La tarde de este jueves, la ONG Súmate emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la desaparición del presidente de la asociación, Roberto Abdul, quien lleva más de 24 horas sin ser ubicado, incluso antes de que la Fiscalía General anunciara una orden de aprehensión en su contra.
A través del comunicado, Súmate destacó que la detención de Abdul, quien también es miembro de la Comisión Nacional de Primaria, se llevó a cabo antes de que el fiscal Tarek William Saab anunciara una investigación por traición a la patria y otros delitos. Se le acusa de ser parte de un presunto plan contra el referendo sobre la disputa del Esequibo.
La ONG subrayó que las acciones de Súmate durante los últimos 21 años contradicen las afirmaciones en su contra, negando cualquier conspiración contra la consulta convocada por Maduro.
En el comunicado, la organización expresó: «Ante las declaraciones en contra del presidente del Comité Ejecutivo de nuestra Asociación Civil Súmate, estamos obligados a reivindicar su reputación, ya que la información divulgada sin pruebas contraviene lo previsto en el artículo 60 de la Constitución de la República.»
Súmate enfatizó que, tras más de 24 horas de la detención de Abdul, no tienen información oficial sobre su lugar de reclusión, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 45 de la Constitución de la República, que prohíbe la desaparición forzada de personas.
La organización denunció que se violaron los derechos de Abdul como ciudadano venezolano al «debido proceso» consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República.
La mañana de este jueves, los abogados que asisten a Abdul informaron que funcionarios del Sebin Helicoide niegan su detención en ese centro de reclusión, lo cual constituye un delito de desaparición forzada.
El abogado y director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la detención de Abdul, señalado por la Fiscalía de una supuesta conspiración contra el referendo consultivo sobre el Esequibo.
Vente Venezuela repudió la acción de la Fiscalía y advirtió sobre un nuevo hecho de persecución política que viola los acuerdos de Barbados suscritos entre el Gobierno y la oposición.
Tras la elección primaria del 22 de octubre, Abdul y los miembros de la Comisión Nacional de Primaria fueron citados por la Fiscalía por una investigación relacionada con el proceso electoral opositor. La Fiscalía acusa a Abdul y a otras 13 personas de presunta traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.