El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó que Áñez cumpla la condena en la cárcel de Miraflores en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año.
Por AFP – El Nacional
La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión acusada de haber realizado un golpe de estado contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales en 2019, anunció el tribunal.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su fallo «de sentencia condenatoria» de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz. La sentencia llega tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses desde que la exmandataria fuera encarcelada preventivamente.
El Tribunal, presidido por el juez Germán Ramos, anunció en una audiencia «la sentencia condenatoria» para la exmandataria de 54 años «por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes […], a la pena de 10 años».
La exmandataria fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En su alegato final, Áñez señaló que el Tribunal «excluyó» pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019, quien estuvo 14 años en el poder. «Nunca busqué el poder», afirmó.
La exmandataria anunció previamente que apelaría un fallo condenatorio: «No nos quedaremos acá, iremos a justicia internacional».
Juicio de Áñez
La exgobernante fue juzgada por sus actos como senadora, antes de que asumiera la presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.
Áñez sucedió a Morales, dos días después de que éste dimitiera, en medio de una fuerte convulsión social. Los opositores denunciaron que Morales había hecho fraude en las elecciones de octubre de ese año, para acceder a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
La expresidenta, ya en el poder, sofocó la fuerte oposición de movimientos sociales y de campesinos afines a Morales. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en los primeros meses de su gobierno hubo 35 fallecidos en manifestaciones.
La defensa de Áñez arguyó que el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció la legalidad del mandato e incluso el Congreso, controlado por el partido de Morales, aprobó extender su mandato «constitucional» cuando la pandemia del covid-19 obligó a la postergación de elecciones en 2020.