Luego que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunciara en las narices de Nicolás Maduro que iniciará una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, es menester resaltar los recursos con los que cuenta tal organismo multilateral para presionar a las autoridades de la cúpula del Palacio de Miraflores.
El 17 de julio de 1998 se estableció la CPI gracias a la firma de decenas de países que conformaron el Estatuto de Roma, su herramienta constitutiva. Entre esas naciones, Venezuela destacó en el año 2.000 por ser el primer país latinoamericano en suscribirse a dicho tratado. Según la propia Corte, en 2019 al menos unos 123 países habían sellado su rúbrica en el Estatuto de Roma. Hoy alcanza los 183 signatarios.
La Corte, en virtud de las normas del Estatuto que la autorizan, podrá pactar con diferentes Estados diversas formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condenas. Estos pactos suelen ser considerados complementarios al Estatuto para quienes los firman. Además, El Estatuto de Roma contempla que la Corte Penal Internacional tendrá un carácter complementario a las jurisdicciones nacionales.
En tal sentido, el régimen chavista de Nicolás Maduro tuvo que aceptar a regañadientes el establecimiento de un Memorándum de Entendimiento con el fiscal Khan, cuyo objetivo será facilitar la presente investigación.
El Estatuto tipificó cuatro delitos para la competencia de la CPI: El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Uno de los aspectos resaltantes del pacto es la improcedencia de cargo oficial que pueda tener un eventual señalado. Es decir, todos son iguales ante la CPI, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado.