El gobernante venezolano anunció la devolución de la infraestructura del Centro Comercial Sambil La Candelaria y la apertura hacia el sector privado del conjunto de acciones de empresas del Estado, apartándose definitivamente de la política de su «padre político» Hugo Chávez. Según tres expertos consultados, este viraje económico que viene adelantando Maduro desde 2017, es un camino repleto de obstáculos y que no necesariamente le allana el camino a su triunfo electoral en 2024
Con un país dolarizado de facto y donde ha proliferado la venta de productos importados libres de aranceles en detrimento de la industria nacional, el gobierno de Nicolás Maduro comienza a dar indicios de retoma del camino del liberalismo económico con la devolución de activos y el favorecimiento a la inversión de capital privado en empresas del Estado.
Esto contrasta con lo que fue la política del iniciador del llamado proceso revolucionario, Hugo Chávez, quien afirmó tajantemente en enero de 2007 «ni filial ni nada, aquí no se privatiza más nada», al ser juramentado para el período constitucional 2007-2013, cuando comenzó a promover una reforma a la Constitución aprobada por el pueblo en 1999.
«El pueblo votó (…) no por Chávez ¡no! No es por Chávez que el pueblo vota, es por un proyecto, es por un camino, es por una vía y Chávez durante una y mil veces lo dijo: vamos por la vía del socialismo. El pueblo votó por la vía del socialismo y es socialismo lo que quiere el pueblo, y es socialismo lo que requiere el pueblo, lo que necesita la patria», expresó en esa oportunidad el mandatario.
Entonces llamó a cerrar los resquicios que, en su opinión, la carta magna dejaba abiertos para la incorporación de capital privado en las industrias del Estado.
Específicamente se refirió al artículo 302, y detalló que, en la disposición, el Estado se reserva la actividad petrolera, pero no así la gasífera: «Es una sola palabra, pero las palabras son las palabras. Ahí debe estar es (en lugar de la actividad petrolera) la actividad de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, el asfalto y todo eso».
En febrero de ese año, el gobierno avanzó en la adquisición de acciones de la telefónica Cantv y de la Electricidad de Caracas, mientras que en 2008 pasaron a manos del Estado el Banco de Venezuela y las empresas productoras de cemento y, ya en 2009, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Cinco años después, la asamblea constituyente que convocó Nicolás Maduro y no el pueblo venezolano aprobó la llamada Ley Antibloqueo, que permite al Ejecutivo evadir dar detalles sobre transacciones y ventas de activos, justificando tal medida con las sanciones financieras impuestas por EEUU.
Se allanó así el camino para revertir la política de estatizaciones de Hugo Chávez (1999-2012) y el llamado socialismo del siglo XXI, que el teniente coronel retirado había prometido conduciría al país a convertirse en una potencia mediante unos ambiciosos planes de inversiones.
El primer indicio de que el Estado venezolano comenzaría a desprenderse de activos que tomó durante la gestión de Hugo Chávez fue el anuncio, por parte de Nicolás Maduro, de la devolución de la infraestructura que sería sede de un nuevo centro comercial Sambil, esta vez, ubicado en la parroquia Candelaria, en el centro de Caracas.
El pasado 12 de mayo, el gobernante venezolano hizo el anuncio que años atrás hubiera sido inimaginable: «Usted podrá convertirse en inversionista de Cantv (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (empresa de telefonía móvil nacionalizada), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas del gas, de las empresas de Guayana (corporaciones mineras y siderúrgicas)».
Indicó el mandatario en esa oportunidad que los privados podrían hacerse hasta con un cinco o 10% de las acciones de estas compañías.
De inmediato surgieron las interrogantes: ¿devolverá el gobierno todas las empresas expropiadas por Hugo Chávez? ¿Permitirá el gobierno tener participación mayoritaria al sector privado en empresas hoy propiedad del Estado? ¿Cuáles reservará como estratégicas para la seguridad de la nación? ¿Podrá Nicolás Maduro propiciar una recuperación económica que le valga la reelección en 2024? Y, especialmente, ¿cómo caerá en los partidarios políticos que siguen siendo afectos al chavismo este tipo de medidas, cuando el ideario por el que apostaron se basaba en el manejo de la economía por parte del Estado?
