mostró fechas de nacimiento coincidentes entre funcionarios del gobierno venezolano y directores de empresas de la Florida en aproximadamente dos tercios de los casos, y el resto se consideró no concluyente por falta de información.
Se estima que más de 480,000 venezolanos viven actualmente en Estados Unidos — alrededor de 200,000 de ellos en la Florida. La gran mayoría de ellos abandonaron el país sudamericano después de que Chávez llegó al poder en 1998 y buscó instalar una revolución socialista al estilo cubano en el otrora rico país petrolero.
Muchas de las personas que mostraban simpatía hacia Estados Unidos se vieron obligados a dejar los cargos públicos y las fuerzas armadas durante los primeros años del gobierno de Chávez, y para el 2007, el primer año incluido en el examen, frecuentemente era necesario que los funcionarios expresaran públicamente su lealtad hacia la Revolución Bolivariana u hostilidad hacia el país norteamericano.
Sin embargo, la animosidad hacia Estados Unidos aparentemente era superficial para cientos de funcionarios del régimen, incluyendo algunos que habían sido recompensados con puestos de alto rango.
Ese parece ser el caso del general de division Jimmy Lenin Guzmán Pinto, quien después de administrar varias empresas estatales para el régimen, incluyendo a la firma Seguros Horizonte, aterrizó en la Florida y en 2019 registró una firma en Fort Myers llamada Latam Risk Consulting 2107 LLC.
Al igual que la mayoría de los ex funcionarios del régimen consultados para este artículo, Guzmán Pinto no niega que en el régimen prevalece un profundo sentimiento antiestadounidense, con los gobiernos de Chávez y de Maduro con frecuencia declarando a Estados Unidos como un enemigo natural de Venezuela.
Consultado sobre sus impresiones sobre la hostil retórica de Caracas sobre Washington, Guzmán Pinto dijo que él en realidad no compartía ese punto de vista y que siempre trató de mantenerse alejado de ese tipo de política.
«Si fuera antiestadounidense no estaría aquí», dijo Guzmán Pinto, al señalar que el siempre mantuvo vínculos con Estados Unidos, entre los que se ubica un hijo suyo que actualmente es ciudadano estadounidense.
Sin embargo, reconoció que él nunca pensó que terminaría emigrando a Estados Unidos. «No tenía planes de irme del país [Venezuela] pero de repente me encontré en una situación en la que tenía que irme de manera intermedia y lo hice sin pensarlo dos veces», dijo.
La «situación» era que le informaron que estaba a punto de ser arrestado. Guzmán Pinto dice que no sabe exactamente por qué el régimen se volvió contra él.
Decenas de oficiales militares y cientos de disidentes políticos han sido arrestados y muchos de ellos torturados en Venezuela bajo el régimen, y el propio Maduro enfrenta cargos de violaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional.
Entre los registros revisados durante la investigación del Miami Herald, el Nuevo Herald y Armando.info están los de una empresa del arquitecto Lucas Pou, quien estuvo al frente de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales entre 2010 y 2012. Fue contratado por su amigo y socio, el ex ministro de Cultura Francisco Sesto, para diseñar una serie de edificios públicos en Venezuela, entre los que se encontraba el Mausoleo del Libertador.
En 2015, Pou inauguró IMA Fleet LLC, con sede en Miami, que se disolvió tres años después, cuando la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, lo investigaba por su supuesta participación en la malversación de $1,500 millones destinados a la construcción de seis hospitales que nunca fueron construido.
Según la investigación de la Asamblea Nacional venezolana, el arquitecto «lucró con los contratos otorgados por el Ministerio de Salud para la construcción de hospitales, lo que habría representado un beneficio ‘excesivamente grande’ para Lucas Pou, teniendo en cuenta que nunca había sido contratado con anterioridad por alguna institución del Estado.»
En una entrevista telefónica, Pou dijo que fue absuelto en Venezuela de cualquier delito y que su inocencia también fue confirmada en una investigación realizada sobre el caso por Transparencia Venezuela, la unidad local de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional. Dijo que aunque inicialmente fue contratado para desarrollar algunos de los proyectos, no desempeñó ningún papel en la asignación de recursos. «Hicimos el trabajo y eso fue todo», dijo.
El informe de Transparencia Venezuela, de hecho, omite el nombre de Pou en sus listas de posibles culpables.
