Un grupo de especialistas de la ONU ha manifestado su «preocupación profunda» por el «uso abusivo y recurrente» de las medidas antiterroristas en Venezuela para perseguir a quienes defienden los derechos de los trabajadores. Han advertido que estas acciones son contrarias al Derecho Internacional, después de la condena de seis sindicalistas este mes.
La condena, que según los expertos fue resultado de un proceso marcado por irregularidades excepcionales, se basó en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo. En un comunicado, los especialistas han exigido el cese inmediato del uso de la legislación antiterrorista contra defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil.
Los seis sindicalistas, detenidos durante las protestas de julio de 2022, fueron sentenciados a penas de 16 años de prisión cada uno. Según los expertos, la severidad de las penas demuestra una voluntad política de «eliminar a los actores de la sociedad civil y socavar el espacio cívico en Venezuela», además de servir como advertencia a otras personas que puedan desviarse de la línea oficial establecida por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Han recordado que las medidas antiterroristas no deben ser utilizadas como excusa para perseguir otros objetivos. «Estas condenas son un ataque a la libertad de asociación, dirigido contra organizaciones que buscan movilizar a las personas para mejorar sus vidas y las de sus comunidades», han señalado los expertos.
Instan a la comunidad internacional a exigir a Maduro que cumpla con sus obligaciones internacionales y solicitan a las autoridades venezolanas que tomen medidas rápidas y contundentes para proteger a quienes defienden los derechos laborales. Esto incluye la revisión urgente de las condenas dictadas este mes.