Para dilucidar estas cuestiones, TalCual conversó con tres expertos en diferentes áreas, la financiera, la sociológica y la de opinión pública, para determinar las posibles consecuencias de estas medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Privatizaciones serán impracticables, advierte Rodrigo Cabezas
Rodrigo Cabezas fue diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y también ministro de Finanzas de Hugo Chávez. Él considera que no podrán llegar a concretarse las iniciativas privatizadoras que ha planteado el mandatario venezolano.
«Con relación a la llamada privatización anunciada por Maduro de las empresas básicas y someter al mercado de valores a Cantv, empresas básicas, como la de la siderúrgica, la del aluminio y la petroquímica, mi apreciación es que, en esta materia en particular, se trata de un anuncio impracticable. Es algo que está fuera de contexto de la grave crisis económica y política que vive Venezuela», expresó Cabezas acerca de las medidas contempladas por Nicolás Maduro.
Argumentó que esas empresas del Estado están prácticamente quebradas, insolventes financieramente y con caídas pronunciadas en sus niveles de producción.
«Sidor, de 4,2 millones de toneladas de acero que produjo en 2007, último año en que el consorcio extranjero la controló, pasó a menos de 100.000 toneladas hace tres años y no se ha podido levantar. De $1.300 millones en exportación en 2007 pasó a cero hace cuatro años», indicó el economista y docente de La Universidad del Zulia (LUZ).
Rodrigo-Cabezas
En opinión de Cabezas, el riesgo país hace casi imposible cualquier paraguas de privatización por la vía del mercado de valores.
«¿Qué expectativas positivas podrían tener potenciales inversionistas extranjeros para colocar sus capitales en empresas del Estado insolventes, sostenidas sus nóminas en su mayoría por el Banco Central de Venezuela? La respuesta es ninguna. Si se llegara a concretar un cinco por ciento de las acciones de Sidor lo sería sin transparencia porque si se hace a través de la Bolsa de Valores de Caracas, ella debería informar si esas instituciones empresariales del Estado están en capacidad de repartir dividendos a los nuevos accionistas, incluso correspondientes a los dos últimos años, como se estila”, apuntó el exministro.
La medida es controversial, sostuvo Damián Alifa
El sociólogo e investigador Damián Alifa señaló que, en un principio, la medida de vender acciones de empresas del Estado pareciera consistente con el viraje económico emprendido por Nicolás Maduro en 2017, cuando flexibilizó el control cambiario, permitió la libre circulación de las divisas y la relajación de los controles económicos, pero que genera dudas porque no se conocen muchos detalles.
«No queda claro el porcentaje de acciones, se habla de las telecomunicaciones, del sector energético, que es el dato más importante, pero no dijo por cuál bolsa se haría ni cuáles serían las modalidades ni los procedimientos», resaltó Alifa.
A su juicio, el debate próximo será en torno al alcance de la participación del sector privado, cuál será el peso que tendrá un accionista que compre el cinco o el 10% de las acciones de Cantv, Movilnet o de Pdvsa.
«En la medida en que haya un impacto efectivo en la dinámica de la empresa se abren oportunidades. Mientras el inversionista tenga potestad en la dirección de una empresa habrá más inversionistas interesados», apuntó el sociólogo.
Damian Alifa
Hizo énfasis en indicar que nadie va a invertir en una empresa en la que no va a tener voz ni voto y que el paso más controversial que vendrá será entonces la gestión mixta de las empresas o la posibilidad del manejo total por parte del sector privado de algunas de ellas.
Sin confianza no habrá apoyo a venta de acciones, opina Saúl Cabrera
El presidente de la firma de opinión pública Consultores 21, Saúl Cabrera, explicó que cuando Hugo Chávez comenzó a profundizar las medidas de expropiación, las mismas no tenían mucho apoyo por parte de la población y se hizo para buscar recuperar el respaldo popular con el alegato de que la escasez y altos precios de los alimentos se debían a que los empresarios no estaban sacando los productos.
Detalló que había un sector que sí respaldaba este tipo de medidas, pero no era la mayoría de la población ni de las fuerzas que estaban de acuerdo con el gobierno de Hugo Chávez.
«En la actualidad es más dramático todo, porque si no hay confianza no hay posibilidad de que la gente apoye una medida de esa naturaleza. No hay empresas serias a nivel internacional que tengan el capital y la tecnología para invertir en la Cantv, o Vencemos (Venezolana de Cementos)», alertó Cabrera.