El exfuncionario dijo que tampoco sentía animosidad hacia Estados Unidos. «A menudo visitaba Estados Unidos sin problemas. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre eran todos americanos, de Puerto Rico, de Ponce, y para mí Estados Unidos no es un país que sienta enemigo, ni sienta hostilidad hacia mí», dijo Pou.
En algunos casos, el camino recorrido por los venezolanos fue en sentido contrario. Tal fue el caso de Samir Adel Al Attrach, quien en 2017 cerró su empresa Mr Caucho Corp. con sede en Orlando, antes de ser nombrado jefe de la misión diplomática de Venezuela en Emiratos Árabes Unidos. Los registros corporativos no identifican la actividad de la empresa, pero su nombre sugiere que podría haber tenido algo que ver con piezas de automóviles. En Venezuela, caucho es el término que normalmente se usa para las llantas de los automóviles.
«La empresa se creó en línea en 2015 y luego, uno o dos años después, se cerró», dijo Al Attrach en un correo electrónico, aunque no reveló el propósito de la firma.
En otros casos, los vínculos con la Florida involucran a exfuncionarios que iniciaron nuevas empresas en el sector privado venezolano que han tenido negocios en el estado luego de convertirse en proveedores regulares del régimen de Caracas.
Entre estos funcionarios se encuentra Carlos Luis Michel Fumero, exadministrador de aduanas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en las afueras de Caracas, quien ahora dirige la firma de corretaje de aduanas Aducarga, que tiene oficinas en Miami y la ciudad venezolana de Valencia.
Michel fue designado originalmente para un cargo público por el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello, y anteriormente se había beneficiado de sus vínculos con el hermano de Cabello, Diosdado Cabello, quien a menudo es descrito como el segundo hombre más poderoso en Venezuela.
Mientras se desempeñaba como gobernador del estado de Miranda, Diosdado Cabello otorgó contratos a una de las empresas constructoras de Michel, Camik. Los esfuerzos para comunicarse con Michel no tuvieron éxito y no respondió a los mensajes que le dejaron en Aducarga.
La presencia en la Florida de odiados funcionarios venezolanos es una fuente de desconcierto dentro de la comunidad de exiliados, muchos de los cuales se preguntan cómo fue que Estados Unidos les permitió ingresar.
Un funcionario del Departamento de Estado consultado para este artículo dijo que todas las solicitudes de visa son evaluadas caso por caso, pero advirtió que «algunos venezolanos pueden estar sujetos a restricciones de entrada en función del papel que jugaron en socavar la democracia en Venezuela o del grado de apoyo brindado al régimen de Maduro.»
Actualmente es difícil que altos funcionarios venezolanos lleguen a Estados Unidos, a la luz de la Proclamación Presidencial 9931, que suspende la entrada «como inmigrantes y no inmigrantes a altos funcionarios del régimen y a otras personas que formulen, implementen o beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas de Venezuela o impidan la restauración del gobierno constitucional en Venezuela, así como a los familiares directos de dichas personas».
Pero una gran cantidad de ex miembros del régimen lograron llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump, mientras era presidente, emitiera la proclamación el 25 de septiembre de 2019.
Tobias Roche, un exagente federal con una larga trayectoria en la lucha contra las prácticas de corrupción en América Latina, cree que la afluencia de funcionarios del régimen venezolano a Estados Unidos plantea desafíos especiales dadas las fortunas mal habidas que a veces traen consigo.
El lavado de dinero no es un fenómeno nuevo en el sur de Florida. Se remonta a los años 1970 y 80, dijo Roche, quien durante 30 años trabajó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
«Pero ahora el riesgo está entrelazado entre los muchos venezolanos que llegan, que en su gran mayoría son gente buena y trabajadora, pero entre los que se esconden unos pocos que vienen del régimen chavista y que se están asentando aquí como gente respetable…. Hay personas bajo el radar que han venido aquí y en realidad están trabajando para el gobierno de Venezuela», dijo.
Si bien la mayoría de los ex funcionarios que plantaron nuevas raíces en la Florida ha podido permanecer bajo el radar, hay algunos que han sido descubiertos por miembros de la comunidad de exiliados, develados públicamente a través de las redes sociales y sujetos al escarnio público.
