La decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha generado preocupación entre los activistas, quienes consideran que esto podría llevar al cierre del espacio cívico en Venezuela. Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, destaca que una de las principales consecuencias de esta suspensión es dejar a los ciudadanos en una situación de indefensión. Anteriormente, podían recurrir a esta instancia internacional para denunciar violaciones de derechos humanos, pero ahora se quedarán sin esa opción. Esto afectará tanto a aquellos que deseen denunciar nuevas violaciones como a aquellos que ya habían presentado casos.
Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, señala que la ausencia de la misión pone en mayor riesgo a los defensores de derechos humanos y aumenta la preocupación por el impacto que esto pueda tener en su trabajo y seguridad personal. La presencia de la misión era importante, ya que brindaba cierta protección.
El año pasado, el gobierno venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) firmaron un memorando de entendimiento para establecer una oficina de cooperación técnica de la CPI en Caracas. Esta oficina iba a trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas. Sin embargo, ahora no se sabe si la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos afectará la instalación de esta oficina de cooperación técnica.
Ante esta situación, los activistas consideran que el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que finaliza en septiembre de este año, debería prorrogarse. Además, destacan que el trabajo de la oficina se llevó a cabo de manera discreta y diplomática, emitiendo pocos pronunciamientos públicos. Uno de los pocos casos en los que se pronunciaron fue el de Rocío San Miguel, donde exigieron que se supiera su paradero y se respetaran sus derechos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha estado en Venezuela desde 2019 y ha desempeñado funciones de asistencia técnica, monitoreo y apoyo para la implementación de recomendaciones emitidas en informes, según lo establecido en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.