Estima el presidente de la encuestadora Consultores 21 que el debate sobre el tema de las privatizaciones es un reflejo del problema interno del gobierno, dentro del que pareciera existe un sector que considera que no hay manera de sostener el socialismo del siglo XXI y que se tiene que tratar de avanzar hacia una economía de libre mercado.
«¿Qué empresa racional va a querer invertir en empresas como esas?», se preguntó Cabrera, quien cree que para lograr la participación de capitales privados se debe privatizar la totalidad de las acciones de las empresas y entregárselas a los compradores, sean empresas chinas o europeas.
Sin embargo, insiste en que los anuncios son poco creíbles y que prueba de ello es que el mismo día que se anunció la apertura al capital privado en empresas del Estado se hizo una reunión con el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, con quien Nicolás Maduro firmó acuerdos para profundizar la relación.
Falta de estabilidad
Precisamente sobre esa generación de confianza habló el exministro Rodrigo Cabezas, quien recordó que el abecé de la política económica desde el Estado es transmitir el mayor grado de estabilidad política para hacer creíble cualquier iniciativa en política económica.
«Esto vale para los inversionistas de China, de Turquía, Vietnam o Irán. Tengo dudas de que empresarios globalizados de esos países se atrevan a ir a algo que no muestre transparencia en su ejecución. El mercado de valores que conocemos hace 300 años, si tiene una virtud, es su transparencia; no hay nada oculto, está en las pantallas de Wall Street, Londres o Pekín», indicó.
Acotó Cabezas que la medida sería creíble si el gobierno presentara no una venta de acciones sino un programa de privatización de empresas que tienen insolvencia financiera, y coincidió con Cabrera al precisar que podría impulsarse un programa de reprivatización en la que se vendan empresas del Estado al capital privado transnacional y la venta suponga el control operacional y accionario de las mismas, pero que tal como se ha planteado no tiene sentido alguno.
Cree Cabezas que todo puede deberse a que Nicolás Maduro escuchó a algunos asesores suramericanos que tiene en materia económica, como los escuchó en 2018 cuando lo instaron a no continuar monetizando el déficit a través del BCV, pero luego «les dio un portazo».
Tolerancia al cambio
En cuanto a cómo percibirá el chavismo las medidas de Nicolás Maduro, Damián Alifa contestó que este sector ha mostrado tolerancia al cambio a lo largo de los años, por lo que este sector puede ver como medidas positivas el regreso del Sambil a sus dueños originales, o también la apertura económica.
No quiere decir esto, aclara, que no haya un sector que lo vea con escepticismo y advierta la disonancia cognitiva entre el decir y el hacer.
«Hay tolerancia en el chavismo, lo que permite que el gobierno haga un viraje económico y que no se ate al camino transitado desde hace dos décadas», sostuvo el experto.
Indicó que, efectivamente, el chavista, después de la crisis económica, tiene más tolerancia y se ha vuelto más pragmático, por lo que, si hay resultados positivos, los mismos serán aplaudidos. Sin embargo, cree que si se trata de Pdvsa el malestar puede ser mayor en la base del chavismo.
Dividendos electorales son difíciles
Saúl Cabrera piensa que los anuncios de Nicolás Maduro pueden estarse haciendo teniendo la mira en las elecciones presidenciales de 2024.
«Da la impresión de que lo está haciendo para ordenar las piezas de su rompecabezas pensando en 2024, pero la realidad pudiera estallarle en la cara, porque no necesariamente la mejoría económica va a ser una cuña para mejorar la situación del gobierno, pues la gente va a empezar a ver otras cosas, como servicios públicos, salud, vivienda, empleo, etc.”, explicó.
Recordó que en ocasión de la campaña electoral de 1978, una de las principales promesas del entonces candidato Luis Herrera Campíns fue construir viviendas y lo hizo con una cuña en la que aparecía una señora que habitaba la localidad populosa de Caucagüita. «Efectivamente, el gobierno construyó casas allí, pero en las siguientes elecciones (1983) el partido de gobierno (Copei) perdió las elecciones, así que no necesariamente el que cumplas con algunas cosas garantizará el triunfo en una elección».