Las dramáticas historias de Fang Bin, Chen Qiushi, Ren Zhiqiang y Xu Zhangrun, ciudadanos comunes que expusieron al Gobierno de Xi Jinping
“Hay una frase china que dice que se mata a la gallina para asustar al mono”, cuente Frances Eve, subdirectora de investigación de la organización de vigilancia china Chinese Human Rights Defenders (CHRD), para explicar por qué el régimen Chino arrestó y desapareció a las voces críticas en medio del brote del coronavirs.
Según reportó el Daily Mail más de 5.100 personas fueron arrestadas por compartir información en las primeras semanas del brote. Los disidentes están siendo etiquetados como enfermos para que el gobierno pueda ponerlos en cuarentena médica. Y las aplicaciones de salud utilizadas por decenas de millones de personas para demostrar que están libres de coronavirus se utilizan para vigilar los movimientos de las personas y reforzar el control.
“La temible llamada a la puerta llegó después del anochecer. Afuera había dos hombres con trajes de protección que le dijeron al empresario Fang Bin que habían venido a llevarlo a la cuarentena médica. Pero el comerciante textil, un hombre desgarbado de unos 40 años, no estaba enfermo y los hombres de fuera de su apartamento en Wuhan no eran médicos. Eran oficiales de policía que se enfrentaban a una amenaza con la que el Partido Comunista Chino había estado lidiando tan ferozmente como el propio coronavirus – gente común que valientemente expone la verdad sobre el brote y se niega a callar”, escribió George Knwoles en el medio británico este domingo.
El “crimen” que supuestamente había cometido Fang fue publicar un video que mostraba personas muriendo por el virus y las bolsas para cadáveres apiladas fuera de un hospital claramente abrumado por las bajas en un momento en que China insistía en que el virus estaba bajo control. Fue visto 200.000 veces antes de que los censores lo quitaran.
Fang apeló a la ley y exigió una orden de registro a los oficiales que venían a buscarlo… Entraron por la fuerza y se lo llevaron para interrogarlo. Le ordenaron que dejara de difundir “rumores” sobre el virus, le confiscaron su computadora y lo liberaron. Pero la pesadilla siguió, una semana después, el 9 de febrero, cuando Fang publicó otro video, esta vez con un rollo de papel con las palabras: “Los ciudadanos se resisten. Devuelvan el poder al pueblo”, la policía del régimen regresó. Hace dos meses que nadie sabe nada de él.
Fang, movido por el inimaginable horror de lo que estaba sucediendo en su ciudad natal, es uno de los tres denunciantes desaparecidos por el gobierno chino por haber expuesto la aterradora magnitud del brote de Covid-19.
Los grupos de derechos humanos creen que el Fang, el abogado Chen Qiushi y el ex reportero de la televisión estatal Li Zehua están siendo torturados y obligados a escribir confesiones en centros de detención extrajudiciales donde, en tiempos más normales, la policía china aterroriza secretamente a los abogados y activistas que se consideran enemigos del Estado.
En su investigación de este domingo, el Daily Mail denuncia “una cínica y orquestada campaña del régimen chino para detener el debate sobre el virus en el país de 1.400 millones de ciudadanos. “Cientos de ciudadanos comunes están siendo detenidos y multados por mensajes inocuos en línea sobre colas en los hospitales, escasez de máscaras y la muerte de familiares”, asegura el medio británico.
Según detalla, la represión sin precedentes comenzó con las amenazas al doctor Li Wenliang y a otros siete médicos por enviar mensajes a sus colegas el 30 de diciembre advirtiéndoles sobre el brote de una enfermedad similar al SARS en el Hospital Central de Wuhan y aconsejándoles que usaran ropa protectora.
Li se vio obligado a firmar un documento policial en el que afirmaba que había «perturbado gravemente el orden social» e infringido la ley antes de volver a trabajar en el Hospital Central de Wuhan, donde murió de Covid-19 el 7 de febrero, lo que desencadenó el dolor y la indignación en toda China.
