El oficialismo tiene muchas razones para retomar el control de la Asamblea Nacional, pero una de las grandes motivaciones es la económica, por cuanto requiere el piso legal del nuevo Poder Legislativo que se elegirá en unos cuestionados comicios el #6D
Sofía Nedder y Luisa Quintero / TalCual
Desde hace cinco años, el chavismo es minoría en el Parlamento. Por todas las vías ha buscado sustituir las funciones legislativas: primero, por decretos apoyados desde el Tribunal Supremo de Justicia y, luego, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, creada para redactar una nueva Constitución, pero que, cuando faltan menos de dos meses para que finalice su gestión, lo que ha hecho es aprobar más de 100 decretos “constitucionales”.
Para el diputado Oscar Ronderos, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, está claro que el gobierno necesita al nuevo Parlamento para operaciones de endeudamiento, el reconocimiento internacional para la designación de embajadores y otras funciones propias de la AN sobre las cuales no han podido avanzar.
“Toda deuda pública requiere de la autorización de la AN y nosotros no hemos autorizado ningún endeudamiento con los chinos y los rusos. En algún momento, los rusos les exigieron que para poder continuar en operación comercial requerían que la AN los autorizara”, refirió Ronderos.
En junio de 2020, Rusia difundió los términos de la reestructuración de deuda acordada con Venezuela, según la cual, los pagos anuales de Caracas a Moscú, a partir de 2023, se incrementarán cinco veces. Venezuela debe pagar a Rusia 133 millones de dólares al año desde 2019 hasta 2022, pero luego subirá a 684 millones de dólares entre 2023 y 2026.
“Hay muchos juicios internacionales contra Venezuela. Desde noviembre de 2017, Nicolás Maduro optó por no pagar deudas de ningún tipo, ni de Petróleos de Venezuela o la República, lo que ocasionó un conjunto de demandas sobre Venezuela que se han intentado evitar con la defensa de activos. Citgo tiene muchos pretendientes debido al default de la deuda que ocasionó Maduro, uno de ellos es Crystallex”, señaló José Guerra, economista y diputado de la AN en el exilio, pero otrora miembro de la Comisión Permanente de Finanzas.
Añadió que se ha tratado de evitar que se tomen activos venezolanos en el exterior. Uno de los grandes ejes es Citgo, que es el principal activo internacional de Venezuela. Mientras que Exxon Mobile, Conoco Phillips, Crystallex y otros 80 casos son atendidos por el gobierno interino ante la falta de pagos por parte de la República.
Oficialismo tiene que certificar
Sobre el aval solicitado por los aliados tradicionales de la revolución, como China, Rusia e Irán, el constitucionalista Juan Carlos Apitz acota: “Ya las deudas fueron contraídas, pero los gobiernos de esos países necesitan amarrarlas con la Asamblea Nacional, independientemente de los cuestionamientos a su legitimidad”.
El jurista resaltó que el interés de Maduro en la próxima AN es meramente económico y apunta hacia la emisión de bonos, la venta de bienes y la deuda pública. Añade que ningún país le va a comprar a Venezuela en el mercado, pero sus aliados habituales empujan para certificar las negociaciones.
“A China y a Rusia les hace falta un Parlamento que apruebe cualquier empréstito. Para todo lo demás, Maduro no tiene freno institucional”, aseguró el constitucionalista Juan Carlos Apit, quien además considera que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no dejaron dudas al anunciar que la Constituyente cesará funciones en diciembre de 2020, justo después que se instale la nueva legislatura el 5 de enero de 2021.
Por su parte, el diputado Oscar Ronderos puntualizó que quien negocie deuda con el gobierno de Maduro va a estar inhibido de tener actividad en los mercados internacionales. Enfatiza que si la nueva AN no tiene el reconocimiento internacional no le serviría al gobierno, por cuanto el desconocimiento de la elección del #6D implicaría el desconocimiento del próximo Parlamento y de todos sus actos.
Ronderos refirió que el mundo ya le ha dicho a Maduro que la asamblea constituyente no le sirve para operaciones de endeudamiento ni tiene reconocimiento internacional para poder designar a embajadores.
Endeudamiento y bonos
El diputado Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Economía de la AN, indicó que todo contrato de interés público debe ser avalado por la Asamblea Nacional, y con más razón si se trata de bienes, propiedades o riqueza del Estado, yacimientos petroleros o minas, y cuestiones estratégicas, además del endeudamiento interno y externo.
“Si estos endeudamientos, como los bonos 2020, comprometen los bienes de la República como lo hicieron con las garantías sobre 51% de Citgo, aún con más razón deben pasar por la AN”, añadió.
Stefanelli señaló que al avalar la ley antibloqueo que se aprobó vía constituyente, ninguno de los referidos elementos tendría sentido, porque es una patente de corso para que el gobierno “haga lo que le venga en gana” en materia económica.
Agregó que hay una excepción sobre Pdvsa en la ley que rige la materia sobre crédito público, sobre el endeudamiento, pero en lo relativo a la excepción de garantías que comprometen bienes públicos, como las acciones de Citgo.
El parlamentario explicó que el aval que se da a la estatal petrolera para el endeudamiento sin pasar por la AN, está condicionado en la ley a que, financieramente y desde el punto de vista administrativo, Pdvsa pueda mostrar que está en capacidad de pagar el endeudamiento. Stefanelli recuerda que los bonos 2020 violaron ese precepto.