El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien actualmente se encuentra en el exilio en España, ha denunciado públicamente el intento del Ministerio Público al servicio del régimen de Nicolás Maduro de desvirtuar la investigación de violaciones a los derechos humanos que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI).
En una carta dirigida al fiscal ante la CPI, Karim Khan, Ledezma relató cómo fue citado por el Ministerio de Justicia de España para una diligencia de investigación solicitada por la Fiscalía Trigésima Novena (39na.) del Ministerio Público venezolano. La fiscalía 39, según le informaron, está examinando casos relacionados con la Corte Penal Internacional, incluyendo el suyo por el delito de «privación ilegítima de la libertad».
El régimen venezolano buscaba que Ledezma proporcionara un retrato hablado de los funcionarios policiales que lo detuvieron durante una entrevista telemática, a lo que él se negó rotundamente. En la carta, Ledezma rechaza esta solicitud, argumentando que su detención arbitraria está debidamente documentada en expedientes judiciales, videos y fotografías, y que los responsables de dicha detención están identificados y reconocidos por el propio Ministerio Público.
El exalcalde afirma que el Ministerio Público, dirigido por Tarek Williams Saab, está intentando engañar a la Corte Penal Internacional dentro del marco del memorándum de entendimiento firmado por Venezuela con la CPI. Ledezma también acusa al Fiscal General Tarek Williams Saab de ser cómplice en la perpetuación de crímenes de encarcelamiento y persecución, así como de permitir la institucionalización de la tortura por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Ledezma concluye su carta denunciando que no hay seguridad para las víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado venezolano, ya que el Ministerio Público y los tribunales actúan de forma coordinada con el Poder Ejecutivo para encubrir a los autores de estos crímenes. Todo esto, según el exalcalde, forma parte de un intento por parte del régimen para dar una falsa percepción de justicia y entorpecer la investigación autorizada por la Corte Penal Internacional sobre Venezuela