La injusticia con la que había sido tratado Li se transformó en una protesta nacional en la que el hashtag #wewantfreedomofspeech (queremos libertad de expresión) fue compartido dos millones de veces en el espacio de horas.
Pero unos tuits no cambiarron el curso del régimen, embarcado hace tiempo en un despiadado endurecimiento del control de las redes sociales.
Un día antes de la muerte de Li, el abogado Chen Qiushi – cuyos videos de escenas caóticas en los hospitales de Wuhan con víctimas de coronavirus tendidas en pasillos fueron compartidos con una audiencia de más de 400.000 seguidores de YouTube y 250.000 de Twitter – desapareció. A su familia le dijeron al día siguiente que estaba en cuarentena médica en un lugar no revelado.
Antes de su desaparición, Chen se dio cuenta de que la policía los buscaba y dejó un mensaje inquietante: «Mientras esté vivo, hablaré de lo que he visto y oído». No tengo miedo de morir. ¿Por qué debería temerle a usted, Partido Comunista?”. Desapareció días después.
Tres semanas después, Li Zehua, de 25 años, un reportero de la televisión estatal china que se rebeló para informar sobre el verdadero número de muertos en Wuhan, transmitió en directo su propio arresto cuando agentes de policía vestidos de civil llegaron a su hogar.
“Se cree que los tres se encuentran en centros de detención secretos, una forma siniestra de encarcelamiento extrajudicial que los funcionarios describen como»vigilancia residencial en un lugar designado», explica el Mail.
“Todos los desaparecidos corren un riesgo muy alto de ser torturados, y lo más probable es que traten de obligarlos a confesar que sus actividades fueron delictivas o perjudiciales para la sociedad”, explicó a este medio Frances Eve, subdirectora de investigación de la organización de vigilancia china Chinese Human Rights Defenders (CHRD)
Los centros de detención secretos suelen albergar a disidentes como activistas de derechos humanos y abogados. “En la mayoría de los casos que hemos rastreado, la gente que entra ha sido torturada. No tienes acceso a tu abogado o a tu familia o a nadie fuera de la policía», grafica Eve.
El régimen no habló nunca de ninguno de estos casos. De hecho, el embajador chino en los EEUU, Cui Tiankai, fue interpelado dos veces en TV sobre el destino de Chen Qiushi «No he oído hablar de esta persona… no lo conocía entonces, y no lo conozco ahora”, dijo ofuscado..
La única persona desaparecida sobre la que China ha hecho algún comentario oficial es el multimillonario magnate inmobiliario Ren Zhiqiang, de 69 años, que desapareció en marzo después de llamar al presidente Xi Jinping “payaso”, por haber manejado mal el brote del virus.
Semanas después de su arresto, Beijing anunció queRen estaba siendo detenido por «graves violaciones» de la ley y de las normas del Partido Comunista.
La sofocación de cualquier crítica al manejo del brote por parte del gobierno chino se extiende a todos los niveles de la sociedad. La policía anunció públicamente el 21 de febrero que había intervenido y penalizado a la gente en 5.111 casos de «fabricación y difusión deliberada de información falsa y perjudicial» sólo en las primeras semanas de la crisis.
«Todo el dolor y el miedo que los chinos sentían en las primeras semanas del encierro han sido eliminados de Internet por el gobierno. Detuvieron a personas y las castigaron y enviaron advertencias a la gente para que guardaran silencio y no compartieran lo que experimentaron», afirmó Eve.
China insiste en que millones de personas en las ciudades afectadas por el Covid-19 utilicen aplicaciones para teléfonos inteligentes con un código de barras para mostrar si están libres de infecciones. Sin embargo, la aplicación accede a otros datos personales y puede utilizarse para aumentar el grado de control social a través de la tecnología.
Pioneros en la denuncia contra el régimen chino, Human Rights Watch China, insiste en que el COVID-19 se transformó en “un pretexto muy conveniente para que un régimen autoritario silencie a la gente y le niegue sus derechos”.