Los exiliados protestaron frente a las casas o negocios del exministro de Banca Pública Eugenio Vásquez Orellana (aliado cercano del exgobernador del estado de Apure, Ramón Carrizález); de la excongresista Iroshima Bravo, quien está vinculada al poderoso miembro del régimen Diosdado Cabello, y del almirante Aniasi Turchio.
La reacción contra Iroshima Bravo resultó devastadora para un nuevo negocio que abría sus puertas en Doral. Si bien su nombre nunca se vinculó directamente con Pure Med Spa de Doral, su presencia en la gran fiesta de inauguración provocó un alboroto público en la comunidad venezolana que obligó a la compañía a cerrar antes de que pudiera abrir.
Se cree que Bravo está en Venezuela y no pudo ser contactada para comentar.
Las autoridades han estado vigilando de cerca a los empresarios venezolanos ricos en los últimos años y han abierto casos contra algunos de ellos después de descubrir que han utilizado el sistema bancario estadounidense para lavar fondos mal habidos.
Estos incluyen multimillonarios venezolanos como el ex tesorero nacional Alejandro Andrade, y el empresario chavista Raúl Gorrín, un aliado cercano de Maduro quien está acusado en los Estados Unidos de pagarle a Andrade $1,000 millones en sobornos para obtener acceso al altamente rentable régimen cambiario controlado por el gobierno.
Antes de huir a Venezuela para evitar un eventual arresto, Gorrín vivía en una mansión en Coral Gables y tenía más de una docena de propiedades en el sur de la Florida registradas bajo diferentes nombres de empresas.
La presencia del almirante Aniasi Turchio cerca de Orlando es otro caso que sigue sorprendiendo a algunos, dado el papel destacado que jugó en Venezuela y las acusaciones de corrupción y presunto narcotráfico asociadas a él.
En una entrevista repetida por distintos medios, el narcotraficante venezolano Wallid Makled declaró que pagó millones para que se le permitiera operar libremente desde el puerto de Puerto Cabello, que en ese momento era controlado por el almirante.
«En 2005, 2006 [Aniasi Turchio] se desempeñó como titular de Puerto Cabello, presidente del puerto. Me dio una concesión de cinco años, por lo que tuve que pagar cinco millones y medio de dólares por esa concesión», dijo Makled en una entrevista de Univision en 2010 desde la cárcel colombiana mientras esperaba la extradición a Venezuela.
Contactado por teléfono, Aniasi Turchio, quien no ha sido acusado penalmente, negó categóricamente haber tomado dinero de Makled y dijo que los comentarios del capo de la droga han sido sacados de contexto desde el principio. «Lo que él [Makled] dijo fue que obtener la licencia para operar en el puerto le costó esa cantidad de dólares. Nunca dijo: ‘Yo le di ese dinero a esa persona'».
El hecho de que se le concediera permiso para entrar a Estados Unidos es prueba de su inocencia, dijo. «Difícilmente me hubieran aceptado en el proceso si hubiera estado involucrado en el narcotráfico», agregó.
El almirante señaló que a pesar de su larga relación con el régimen venezolano, no sentía animosidad hacia Estados Unidos. Su razón para migrar a Florida fue que su familia ya estaba aquí y quería estar cerca de sus hijos.
Los registros muestran que Aniasi Turchio es dueño de una casa de 3,500 pies cuadrados cerca de Orlando que la compañía de bienes raíces Zillow valora en más de $620,000. Además, tiene otras dos empresas a su nombre: Solcar Investors LLC y Carsol Investments Corp., mientras que su hijo es dueño de una empresa llamada Robcar LLC.
La firma Carsol Investments Corp. aparece como propietaria de un local comercial cuya infraestructura está valuada en $1.5 millones en Kissimmee, según el Registro de la Propiedad del Condado de Osceola.
Que actualmente se desempeña como empresario en la región central de Florida contrasta con su pasado como guardián del movimiento chavista, y más aún con sus propias palabras.
«La respuesta que el noble pueblo venezolano ha dado a esto [las ambiciones colonialistas del Imperio] es la revolución socialista», dijo Aniasi Turchio, vistiendo un uniforme blanco durante su toma de posesión como jefe de la Armada en 2009.
El reportero de McClatchy Michael Wilner y el reportero de investigación del Miami Herald Nick Nehamas contribuyeron con esta historia.