La detención de Rocío San Miguel y su grupo familiar, junto con la expulsión de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subraya una intensificación de la represión contra la sociedad civil venezolana. Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, advierte que este año electoral será especialmente delicado para el régimen.
Durante su discurso del pasado 15 de enero, Nicolás Maduro afirmó haber detectado varias conspiraciones el año anterior, vinculadas a un presunto intento de asesinato. Entre ellas, destacó la operación «Brazalete Blanco», que habría tenido impacto en el estado Táchira. Este discurso fue seguido por una serie de detenciones, incluida la de Víctor Venegas y dirigentes de Vente Venezuela, culminando con la aprehensión de Rocío San Miguel el 9 de febrero.
La detención de San Miguel generó una respuesta internacional, siendo calificada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una desaparición forzada. Esta acción coincide con una estrategia gubernamental de restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas, en un contexto electoral tenso.
Gonzalo Himiob señala que esta represión es una profundización de tácticas previas, que ahora se aplican de manera más sistemática. Los patrones incluyen detenciones arbitrarias, falta de información a familiares y abogados, incomunicación prolongada, y juicios nocturnos con defensa pública impuesta, entre otros.
Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, advierte sobre un «viraje táctico» del régimen con la expulsión de los funcionarios de la ONU, lo que representa un retroceso en materia de derechos humanos. Destaca la importancia de la respuesta internacional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia en Venezuela.
El panorama sugiere una estrategia gubernamental de consolidación del poder a través de la represión y el control de la narrativa, en un contexto de descontento popular y presión internacional.